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Apuntando con misiles contra el
Tribunal Internacional de La Haya

La Cámara de Representantes norteamericana aprobó una ley insólita autorizando el pago de la deuda a la ONU a condición de convertir al Tribunal de La Haya en blanco militar si acusa a estadounidenses.

George W. Bush con niños
de una escuela primaria en Albuquerque, Nuevo México.

Por Enric González *
Desde Washington

La imagen de George W. Bush en el resto del mundo es manifiestamente mejorable. Pero aún puede empeorar, y mucho, si la Cámara de Representantes logra imponer sus criterios: la mayoría republicana sólo está dispuesta a aprobar el pago de la gigantesca deuda de Estados Unidos con la ONU si, a la vez, entra en vigor la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Americano. Esa ley prohíbe que el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya juzgue a ciudadanos estadounidenses e incluso contempla el uso de la fuerza contra el tribunal.
Bush se opone al TPI y está buscando fórmulas para desligarse del tratado, firmado por Bill Clinton en las últimas semanas de su mandato. Pero no quiere que esa tormenta se desate justamente ahora, en vísperas de su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU, prevista para finales de setiembre. La Casa Blanca preferiría dejar pasar algún tiempo y escudarse en la previsible negativa del Senado, de mayoría demócrata, a ratificar el tratado, según informaba ayer The Washington Post. El presidente ya ha irritado lo bastante a sus aliados con sus posiciones sobre medio ambiente, proliferación nuclear y guerra biológica; lo que menos desea es comparecer ante la Asamblea General para anunciar que no paga la deuda (opción mala) o que considera al TPI un potencial objetivo militar (opción peor).
El texto de la ley, respaldada por una mayoría suficiente en la Cámara en la que se incluyen 76 demócratas, es tan duro que algunos expertos en Derecho internacional la llaman “ley de invasión de La Haya”. No sólo rechaza que el TPI pueda encausar a estadounidenses. Además, impediría que Estados Unidos prestara ayuda militar a todo país ajeno a la OTAN que ratificara el tratado fundacional del TPI, prohibiría que tropas estadounidenses participaran en misiones de paz de la ONU si no se les concediera inmunidad expresa frente a la jurisdicción del TPI, y autorizaría al presidente a utilizar la fuerza para liberar a todo estadounidense, o ciudadano de un país aliado, que fuera detenido por orden de ese tribunal.
El gobierno de Estados Unidos accedió en diciembre pasado a pagar los atrasos de sus contribuciones a la ONU, fijados en torno a los 1000 millones de dólares tras una compleja negociación dirigida por el entonces embajador ante la organización, Richard Holbrooke. El pago debe hacerse en tres plazos, el mayor de los cuales, de 582 millones de dólares, corresponde a este año. George W. Bush quiere que la suma esté liquidada antes de su viaje a Nueva York el 24 de septiembre. Pero la Cámara de Representantes no termina las vacaciones hasta el 5 de ese mes, lo que deja sólo tres semanas para resolver el conflicto. Mientras tanto, delegados de la Casa Blanca negocian con el presidente del Comité de Relaciones Internacionales, Henry Hyde, una fórmula que permita pagar el plazo sin lanzar aún la caballería contra el TPI. “Todos estamos de acuerdo en que las personas que sirven los intereses de Estados Unidos necesitan alguna protección (frente al TPI), por lo que el objetivo es pactar una simple modificación del lenguaje y de los plazos”, declaró bajo anonimato a The Washington Post un alto funcionario de la Casa Blanca.
Aún en el caso de que Bush tenga éxito y el tema del tribunal quede postergado hasta después de setiembre, la mayoría de los expertos pronostican graves consecuencias si EE.UU. se desvincula del tratado fundacional del TPI. Es previsible un conflicto legal: hace falta ratificar el tratado, cosa que corresponde al Senado, para acogerse a la cláusula de retirada prevista en el mismo. La Convención de Viena sobre Tratados Internacionales es muy clara sobre ese punto. Si el proceso de ratificación no se completa, lo cual parece muy difícil, es legalmente imposible la retirada. Aún más graves pueden ser las consecuencias diplomáticas si EE.UU. sienta ese precedente. “Hay muchos tratados que nosotros hemos ratificado y otros países firmantes todavía no. Si nosotros rehusamos asumir nuestros compromisos, otros países considerarán que eso es aceptable y harán lo mismo”, declaró Michael Glennon, un especialista en Derecho internacional de la Universidad de California que encabezó la delegación estadounidense en las negociaciones sobre el TPI.

* De El País de Madrid, especial para Página/12.

 


 

EE.UU. MULTA A LOS TURISTAS
Cuba se puso muy cara

El rigor republicano de la gestión de George. W. Bush recae esta vez en los norteamericanos que intenten viajar de turistas a Cuba: por violar la prohibición están obligados a pagar multas de hasta 55.000, según lo exige el Departamento del Tesoro. Durante el gobierno anterior de Bill Clinton, el Tesoro hizo la vista gorda ante los estadounidenses que llegaban a la isla haciendo escala por Canadá o México. Hoy, al sospechoso de haber vacacionado en Cuba, o bien demuestra inocencia, o bien solicita una audiencia con un juez administrativo, o lo que es más probable, paga la multa.
Cada vez son más las cartas enviadas para informar sobre las multas, es mayor el control –y el castigo–, para que se achique la posibilidad de que infrinjan la ley porque además, el Departamento de Estado advirtió que quien viaje a Cuba por turismo podrá ser sometido a juicio penal y tener consecuencias de vuelta al país. El endurecimiento de Washington con respecto a Cuba ya se advertía el mes pasado cuando Bush anunció restricciones a los viajes y al envío de remesas a la isla y el fortalecimiento de las emisoras anticastristas Radio y TV Martí, con la consigna de que es de importancia hacer aplicar la ley en la mayor medida de lo posible. Cumplió, porque pidió al Departamento del Tesoro que fortaleciera y ampliara sus medidas y las pruebas saltan a la vista (o al bolsillo).

 

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