|
Por Enric González
*
Desde
Washington
 La imagen de George W. Bush
en el resto del mundo es manifiestamente mejorable. Pero aún puede
empeorar, y mucho, si la Cámara de Representantes logra imponer
sus criterios: la mayoría republicana sólo está dispuesta
a aprobar el pago de la gigantesca deuda de Estados Unidos con la ONU
si, a la vez, entra en vigor la Ley de Protección de los Miembros
del Servicio Americano. Esa ley prohíbe que el Tribunal Penal Internacional
(TPI) de La Haya juzgue a ciudadanos estadounidenses e incluso contempla
el uso de la fuerza contra el tribunal.
Bush se opone al TPI y está buscando fórmulas para desligarse
del tratado, firmado por Bill Clinton en las últimas semanas de
su mandato. Pero no quiere que esa tormenta se desate justamente ahora,
en vísperas de su primera intervención ante la Asamblea
General de la ONU, prevista para finales de setiembre. La Casa Blanca
preferiría dejar pasar algún tiempo y escudarse en la previsible
negativa del Senado, de mayoría demócrata, a ratificar el
tratado, según informaba ayer The Washington Post. El presidente
ya ha irritado lo bastante a sus aliados con sus posiciones sobre medio
ambiente, proliferación nuclear y guerra biológica; lo que
menos desea es comparecer ante la Asamblea General para anunciar que no
paga la deuda (opción mala) o que considera al TPI un potencial
objetivo militar (opción peor).
El texto de la ley, respaldada por una mayoría suficiente en la
Cámara en la que se incluyen 76 demócratas, es tan duro
que algunos expertos en Derecho internacional la llaman “ley de invasión
de La Haya”. No sólo rechaza que el TPI pueda encausar a estadounidenses.
Además, impediría que Estados Unidos prestara ayuda militar
a todo país ajeno a la OTAN que ratificara el tratado fundacional
del TPI, prohibiría que tropas estadounidenses participaran en
misiones de paz de la ONU si no se les concediera inmunidad expresa frente
a la jurisdicción del TPI, y autorizaría al presidente a
utilizar la fuerza para liberar a todo estadounidense, o ciudadano de
un país aliado, que fuera detenido por orden de ese tribunal.
El gobierno de Estados Unidos accedió en diciembre pasado a pagar
los atrasos de sus contribuciones a la ONU, fijados en torno a los 1000
millones de dólares tras una compleja negociación dirigida
por el entonces embajador ante la organización, Richard Holbrooke.
El pago debe hacerse en tres plazos, el mayor de los cuales, de 582 millones
de dólares, corresponde a este año. George W. Bush quiere
que la suma esté liquidada antes de su viaje a Nueva York el 24
de septiembre. Pero la Cámara de Representantes no termina las
vacaciones hasta el 5 de ese mes, lo que deja sólo tres semanas
para resolver el conflicto. Mientras tanto, delegados de la Casa Blanca
negocian con el presidente del Comité de Relaciones Internacionales,
Henry Hyde, una fórmula que permita pagar el plazo sin lanzar aún
la caballería contra el TPI. “Todos estamos de acuerdo en
que las personas que sirven los intereses de Estados Unidos necesitan
alguna protección (frente al TPI), por lo que el objetivo es pactar
una simple modificación del lenguaje y de los plazos”, declaró
bajo anonimato a The Washington Post un alto funcionario de la Casa Blanca.
Aún en el caso de que Bush tenga éxito y el tema del tribunal
quede postergado hasta después de setiembre, la mayoría
de los expertos pronostican graves consecuencias si EE.UU. se desvincula
del tratado fundacional del TPI. Es previsible un conflicto legal: hace
falta ratificar el tratado, cosa que corresponde al Senado, para acogerse
a la cláusula de retirada prevista en el mismo. La Convención
de Viena sobre Tratados Internacionales es muy clara sobre ese punto.
Si el proceso de ratificación no se completa, lo cual parece muy
difícil, es legalmente imposible la retirada. Aún más
graves pueden ser las consecuencias diplomáticas si EE.UU. sienta
ese precedente. “Hay muchos tratados que nosotros hemos ratificado
y otros países firmantes todavía no. Si nosotros rehusamos
asumir nuestros compromisos, otros países considerarán que
eso es aceptable y harán lo mismo”, declaró Michael
Glennon, un especialista en Derecho internacional de la Universidad de
California que encabezó la delegación estadounidense en
las negociaciones sobre el TPI.
* De El País de Madrid, especial para Página/12.
EE.UU.
MULTA A LOS TURISTAS
Cuba se puso muy cara
El rigor republicano de la gestión
de George. W. Bush recae esta vez en los norteamericanos que intenten
viajar de turistas a Cuba: por violar la prohibición están
obligados a pagar multas de hasta 55.000, según lo exige el Departamento
del Tesoro. Durante el gobierno anterior de Bill Clinton, el Tesoro hizo
la vista gorda ante los estadounidenses que llegaban a la isla haciendo
escala por Canadá o México. Hoy, al sospechoso de haber
vacacionado en Cuba, o bien demuestra inocencia, o bien solicita una audiencia
con un juez administrativo, o lo que es más probable, paga la multa.
Cada vez son más las cartas enviadas para informar sobre las multas,
es mayor el control –y el castigo–, para que se achique la posibilidad
de que infrinjan la ley porque además, el Departamento de Estado
advirtió que quien viaje a Cuba por turismo podrá ser sometido
a juicio penal y tener consecuencias de vuelta al país. El endurecimiento
de Washington con respecto a Cuba ya se advertía el mes pasado
cuando Bush anunció restricciones a los viajes y al envío
de remesas a la isla y el fortalecimiento de las emisoras anticastristas
Radio y TV Martí, con la consigna de que es de importancia hacer
aplicar la ley en la mayor medida de lo posible. Cumplió, porque
pidió al Departamento del Tesoro que fortaleciera y ampliara sus
medidas y las pruebas saltan a la vista (o al bolsillo).
|
