|
 El gobierno bonaerense pagará
finalmente parte de los sueldos con patacones. Después de un día
marcado por gestos contradictorios que generaron un clima de confusión
entre los empleados de la provincia, el ministro de Justicia Jorge Casanovas
anunció que se depositarán en los cajeros automáticos
los bonos destinados a los trabajadores públicos, pese a la medida
judicial que postergó su entrada en circulación. Casanovas
pidió que no los retiren los afiliados de ATE, Suteba y la Asociación
Judicial Bonaerense, gremios que los impugnaron ante la Justicia. Economía
anunció, por la noche, que los patacones estarán disponibles
en los cajeros a partir del martes, luego del feriado bancario.
El pago con bonos había quedado frenado en la noche del jueves,
unas horas antes de la fecha fijada para su entrada en el mercado, cuando
un tribunal especial de seis conjueces (que actuó en reemplazo
de la Corte Suprema) habilitó su empleo supeditándolo a
que Carlos Ruckauf se responsabilizara de manera personal ante las eventuales
consecuencias de su uso.
El gobernador anticipó que apelaría el fallo; por la mañana,
como un primer reflejo, el Banco Provincia retiró los patacones
de todos sus cajeros automáticos. De acuerdo al cronograma oficial,
ayer debían cobrarlos una primera tanda de empleados: los integrantes
de la policía, del servicio penitenciario y del Ministerio de Justicia.
El retiro fue leído como una clara señal de que el cobro
de la diferencia salarial de julio quedaría una vez más
congelado. Horas más tarde, sin embargo, Casanovas convocó
a una conferencia de prensa.
“El gobernador ha resuelto que todo aquel que no haya presentado
una acción de amparo cobre sus patacones y aquellos que se identifiquen
con los gremios que hicieron presentaciones judiciales, quedará
a su criterio si cobran o no los bonos”, anunció el ministro
de Justicia.
Aunque el asesor general de Gobierno, Antonio Arcuri, apeló el
fallo del tribunal especial, la decisión de depositar los bonos
es independiente a lo que resuelva la Justicia.
El criterio de la gobernación fue que el dictamen del tribunal
sólo se refiere a los amparos presentados por la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE), los docentes de Suteba y los judiciales;
es decir que para el resto de los empleados bonaerenses no está
vigente ninguna prohibición. Casanovas detalló que los empleados
afiliados a esos gremios tendrán libertad de conciencia para cobrarlos
o no “porque los sindicatos hicieron la presentación en forma
innominada y no acompañaron los poderes respectivos con el nombre
de los reclamantes”.
De esta manera, los hombres de Ruckauf intentan destrabar la situación
que se planteó en la provincia desde que se dictaron medidas cautelares
que impidieron que se concretara el pago de patacones. En función
de estos amparos, los empleados públicos de la provincia sólo
cobraron hasta ahora 740 pesos en efectivo, mientras que la efectivización
del pago con patacones quedó suspendida y llegó a la Corte,
cuyos ministros se excusaron de resolver “por estar afectados por
la medida”. El jueves, el tribunal especial que se integró
para resolver el tema dio luz verde a los patacones; el condicionamiento
planteado a Ruckauf, sin embargo, frenó una vez más su salida
a la calle.
La oposición del gobernador a presentarse como garante personal
de los patacones caldeó los ánimos en las filas gremiales
que se oponen al ajuste. Desde ATE y la Asociación Judicial Bonaerense
se lo acusó de “lavarse las manos” y como una prueba
de que Ruckauf “no está en condiciones de garantizar la paridad
con el peso”.
Pero desde otros sectores hubo reclamos para que se destrabara el tema.
El Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires pidió
a Ruckauf que disponga la entrega “inmediata” de patacones para
pagar los haberes vencidos de julio a través de una carta documento.
También unos 300 empleados públicos solicitaron mediante
un recurso presentado a la justicia que se los habilite para cobrar y
“se declare lainconstitucionalidad de cualquier otra resolución”.
Anoche Federico Storani y Leopoldo Moreau, principales referentes del
radicalismo en la provincia, respaldaron los bonos luego de reunirse durante
más de dos horas con el gobernador.
|
La salud, sin remedio
Los profesionales de la salud de los 76 hospitales bonaerenses,
los docentes, los empleados estatales y los judiciales de la provincia
anunciaron que marcharán el próximo jueves hasta la
Gobernación bonaerense para pedir la derogación de
las medidas de ajuste dispuestas por el gobernador Carlos Ruckauf.
El secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales
de la Salud bonaerense, Jorge Yabkowski, confirmó que “la
marcha será el jueves a las 12, desde el Ministerio de Salud
bonaerense, y finalizará frente a la Gobernación,
donde pediremos la derogación de la ley 11.727, de emergencia
económica, y que se excluya al sector salud del ajuste”.
“De la movilización participarán los maestros,
judiciales y empleados estatales, por lo que suponemos que tendrá
un carácter fuerte”, consideró Yabkowski. El
médico remarcó que el sector mantiene el rechazo al
pago en patacones y al recorte en salud, y denunció que los
proveedores de insumos “se están presentando en las
licitaciones con sobreprecios de entre el 30 y el 200 por ciento,
a la vieja usanza de las épocas de hiperinflación”.
|
|
La esposa del juez
El juez en lo laboral de La Matanza Claudio Andino, quien dictó
la primera medida de no innovar en contra del pago de los sueldos
con patacones, pidió custodia policial para su esposa, que
sufrió dos extraños robos después de que se
conociera su fallo. Andino elevó su solicitud a la Suprema
Corte de Justicia bonaerense, a la que pidió que investigue
los asaltos que sufrió su mujer en los últimos diez
días.
El titular de la comisaría primera de Morón, Jorge
Fernández, confirmó que el último episodio
“ocurrió ayer a las 12.30, cuando la esposa del juez
caminaba por la calle Sarmiento al 900” de esa localidad. En
el hecho participaron dos hombres que circulaban en moto y le arrebataron
la cartera.
|
EN
LOMAS DE ZAMORA LOS MAGISTRADOS RECLAMAN QUE LES PAGUEN
El piquete judicial no se piensa rendir
Por Raúl
Kollmann
El “piquete judicial”
de Lomas de Zamora, encabezado por camaristas, jueces, fiscales, secretarios
y defensores oficiales, seguía anoche instalado en el hall de los
tribunales de esa localidad, donde las audiencias de las causas se realizaban
en escritorios instalados prácticamente a la entrada del edificio.
El reclamo concreto es que les paguen sus sueldos ya que hasta hoy ni
siquiera pudieron cobrar los patacones. Si no reciben sus haberes, habrá
piquete judicial el martes y el miércoles, mientras que el jueves
los magistrados encabezarán una marcha a La Plata para reclamarle
directamente al gobernador Carlos Ruckauf. En forma paralela, hubo un
pedido de los fiscales al procurador bonaerense, Eduardo De la Cruz, para
que designe una comisión de fiscales que investigue cómo
se llegó a la situación de crisis actual, especialmente
en materia de corrupción.
Tal como adelantó Página/12 en exclusiva, el “piquete
judicial” fue votado en una asamblea de los jueces, fiscales, secretarios
y defensores en que la propuesta fue hecha por uno de los magistrados
más prestigiosos, Hugo Van Shilt, y aprobada por el resto de los
presentes. Anoche podía verse a otra jueza reconocida, Silvia González,
atendiendo los asuntos de su juzgado en el hall del edificio de tribunales.
La idea era seguir prestando el servicio de justicia pero al mismo tiempo
reclamar por la falta de pago de los sueldos. El “piquete judicial”
seguirá hasta hoy a las 12 y se retomará el martes si es
que el gobierno bonaerense no efectiviza los sueldos, aunque sea en patacones.
Se hizo una quema simbólica de expedientes. No se trató
de expedientes reales sino de papel reciclado y carátulas que el
gremio de judiciales –que aglutina a los empleados– mandó
a hacer especialmente. En una palabra, que no hubo ninguna quema de fojas
de causas reales, sino un simulacro de protesta. El objetivo fue simbolizar
que “el gobierno no le hace ningún caso a la Justicia”,
según le explicó una fiscal a este diario.
Las audiencias realizadas en el hall y en los pasillos sí fueron
reales y participaron de ellas los imputados y las partes en cada causa,
previo acuerdo de todos los asistentes para hacerlo en esas condiciones,
sobre todo porque de esa forma no se postergaban los trámites judiciales.
Anoche, por ejemplo, funcionaban en el hall los juzgados criminales número
11 y 12, un juzgado civil y varias unidades fiscales de investigaciones.
Precisamente, unos 120 fiscales se reunieron el miércoles en San
Martín y acordaron una ofensiva en todo lo que tiene que ver con
las causas de corrupción. Algunos fiscales sostienen que esa estrategia
no se vincula con el conflicto ya que –tal cual se lo dijo a este
diario un fiscal de San Martín– “se trató de delinear
una política penal común o sea darle un carácter
relevante a esas causas relacionadas con la corrupción”. Otros
fiscales creen que debe hacerse una investigación de por qué
la provincia llegó al estado de crisis que tiene en la actualidad.
|
