|
Por Cledis Candelaresi
 Después de la clausura
de la última jornada de piquetes, el Ministerio de Trabajo puso
manos a la obra en una iniciativa que, espera el Gobierno, asestará
un golpe mortífero a muchas de las organizaciones no gubernamentales
que promovieron esa protesta. En pocos días más la ministra
Patricia Bullrich anunciará formalmente su proyecto para que los
beneficiarios de los planes Trabajar sean seleccionados exclusivamente
a través de oficinas de empleo y utilizando un método que,
presuntamente, permitiría prorratear ese beneficio con más
objetividad y justicia. De ese modo, paulatinamente, las ONG encargadas
de administrar actualmente esas magras subvenciones estatales serían
marginadas del sistema o, al menos, muy limitadas en su accionar.
Otro capítulo de la propuesta oficial para acotar la discrecionalidad
con la que reparten los planes acaba de ser plasmado en una resolución
que Trabajo difundirá apenas termine el fin de semana largo. La
norma dispone la incompatibilidad entre el ejercicio de un cargo público
y un puesto de conducción en una ONG que presente proyectos para
administrar programas de empleo. “Es una manera de evitar que un
funcionario, por ejemplo el secretario de Hacienda de un municipio, desvíe
recursos con fines políticos, a semejanza de lo que ocurrió
con el punteraje tradicional”, admitió la ministra ante Página/12.
El proyecto de Trabajo prevé que en un futuro próximo la
elección de los beneficiarios esté a cargo de las oficinas
de empleo que, según los cálculos de la ministra, suman
alrededor de 200 en todo el país, entre las públicas (con
sede en algunos municipios) y las privadas (algunas ONG). Los postulantes
deberán completar un formulario con preguntas que permitían
identificarlos y priorizarlos según su necesidad. “No es lo
mismo un joven, hijo de un matrimonio con ingresos, que un jefe de hogar
desocupado”, ejemplifica la ministra.
La embestida oficial contra las ONG que administran planes de empleo a
desocupados comenzó informalmente días atrás, cuando
la cartera laboral anunció su intención de inspeccionarlas,
bajo la hipótesis de que muchas utilizaban esos subsidios para
forzar la participación de los beneficiarios en las protestas piqueteras.
El resultado de la razzia habría permitido identificar más
de una docena de entidades en infracción. Algunas, por coerción.
Otras, simplemente, porque ni intentaron concretar el proyecto productivo
comprometido ante el gobierno, condición para que éste le
asigne un paquete de subsidios.
“En diez días habrá un cambio total y absoluto en la
política de planes Trabajar” anunció Bullrich ayer
por la mañana, aunque omitiendo cualquier precisión sobre
esta iniciativa. La intención, según confirmó luego
a este diario, es mantener tanto el monto individual de la subvención
–que hoy oscila entre los 120 y los 160 pesos mensuales, según
el programa– como el presupuesto global, que este año alcanzó
los 180 millones de pesos. Sólo en Santa Fe, y en virtud de un
flamante acuerdo celebrado con el gobernador Carlos Reutemann, la asignación
se recortará a 100 pesos para equiparla a los programas provinciales.
Sin embargo, en plena época de déficit 0 y crédito
escaso para el país, suena utópico que los fondos para asistencia
social no vayan a sufrir ningún recorte. Difícilmente el
BID y el Banco Mundial vuelvan a otorgar préstamos para costear
esas subvenciones y, en la medida que esto ocurra, los recursos quedan
supeditados a la suerte del Tesoro Nacional.
Antes de elevar formalmente su proyecto al gabinete, la ministra deberá
conseguir el acuerdo del subsecretario Pyme, Enrique Martínez,
quien desde ayer también se desempeña como secretario de
Empleo, tras la renuncia de Horacio Viqueira.
DAER
ANUNCIO MARCHA DE PROTESTA
El 29, a Plaza Mayo
“Va a haber tantas marchas
como ajustes haga el Gobierno”, advirtió ayer el titular de
la CGT oficial, Rodolfo Daer, y ratificó la movilización
de Congreso a Plaza de Mayo convocada por esa central sindical para el
29 de este mes. La marcha –el mismo Daer descartó por el momento
el llamado a un paro– podría contar también con la
participación de la CGT disidente, que el próximo martes
dará a conocer el proyecto de ley “por los derechos del trabajador”,
una iniciativa popular tendiente a mejorar las condiciones de trabajo
que elaboró el sindicalismo alineado con el camionero Hugo Moyano.
“Con los ajustes permanentes, con la depresión económica,
la viabilidad de la Argentina es un proyecto de país de neto corte
industrial que nos contenga a todos”, señaló Daer,
quien volvió a reclamar un “acuerdo político y económico”
detrás de ese objetivo. Se trata del mismo planteo que Daer le
hizo anteayer al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, para sortear “la
tremenda crisis económica y la tremenda debilidad política
del Gobierno”.
A propósito de la reunión con Colombo, el gremialista destacó
que se trata de “un funcionario con el que se puede hablar”
y que el “diálogo” continúa, pero advirtió
que “van a seguir las marchas en la medida en que sigan con los ajustes”.
Daer dijo, además, tener “la absoluta certeza” de que
“el ajuste en los salarios a estatales y jubilados para el último
trimestre, va a ser muy superior al 13 por ciento” que anunció
el Gobierno para llegar al déficit cero en las cuentas públicas.
La adhesión de la CGT rebelde a la marcha no es para descartar
dado los puntos de contacto que en los últimos tiempos mantiene
con la central oficialista. De todos modos, la central liderada por Moyano
se dedicará en lo inmediato a la difusión de su proyecto
para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. En la iniciativa
–avalada con más de un millón de firmas– se destaca
la defensa y la estabilidad en el empleo tanto en el sector público
como privado. También se propicia el aumento de sueldos por el
mecanismo constitucional del salario mínimo vital y móvil
y la actualización de los haberes jubilatorios.
|
