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Por Felipe Yapur
 Superados, al menos por ahora,
los conflictos en el seno de la comisión investigadora sobre lavado
de dinero, todo indica que la próxima semana estará dedicada
a escudriñar las cajas con documentación referida a las
operaciones realizadas por la financiera Mercado Abierto. Pero, como sucede
en la vida real, nada dura para siempre. Hay nubarrones en el horizonte
y esta vez el problema está en las elecciones de octubre. Algunos
integrantes de la comisión ya deslizaron la conveniencia de no
realizar otro informe preliminar hasta después de los comicios
de octubre. Este punto será parte de la agenda de temas que se
discutirá el próximo martes.
No es un tema menor. Sobre todo si se tiene en cuenta que el primer informe
generó un revuelo de consideración en el escenario político
nacional, además del seno de la comisión y el Congreso.
Por ende, el segundo promete ser más revulsivo porque se concretaría
en setiembre, un mes crucial para aquellos que tienen aspiraciones en
los próximos comicios. Por ese motivo los diputados que lanzaron
la propuesta argumentaron que sería bueno “no mezclar las
elecciones con la investigación para que no se contamine”.
Por ahora es todo lo que dijeron, no fueron más allá.
El tema fue soslayado durante la reunión de la comisión
del jueves pasado. Si bien los cuatro firmantes del primer informe adelantaron
un no rotundo a tal posibilidad, nadie quiso abundar mucho más
para no arruinar el clima de cordialidad que se había logrado tras
los fuertes cruces que se produjeron durante la semana. Pero el tema volverá.
Por ahora no trascendió quiénes fueron los que tiraron la
propuesta a la mesa.
La respuesta a este intento fueron las declaraciones de la diputada frepasista
Graciela Ocaña, quien consideró que antes del informe final
de la comisión se deberían realizar antes dos o tres parciales.
Eso sí, aclaró que el próximo “debería
producirse en un mes más”. Ocaña no dijo mucho más,
pero es imposible dudar de que se trata de un mensaje. La legisladora
es una de las que redactó el primer preinforme y trabaja codo a
codo con Elisa Carrió.
La diputada también adelantó que en pocos días más
la comisión comenzará a citar a “las personas involucradas
en este primer informe, presentado el viernes pasado, y si hubiese que
hacer alguna rectificación, se hará”.
Mientras tanto, los firmantes del primer informe comenzaron a recibir
cartas documento desmintiendo información que se detalló
en el documento y, también, exigiendo aclaraciones al respecto.
La última carta que recibieron es la que envió el ministro
de Economía, Domingo Cavallo. El funcionario reaccionó ante
la publicación periodística de una cuenta en el extranjero
que tendría él junto al banquero David Mulford. La documentación
en cuestión fue entregada por Carrió a la justicia para
que se determine su veracidad. Por si acaso, el ministro ya reaccionó.
Cavallo aseguró que la información es falsa, les advierte
a los legisladores que los fueros parlamentarios no los protegen de este
tipo de declaraciones y los intima a no hacer declaraciones al respecto
porque de lo contrario les iniciará acciones legales.
A los cavallistas no les bastó la carta documento de su jefe. Ayer,
Guillermo Francos, ex diputado y actual asesor legal del ministro, sostuvo
que la diputada Carrió “recibió información
falsa” sobre presuntas cuentas en paraísos fiscales y afirmó
que “será querellada ante la Justicia”.
“Cavallo no tiene absolutamente ninguna cuenta ni con (el titular
del Credit Suisse First Boston) Mulford, ni con (el presidente del Banco
General de Negocios, José) Rohm, ni ninguna otra que no sean las
que ha denunciado él en sus propias declaraciones juradas”,
aseguró Francos.
La actitud de los miembros de Acción por la República, provocó
la reacción del diputado Mario Cafiero. Este justicialista, que
colaboró en el primer preinforme a pesar de no integrar la comisión,
dijo que ladocumentación recabada por Carrió “fue cruzada
con información propia y se llevó a la justicia”. Señaló
además, que tanto Mulford como Rohm intervinieron en el megacanje
de títulos de la deuda y también aparecen mencionados en
el affaire IBM-Banco Nación.
VIDELA
SE NEGO A DECLARAR POR EL PLAN CONDOR
El reiterado silencio del dictador
Por V.G.
El dictador Jorge Rafael Videla
repitió su libreto. Ayer, cuando fue trasladado a los tribunales
de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la causa
en que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral investiga el Plan Cóndor,
volvió a negarse a declarar con el argumento de que considera que
los delitos que se le atribuyen están prescriptos y ya fueron juzgados.
Pero no pudo evitar escuchar los 67 casos por los que está acusado.
Videla fue procesado en esta causa el 10 de julio pasado. En esa oportunidad
fue responsabilizado por haber participado en la “organización
criminal político-militar a nivel internacional sostenida por el
poder ejercido de autoridades jerárquicas militares, civiles y
policiales” de los países del Cono Sur durante la década
del ’70. Ayer, fue indagado por casos puntuales de desaparición
de personas ocurridos dentro de la asociación ilícita que
fue el Plan Cóndor.
El dictador estuvo menos de media hora en el despacho del secretario Oscar
Aguirre. Más que suficiente para decir sólo que se negaba
a declarar. Alegó, como en su anterior interrogatorio, que aún
no estaba resuelto un incidente de prescripción que presentó
en la causa en la que se investiga el plan sistemático para apropiarse
de los hijos de los desaparecidos. Sobre esta presentación debe
expedirse la Corte Suprema de Justicia. El entonces juez Adolfo Bagnasco
y la Cámara Federal ya la rechazaron.
Luego de terminar el trámite judicial, Videla fue encarado por
varios periodistas. Vestido con impermeable claro, traje y corbata, detuvo
su paso para afirmar: “No voy a formular ninguna declaración”.
Luego volvió a su casa del barrio de Belgrano, donde cumple con
arresto domiciliario.
En esta causa el juez Canicoba Corral reclamó las capturas de los
dictadores Alfredo Stroessner y Augusto Pinochet –cuyo pedido de
detención llegó ayer a Chile– del jefe de la policía
secreta chilena Manuel Contreras, del ex jefe del Ejército uruguayo
Julio Vadora y de otros cuatro represores de ese país.
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