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Por Mónica
Gutiérrez
Desde
Córdoba
 El afán del gobernador
José Manuel de la Sota por mostrar al país el primer gran
achicamiento de una Legislatura provincial y con él la reducción
de los costos políticos, sufrió un duro revés ayer,
cuando el Tribunal Superior de Córdoba declaró inconstitucional
el llamado a los comicios de octubre próximo. En el decreto, el
mandatario estipulaba ya la elección de la mitad de legisladores,
daba por sentada la renuncia de los actuales y presuponía la unicameralidad
del Poder Legislativo. Según el más alto cuerpo de Justicia
cordobés, esas son atribuciones de la Convención Constituyente
que deberá trabajar en la provincia en el mes de setiembre. El
contundente fallo anuló además el cronograma electoral que
se hizo en base al decreto del Ejecutivo, según el cual los partidos
debían presentar listas doce horas después de la publicación
de la nueva Constitución. Según trascendió, De la
Sota evitaría apelar la decisión ante la Corte Suprema de
la Nación, para impedir la trascendencia nacional del tema. “Esto
es tan burdo que sólo pudo haberse hecho con conciencia de impunidad”,
acusaron desde la oposición.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia señala que es inconstitucional
el llamado a elecciones que el gobierno cordobés firmó en
el decreto 1700/01, por el que convocó a elegir una sola cámara
de 70 miembros para que asumieran en diciembre próximo, previa
caducidad de los mandatos de los actuales diputados y senadores. También
invalida parte de la ley que aprobó la Legislatura a fines de julio
–cuando declaró la necesidad de la reforma–: en el artículo
2 ya se establecía cómo debía quedar modificado el
poder legislativo y en el 8 se anunciaba el fin de los mandatos actuales.
Para el Tribunal “es la Constituyente la que debe decidir si se reforma
la Legislatura y cómo se hará, así como la transición
y los plazos en que se llevará a cabo”. En este sentido, el
fallo avanzó aún más y advirtió que ese cuerpo
deberá respetar los plazos constitucionales, anticipando que podrá
volver a intervenir si se excede en esas facultades.
La resolución judicial deja en pie el primer llamado a elección
que se hizo por vía del decreto 1542, con el sistema vigente. En
estos comicios, Córdoba no sólo elegirá representantes
nacionales en ambas cámaras sino también senadores provinciales
en 13 departamentos. Otro dato que da el máximo tribunal en su
fallo es que el nuevo decreto que había firmado De la Sota no derogaba
el anterior, algo jurídicamente inadmisible.
Los 133 constituyentes se elegirán, como estaba previsto, el 2
de setiembre próximo, y serán ellos los que decidirán
cómo quedará la futura Legislatura. Intentando minimizar
la resolución judicial, De la Sota señaló que la
Convención ratificará todas estas cuestiones cuando actúe
“con potestad soberana”. Aunque no lo admita, en octubre no
podrá elegirse la nueva legislatura, como el gobernador pretendía,
dado que el Tribunal Superior también anuló el cronograma
electoral, porque “viola los derechos de los partidos y de los ciudadanos”.
Según el nuevo esquema, los partidos políticos debían
presentar listas al día siguiente de publicada la nueva Constitución
(modificada), antes de las 13 horas. Con el viejo decreto ahora vigente,
la presentación de listas para la elección de octubre vence
el 25 de agosto próximo, antes inclusive de que se elijan constituyentes.
La presentación en la justicia había sido realizada por
el diputado Eduardo García y la concejal Laura Sesma, apoderados
del Partido Socialista Popular, poco después de que la Legislatura
sancionara la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional.
“Es importante en este momento comprobar la independencia de poderes”,
señaló García. En diálogo con Página/12,
el legislador provincial recordó que por su voto en contra de la
reforma fue acusado de “querer permanecer en la banca a todacosta”:
“Este fallo demuestra que no estábamos tan equivocados; ahora
se abre la posibilidad de hacer una reforma bien hecha y no al servicio
de un proyecto hegemónico como el del gobernador”, reflexionó.
García se esperanzó con que ahora “se va a poder discutir
realmente si la legislatura cordobesa será unicameral o bicameral,
cuántos miembros serán necesarios y cómo hacemos
para conservar el pluralismo y el control sobre los actos de gobierno”.
Al Ejecutivo le queda apelar con un recurso extraordinario ante la Corte
Suprema, aunque ese no sería el camino que elegiría el gobierno
de De la Sota, según trascendió ayer en Casa de Gobierno.
Por el contrario, le restaron trascendencia a los “bloopers”
jurídicos y evitaron hablar demasiado sobre el tema.
Para Sesma, el gobierno “quería hacer una reforma a su medida,
en el marco de la campaña presidencial de De la Sota hacia el 2003.
Pero es burdo lo que hizo, el decreto está firmado el 27 de julio:
el mismo día en que se estaban discutiendo en Diputados la ley
de necesidad de la reforma él ya llamaba a elecciones”.
DIPUTADOS
OPOSITORES ENVIAN CARTA A DE LA RUA
“Declinación de soberanía”
En una carta dirigida al presidente
Fernando de la Rúa en la que se lo responsabiliza “de la inadmisible
declinación de muestra soberanía nacional”, diputados
opositores denunciaron ayer que “Cabañas 2001”, la maniobra
militar que el Ejército Argentino desarrolla junto con efectivos
de ocho países en la provincia de Salta no cuenta con la autorización
del Congreso. Asimismo el integrante del ARI, Héctor Polino, hará
un pedido de interpelación al ministro de Defensa, Horacio Jaunarena,
para que responda ante esta situación.
Los diputados sostienen que, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, el proyecto
se desarrolla “para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la
región en un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones
no gubernamentales y agresores potenciales”. Para los autores de
la carta, los legisladores de Frente por el Cambio, Alicia Castro, Ramón
Torres Molina, Gustavo Cardesa, Alfredo Villalba; del ARI Alfredo Bravo,
Marcela Bordenave y Héctor Polino y el justicialista Mario Das
Neves, este mensaje no es claro. Implica “tal amplitud respecto de
los probables enemigos, que involucra potencialmente a cualquier ciudadano
argentino o residente en nuestro país que se movilice para protestar
por la rebaja de sus salarios o la pérdida de conquistas sociales”.
La carta también fue firmada por representantes del Centro de Militares
por la Democracia Argentina (Cemida).
A su vez, sostienen que se “tiende un manto de sospecha sobre ciertas
organizaciones no gubernamentales que desarrollan tarea de bien público”.
Del proyecto, que según el Ejército comenzará el
próximo miércoles, participarán 1200 efectivos de
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador Estados Unidos, Paraguay, Perú
y Uruguay. Sin embargo, de acuerdo con Polino, las actividades comenzaron
ayer.
En un comunicado de prensa, Polino sostuvo que “una vez más
se ha violado el artículo 25, inciso 28 de la Constitución
Nacional”, que otorga al Congreso la “potestad de permitir la
introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación,
y la salida de las Fuerzas Nacionales fuera de él”. Por ello,
es para Polino un hecho grave que el proyecto “Cabañas 2001”
se lleve adelante en tanto no fue aprobado por el Congreso Nacional.
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