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Por Pedro Lipcovich
 “Es un crimen contra 16.000
argentinos.” Quien formuló la acusación representa
a una de las 40 organizaciones no gubernamentales en VIH/sida que, por
primera vez, se unieron para denunciar al gobierno nacional: según
las entidades, dejó de cumplirse adecuadamente la entrega de medicamentos;
cuando se entregan, su calidad es dudosa; además, el médico
tampoco tiene las herramientas para administrarlos bien, porque en muchos
lugares no se cumplen los análisis necesarios para monitorear los
tratamientos. Una de las entidades, avalada por las demás, presentó
ayer un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud de la Nación.
Las ONG señalan también la responsabilidad de gobiernos
provinciales como el bonaerense. De las iniquidades denunciadas, la menor
pero la más conmovedora fue comunicada a este diario por una voluntaria
del conurbano bonaerense: se quitó del vademécum un remedio
para chicos con sida que venía con gusto a frutilla y muñequito,
por lo cual deben ser obligados a tomar, varias veces cada día
de su vida, el remedio “con gusto horrible”.
“Prácticamente todas las ONG del país, y las redes
de personas viviendo con VIH, estamos en estado de alerta general, porque
el problema es gravísimo”, anunció a este diario Kurt
Frieder, director ejecutivo de la Fundación Huésped. La
cuestión más aguda es la falta de medicamentos: “No
siempre son los mismos: a veces faltan más unos, a veces otros.
No se hacen en tiempo y forma los estudios diagnósticos de carga
viral y conteo de linfocitos CD4, imprescindibles para orientar los tratamientos”.
En una declaración conjunta, las ONG intimaron “al Ministerio
de Salud de la Nación y Unidad Coordinadora Ejecutora a proveer
de inmediato toda la medicación a todos los efectores del país
y garantizar su disponibilidad ininterrumpida”.
¿Por qué faltan los remedios? Según las ONG, una
causa es que “el Ministerio de Salud compra mal: prepara los pliegos
de licitación de tal manera que se presentan empresas que no tienen
el medicamento que ofrecen y recién cuando ganan la licitación
salen a buscarlo: entonces entregan tarde, y el ministerio las multa por
importes que son ridículos, de modo que a las empresas les conviene
seguir así”, explica Javier Hourcade Bellocq, de la Fundación
Spes, que ayer presentó un recurso de amparo ante la Justicia por
la falta de garantías sobre la calidad de los medicamentos antirretrovirales
en circulación en el país.
¿A quiénes afecta la carencia? “Cuanto más lejos
esté el paciente de la Capital Federal, menos acceso a la salud
tendrá –destaca Hourcade Bellocq–: porque quienes viven
en la Ciudad de Buenos Aires tienen la posibilidad de buscarlos directamente
en el Ministerio de Salud, en el conurbano bonaerense ya muchos no pueden
hacerlo y en provincias alejadas la gente directamente queda fuera del
sistema de salud. Y esto es un crimen.”
La Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH/sida comunicó “irregularidades
en la provisión y distribución de medicamentos”, denunció
el faltante de la droga Efavirenz y de remedios “del vademecum básico
para enfermedades oportunistas y profilaxis”. Un ejemplo concreto
lo aportó a este diario María del Carmen Allende, voluntaria
en el Hospital Petrona V. de Cordero de San Fernando: “Hemos formado
un grupo de autoayuda y una persona viaja a buscar la medicación
al Ministerio, pero no en todos los hospitales pueden hacer eso. Además,
no está llegando el Nelvir, que es un medicamento para niños.
Antes recibíamos una presentación que venía con muñequitos
y gusto a frutilla pero después la sacaron del vademecum; es difícil
lograr que los chicos tomen todos los días de su vida remedios
con gusto horrible”. Rubén López, paciente de la Red
Bonaerense, señaló que “ayer me quedé sin medicación,
porque no me la entregó IOMA, mi obra social; por suerte, un compañero
me prestó lo que me faltaba y esta vez no tuve que interrumpir
el tratamiento”.
A los incumplimientos de obras sociales y prepagos tampoco es ajeno el
Estado: “El Ministerio de Salud tiene y debe ejercer el poder de
policía sobre esas entidades y, además, hacerse cargo de
las prestaciones que faltaran”, señaló Mario Burgos,
de Fundación Red, quien además señaló “la
responsabilidad compartida de los gobiernos provinciales: el bonaerense,
por ejemplo, por convenio con la Nación quedó a cargo del
análisis de linfocitos CD4, esencial para monitorear tratamientos,
y hace dos meses que casi no se está haciendo en toda la provincia”.
Tampoco se empezaron a hacer las pruebas “de bioequivalencia y biodisponibilidad”
para establecer la calidad de los medicamentos que se venden en la Argentina,
pese a las denuncias de entidades médicas sobre efectos adversos
gravísimos en los pacientes”, agregó Frieder.
Por estos incumplimientos, “la Argentina está incumpliendo
la resolución que firmó en la Sesión Especial de
las Naciones Unidas sobre Sida, el 27 de junio, que procura garantizar
el adecuado tratamiento del VIH/sida; en realidad, ya en aquella reunión
hubo indicios inquietantes, cuando el Gobierno envió a esa reunión,
de presidentes y ministros de Salud, una representación con rango
de subsecretaría”, observó Patricia Pérez, de
la Red Nacional de Mujeres conviviendo con VIH.
La titular de la Unidad Coordinadora Ejecutora del Ministerio de Salud,
Mabel Bianco, respondió a las críticas: “Sólo
hubo faltantes de dos medicamentos. La falta de Abacavir se debe a que
es un producto relativamente nuevo, cuyo consumo creció mucho este
año respecto de las previsiones del año pasado. En cuanto
al Efavirenz, la falta responde a que la licitación fue impugnada
por otro oferente, y tuvimos que hacer una contratación directa”.
En cuanto a las pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad, “no
es responsabilidad nuestra sino de la Administración Nacional de
Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)”.
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De investigar, ni
hablar
Por P.L.
“En el programa de la Argentina en VIH/sida no está
incluida la investigación –deplora Horacio Salomón,
titular del Centro Nacional de Referencia para el Sida, que funciona
en la UBA y donde se hacen los análisis de carga viral–.
Otros países destinan recursos a subsidiar las investigaciones
en el área, mientras el Estado argentino reduce los salarios
de los investigadores y las autoridades de la Unidad Ejecutora de
Sida del Ministerio de Salud insisten en que su programa es sólo
de asistencia y no de investigación. Sin embargo, la investigación
permite aplicar los recursos del Estado en forma más racional.
Por ejemplo, conocer cuál es el tipo de virus que circula
en el país y qué grado de resistencia tiene a las
drogas actuales permitiría comprar las drogas más
específicas y evitar gastos inútiles, además
de contribuir a evitar que los científicos, en cuya formación
la Argentina gastó miles de dólares, se vayan a trabajar
al exterior.”
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RECURSO
DE AMPARO POR LOS REMEDIOS ONCOLOGICOS
La provincia tampoco entrega
Ante el incumplimiento por parte
del estado bonaerense de un fallo que le ordenaba retomar la entrega de
medicamentos oncológicos a 117 pacientes de la región sanitaria
V, la Defensoría oficial de San Martín presentó un
nuevo recurso de amparo, en representación de los médicos
del Hospital Eva Perón. El recurso fue aceptado por la jueza Gladys
Zaldúa, que instó al Ministerio de Salud provincial y al
Banco de Drogas bonaerense a entregar los medicamentos en 48 horas, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones penales correspondientes.
La sentencia que ordenaba al gobierno bonaerense reanudar la entrega de
medicinas para pacientes oncológicos –suspendida el pasado
3 de julio– también había sido firmada por Zaldúa,
el viernes 10. También se basaba en un recurso de amparo presentado
por los médicos del Eva Perón, entre ellos los jefes de
servicio Adrián Hannois (Oncología), Rolando Comolli (Clínica
Médica), César Seghezzo (Urología), Jorge Manrique
(Clínica Quirúrgica) y Juan Normandi (Ginecología).
Los profesionales basaron su pedido en el riesgo que significa, para sus
pacientes, el dejar de recibir las medicinas en cuestión. “Se
trata de 117 personas de entre 13 y 85 años, personas que llevan
una vida normal en tanto estén usando estas drogas”, explicó
a Página/12 el médico Norberto Tarrío, secretario
gremial del hospital. “Los medicamentos mejoran su calidad de vida
y les da la posibilidad de curarse; pero si no los toman, tienen un 60
por ciento de sufrir metástasis en unos años”, agregó.
La mayor parte de los pacientes afectados por la suspensión son
mujeres de entre 40 y 50 años, con cáncer de mama o de útero.
En respuesta al primer pedido de la magistrada, el banco de drogas mandó
al Eva Perón apenas 29 tratamientos, y parciales: sólo fueron
entregados los comprimidos, mientras que los medicamentos en ampolla –inyectables,
y más costosos que los primeros– siguen brillando por su ausencia.
“El mayor padecimiento de estas personas no es su enfermedad, sino
su pobreza: si tuvieran trabajo, no necesitarían del estado para
curarse”, reflexionó Tarrío.
Los 88 tratamientos restantes nunca llegaron al hospital. Por esa causa,
los médicos volvieron ayer al despacho de la defensora oficial
de San Martín, Viviana Salomoni, quien presentó un nuevo
recurso de amparo ante Zaldúa. “A primera hora de la tarde
(de ayer), la jueza notificó al ministro (Juan José) Mussi
y al titular del Banco de Drogas provincial, para que en las próximas
48 horas entregue los medicamentos, bajo apercibimiento de iniciar acciones
penales”, explicó Tarrío.
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