Por José
Elías *
Desde
Guatemala
Un año y medio después
de haber asumido el poder con un apoyo considerable, el gobierno de Guatemala,
presidido por Alfonso Portillo y dirigido desde el Parlamento por el mesiánico
ex dictador Efraín Ríos Montt, se encuentra acorralado por
las denuncias de corrupción. Portillo y Ríos Montt están
acusados de llevar a la administración pública a niveles
de corrupción sin precedentes en un país donde, con muy
escasas excepciones, el robo ha sido el denominador común de los
sucesivos gobiernos.
La entrada en vigor de una reforma fiscal que, entre otros gravámenes,
eleva el impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 10 por ciento
al 12 por ciento y castiga el consumo de bebidas alcohólicas, refrescos
embotellados y cigarrillos, fue el detonante de la actual situación
de descontento popular. El pasado 1º de agosto, millones de guatemaltecos
salieron a las calles para manifestar su descontento con un paro a nivel
nacional. Según los organizadores y la prensa independiente, el
95 por ciento del comercio guatemalteco paralizó sus actividades.
No se recuerda en Guatemala una demostración tan masiva de repudio
a una medida gubernamental.
La manera irresponsable en que el gobierno ha manejado los dineros del
erario contribuyen al creciente descontento. Por citar sólo un
ejemplo, más de 1.600 millones de quetzales (unos 218 millones
de dólares) fueron desviados de partidas vitales para el desarrollo
del país, como educación o salud pública, para intentar
poner a flote dos bancos en quiebra de un amigo del presidente Portillo
y principal avalista de la campaña política que lo llevó
al poder. Esos fondos han sido declarados irrecuperables por el presidente
de la Banca Central, Lizardo Sosa. Esto, en un país donde un maestro
de escuela con 15 años de servicio apenas araña los 190
dólares al mes.
La danza de millones en negocios en la que participan amigos o familiares
de los jerarcas del partido en el poder es cosa de todos los días.
Esta misma semana se supo que el tenebroso Estado Mayor Presidencial (EMP,
entidad creada para la seguridad del gobernante que degeneró en
policía política y donde, según fallo judicial, se
planificó el asesinato del arzobispo Juan Gerardi) sufraga los
estudios en Cambridge (Inglaterra) de Otilia Portillo, hija mexicana del
mandatario. Según la denuncia, hecha pública esta semana
por el matutino local El Periódico, el costo del primer curso de
la carrera de arquitectura, que la hija de Portillo iniciará en
octubre, permitiría enseñar a leer y escribir en este país
centroamericano a 262.000 niños.
La corrupción del gobierno llevó al país al borde
de la ingobernabilidad, al extremo de que entidades antagónicas
como el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales
y Financieras (CACIF, la todopoderosa patronal) y organizaciones sindicales
y universitarias se han unido en busca de una salida dialogada a la crisis
política, económica y social que castiga a Guatemala. Al
esfuerzo se han unido las iglesias católica y evangélica,
quienes promueven una mesa de diálogo destinada a buscar soluciones
permanentes a los problemas de Guatemala, agudizados hasta extremos increíbles
tras la firma de la paz en 1996, cuyos acuerdos duermen el sueño
de los justos, a pesar del discurso oficial que hace de ellos un caballo
de batalla destinado a endulzar los oídos de la comunidad internacional.
Según datos de la ONU, consignados en su Informe del Desarrollo
Humano 2000, el 57 por ciento de los 12 millones de guatemaltecos es pobre.
De estos, un 27 por ciento sobrevive con ingresos iguales o menores a
un dólar diario. El desempleo castiga a más de las dos terceras
partes de la población activa y los jóvenes conforman el
mayor número de parados. Latasa de analfabetismo (30%, aproximado),
es la más alta de América, sólo por detrás
de Haití. Los indígenas y las mujeres son los sectores más
castigados.
El movimiento sindical y popular continuó el jueves sus manifestaciones
tras la negativa de la Corte de Constitucionalidad de suspender el aumento
del IVA, que entró en vigor el 1º de agosto. Dirigentes populares,
estudiantes, amas de casa y activistas humanitarios se manifestaron por
las principales calles y avenidas de la capital en solidaridad con los
siete estudiantes que desde el pasado 8 de agosto mantienen una huelga
de hambre en rechazo al aumento de los impuestos.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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