|
Por Horacio Verbitsky
 La propuesta del ministro de
Defensa Horacio Jaunarena de fusionar la Armada y la Prefectura Naval
en una sola fuerza y el fulminante rechazo del Congreso ha reabierto una
vieja polémica. Para algunos sectores del gobierno y para casi
toda la oposición, constituye la enésima escaramuza en la
constante pugna castrense por volver a ocuparse de la seguridad interior
como ya ocurrió hasta 1983, con los resultados conocidos. Para
los autores de la iniciativa sólo se trata de introducir un mínimo
de racionalidad en la asignación de recursos cada día más
escasos, reformulando fuerzas que, de otro modo, se extinguirían
en un futuro no muy lejano por la ineludible desinversión en material
y mantenimiento. La Cámara de Senadores ordenó al ministro
abstenerse de nuevos pasos en esa dirección y lo citó para
informar al respecto, por el voto unánime de sus miembros, sin
excluir ni siquiera al ex interventor militar en Salta, capitán
de navío Roberto Ulloa. Según Jaunarena, la nueva fuerza
pasaría a llamarse Marina Argentina. El especialista en el Ser
Nacional Roberto Fontanarrosa la bautizó con un nombre más
adecuado al anacronismo que sus objetores atribuyen al proyecto: “La
Armadura”.
De ayer a hoy
Según el ministerio de Defensa el presidente Fernando De la Rúa,
el jefe de gabinete Chrystian Colombo, el ministro del Interior, Ramón
Mestre y el ex secretario de seguridad del gobierno menemista, Miguel
Toma habrían prestado su conformidad antes de la reunión
de gabinete. Jaunarena habría expuesto durante 40 minutos ante
los demás ministros sobre las cuestiones de su cartera. Allí
habría dicho que con el 1,27 por ciento del Producto Interno Bruto,
el presupuesto de Defensa está por debajo del 1,6 por ciento aceptado
para los países miembros del Tratado de Maastricht y sería
el menor de América Latina. Un tercio de esa suma corresponde a
jubilaciones, de modo que el gasto real ni siquiera llegaría al
1 por ciento. Como no es previsible que esa situación se revierta,
sería necesario invertir los esquemas intelectuales que rigieron
hasta hoy. En vez de mantener las viejas grandes estructuras con un presupuesto
raquítico, habría que partir de los recursos disponibles
y diseñar con ellos el mejor servicio posible. El 19 y 20 de julio
en una reunión conjunta de generales de división, vicealmirantes
y brigadieres mayores se habría planteado ese nuevo enfoque y se
habrían creado comisiones tripartitas encargadas de expedir sus
dictámenes de racionalización antes de fin de año.
Como presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de
Diputados, Jaunarena creía posible mejorar la asignación
presupuestaria de las Fuerzas Armadas, tal como consta en la ley de reestructuración
de su autoría, que contemplaba un presupuesto plurianual con incrementos
del 3 por ciento cada año durante un lustro. Quien entonces se
opuso fue el entonces diputado y hoy ministro de Desarrollo Social, Juan
Pablo Cafiero, quien señaló que las Fuerzas Armadas eran
obsoletas y que la prioridad debía ponerse en los maestros.
La metáfora del
incendio
La versión oficiosa de Defensa es que luego del informe sobre
su competencia, Jaunarena dijo que también deseaba plantear una
cuestión de interés general para el gobierno. Durante apenas
siete minutos adicionales habría explicado que el país gasta
en Defensa y Seguridad más de 8.000 millones de dólares
al año, por los que recibe un pobre servicio. Esto incluye a las
tres Fuerzas Armadas, las cuatro fuerzas federales de seguridad y las
veintitrés policías provinciales, cuyo personal está
mal pago y quejoso y cuyas estructuras “se caen a pedazos”.
A esto todavía debe sumarse la seguridad privada. “Para un
gasto que no es productivo sino preventivo, carece de racionalidad. Porque
si el seguro es muy caro,conviene el incendio”, habrían sido
sus palabras. Si se atiende a la percepción de Defensa, nadie se
alteró por la propuesta de la Armadura. “Sólo Mario
Losada hizo una referencia a lo que llamó el espíritu del
‘83. Mestre dijo que no estaba de acuerdo y que debía formarse
una comisión con participación parlamentaria para tratarlo.
Cafiero dijo que le parecía interesante y le preguntó si
con su experiencia parlamentaria Jaunarena creía que pudiera pasar
por el Congreso. En todo caso, pusimos el tema sobre la mesa. Sólo
queremos instalarlo para que se discuta”, añaden los allegados
a Jaunarena.
Las visiones de los aludidos difieren. El segundo de Mestre para asuntos
de seguridad, Enrique Mathov, se declaró indignado por la posibilidad
de que la Marina intervenga en asuntos de seguridad interior. En una demostración
por el absurdo que no todos comprendieron sugirió que más
se ahorraría fusionando las tres Fuerzas Armadas, o suprimiéndolas.
En Desarrollo Social niegan que Cafiero haya considerado interesante la
hipótesis y señalan que recordó la tajante separación
entre Defensa Nacional y Seguridad Interior establecida por las leyes
respectivas, de 1988 y 1992. Cafiero habría dicho que la fusión
de una fuerza armada y otra de seguridad no puede hacerse por decreto
presidencial. “No pretendemos que hagan tareas policiales. Ese es
un exceso interpretativo y, además, ofensivo. Nunca se habló
de ningún decreto” se defienden en Defensa.
Power Point
Este diario tuvo acceso a un diskette con las cuatro carillas que Jaunarena
utilizó para su exposición y con los cuadros en el programa
Power Point que proyectó para sus colegas. Su primer punto, Consideraciones
Generales, considera como un “aspecto liminar” la vigencia de
la ley 25414, por la que “el Congreso de la Nación delega
facultades al Poder Ejecutivo que permiten la modificación de la
ley de ministerios”. Recuerda, además, que esa ley expira
el 1º de marzo próximo. Es decir que la elusión del
Congreso ha sido contemplada como requisito imprescindible para la fusión
de Armada y Prefectura.
El documento afirma que entre ambas instituciones totalizan más
de 33.000 “hombres en uniforme” y postula una reducción
del 15 por ciento “de personal en condición de retiro o cercana
a ello”. Se trataría de 5.000 efectivos, pero esto no incrementaría
la desocupación sino la nómina de retirados, que cobran
menos que los activos y conservan la obra social. Esos 5.000 sueldos ahorrarían
100 millones de pesos anuales, lo cual equivale a una reducción
del 13,5 por ciento sobre la nómina salarial presente, de 750 millones.
El Estado debería pagar a los nuevos retirados jubilaciones por
40 millones anuales, con lo cual el “ahorro genuino” sería
de 60 millones. La Armadura se concentraría en el edificio “Libertad”
y permitiría vender el “Guardacostas”, en el paraíso
inmobiliario de Puerto Madero. La mitad de ese ahorro, y los recursos
que se obtendrían por la concentración y unificación
de bases, prefecturas, escuelas y destacamentos, se reasignarían
al funcionamiento. El problema de los sistemas de Defensa y Seguridad
no sería de recursos sino de organización “para lograr
un sustancial incremento en su eficiencia y eficacia”.
En el capítulo de los inconvenientes Jaunarena argumenta que no
es lógico que los guardacostas dirijan el tránsito en Puerto
Madero, custodien los boliches de la Costanera y los clubes y countries
náuticos. Esas tareas de seguridad interior serían derivadas
a la Policía Federal y la Gendarmería Nacional. Pero añade
que la mayoría de las tareas que realiza la Prefectura no son de
seguridad interior, aunque la Prefectura haya hecho todo lo posible para
instarlas como tales. Entre ellas menciona “el control de la pesca
furtiva, las comunicaciones costeras, elordenamiento de la navegación
en canales y puertos, el despacho de buques, la seguridad de la navegación
desde el punto de vista náutico, las habilitaciones como piloto
de yates y en buceo, las tareas de búsqueda y rescate en ríos
y el mar”. Las recomendaciones tácticas para desarmar la resistencia
de los prefectos es la huella de la mano naval que guía todo el
texto. Los esfuerzos por demostrar que la Prefectura no realiza tareas
policiales se desmoronan en las últimas líneas del documento.
Una vez adoptada la decisión política debería ordenarse
que “las dos instituciones, ahora razonando como una sola, determinen
cuáles son las tareas de Seguridad Interior que deberán
desarrollarse en el futuro”, confiesa. Las conclusiones de los cuadros
no son menos reveladoras. Recomiendan el modelo chileno ya que en ese
país “la integración de la administración, educación,
instrucción, mantenimiento y uso dual de los medios redunda en
una menor necesidad de personal con un menor gasto”. Que el país
americano que más ha avanzado hacia un esquema moderno y democrático
de subordinación castrense al poder político y de división
estricta de esferas entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior,
al estilo de la Constitución española de 1977, mire ahora
como ejemplo, así sea en un aspecto parcial, al Chile de la transición
interminable, que aún no ha logrado emanciparse de la tutela de
Pinochet y sus leyes de amarre, los senadores biónicos y el fraude
electoral institucionalizado, marca la profundidad del revés democrático
en ciernes.
Frío antártico
Pero los 18 años transcurridos desde la finalización de
la dictadura militar no han pasado en vano. En cuanto trascendió
el proyecto de fusión, comenzaron los contactos entre los distintos
bloques del Senado cuyo saldo fue una declaración votada por unanimidad.
El último de sus cuatro puntos solicita al Poder Ejecutivo “que
se abstenga de avanzar” con su “propuesta disociadora”
en una cuestión institucional de fondo en la que antes que “improcedentes
y descalificados criterios de ahorro” se debe procurar .un mayor
profesionalismo de estas fuerzas de naturaleza diferente, cada una en
su ámbito de acción”. La declaración considera
“un lamentable retroceso confundir fuerzas de defensa nacional con
policía de seguridad interior, otorgándose así poder
de policía y autorización para realizar tareas de inteligencia
a una ‘Nueva Marina’, lo cual se contrapone con las leyes vigentes,
poniendo en riesgo a las instituciones democráticas, ya que se
podrían revivir hechos del pasado que causaron tanto daño”.
También inquiere si el Ejecutivo ha recibido algún “comentario
o sugerencia” del gobierno de los Estados Unidos “para el rastreo
de satélites en nuestra Patagonia”. Otra declaración,
también unánime, votada en la misma sesión reclama
al Poder Ejecutivo que no restrinja ni limite “las actividades de
las bases argentinas en la Antártida”, todas ellas necesarias
para consolidar la presencia en ese territorio. Luego de preguntar si
Gran Bretaña condicionó al cierre de las bases su apoyo
a que la secretaría permanente del Tratado Antártico tenga
sede en la Argentina, la declaración cuestiona el aducido motivo
presupuestario y recomienda otras alternativas, como compartir el uso
y los costos de las bases “con nuestros socios en el Mercosur”.
El senador justicialista Jorge Villaverde anunció, además,
que estudiaba la presentación de un proyecto modificatorio de la
ley de delegación de poderes para impedir que sean utilizadas para
avanzar, por decreto, sobre los consensos democráticos que establecieron
“la nítida distinción necesaria entre las actividades
de defensa nacional y las de seguridad interior”. El proyecto, de
apenas un par de artículos, ya había circulado por los distintos
bloques. Prohíbe usar la ley de delegación para alterar
las competencias de las Fuerzas Armadas y de seguridad y tomará
estado parlamentario si Jaunarena no promete en forma explícita
archivar la iniciativa que en el Congreso seatribuye a su secretario de
Asuntos Militares, el licenciado Angel Tello, quien lavó su pasado
militante en las aguas del Jordán naval.
|
El contexto de
una crisis
Por HV
El nuevo intento de avance militar se da en un complejo contexto
nacional e internacional. Estos son los puntos salientes del nacional:
 Más de un tercio
de la población nacional cubierto por la pobreza, como durante
la hiperinflación.
Agotamiento de una política
económica basada en la valorización financiera del
capital y su fuga al exterior.
Ruptura de la coalición
entre acreedores externos, empresas trasnacionales y grupos económicos
locales que dio estabilidad a la primera presidencia de Carlos Menem.
Presión de la
presunta burguesía nacional (que a partir de 1995 vendió
sus participaciones en las empresas privatizadas y colocó
sus superganancias en dólares fuera del país y en
producciones primarias de exportación) por la devaluación
del peso, que apreciaría esos activos. Las transnacionales
que compraron esas participaciones pujan por la dolarización,
que preservaría el valor de sus ingresos obtenidos en mercados
cautivos locales. Los ingresos de los trabajadores volverían
a caer en cualquiera de tales opciones.
Fracaso de los intentos
del ministro de Economía Domingo Cavallo por soldar aquella
entente rota.
Promulgación de
la ley de déficit cero que entroniza el recorte de gastos
al rango de política maestra del Estado.
Emergencia de una movilización
social de masividad como no se veía desde fines de la década
de 1960 y comienzos de la de 1970, con liderazgos, proyectos y formas
organizativas novedosos y sin puntos de contacto con los de entonces.
“No quieren cambiar el mundo. Quieren volver a entrar al mundo”,
los definió en la última hora de su vida Carlos Auyero,
en respuesta al ideólogo del menemismo tardío Eduardo
Amadeo.
Creciente inseguridad
urbana, por el incremento de delitos contra la propiedad, frente
a la cual desde la provincia de Buenos Aires se responde con un
discurso bélico.
Aumento del consumo de
cocaína y de los delitos violentos.
Aparición de redes
que almacenan heroína en Buenos Aires para su exportación
clandestina a los Estados Unidos, donde los ciudadanos argentinos
ingresan sin visa.
El marco internacional no es menos significativo:
Regreso al gobierno estadounidense
de algunos de los más notorios halcones de las décadas
de 1980 y 1990, responsables de la escalada intervencionista en
Centro América y el Caribe.
Refuerzo del Plan Colombia
y promulgación en Bogotá de una ley de Seguridad y
Defensa Nacional que otorga poderes extraordinarios a las Fuerzas
Armadas para realizar requisas, allanamientos y detenciones sin
supervisión judicial.
Descubrimiento de grandes
reservas de petróleo en Colombia, que sumadas a las disponibilidades
en Trinidad-Tobago y Ecuador realzan “la importancia estratégica
de los recursos energéticos de esta región” según
la explicación oficial del Comando Sur al Senado de los Estados
Unidos. Su titular en 1998, el general Charles E. Wilhelm, declaró
que “Venezuela sola provee la misma cantidad de petróleo
a los Estados Unidos que todos los estados del Golfo Pérsico
juntos”.
Creciente valoración
del comercio con América Latina que, según el mismo
informe oficial del Comando Sur “en 2010 será mayor
que el comercio estadounidense con Europa y Japón juntos”.
La cifra está distorsionada por la inclusión de México,
que es un fenómeno aparte dada su extensa frontera con Estados
Unidos, pero de todos modos revela una importancia estratégica
nueva.
|
|
Las cabañas del
Tío Tom
Por HV
El miércoles 25
de julio De la Rúa, Jaunarena, el canciller Adalberto Rodríguez
Giavarini y el jefe del gabinete de ministros Chrystian Colombo
firmaron un proyecto de ley solicitando la autorización constitucional
para el ingreso al país de tropas de los Estados Unidos,
Bolivia, Paraguay y Holanda, para el Ejercicio Fluvial V, cuya iniciación
había ocurrido dos días antes, el lunes 23, y que
duraría hasta el 10 de agosto, sobre el río Paraná,
en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Es difícil
describir un gesto más olímpico de desprecio al Congreso,
que fue el último en enterarse.
Pese a ello, los miembros radicales y justicialistas de las comisiones
de Defensa y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados
firmaron un dictamen autorizando el ingreso de las tropas de tierra
que a partir de esta semana iniciarán en Salta el Operativo
Cabañas 2001, con 700 efectivos de la Argentina, 240 de los
Estados Unidos, 45 de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, y 40
de Bolivia, Ecuador y Paraguay. Se pronunciaron por el rechazo los
diputados del ARI Héctor Polino y Alfredo Bravo, los justicialistas
Mario Cafiero, Marta Ortega y Mario Das Neves, el frepasista Rafael
Flores y el frentista para el cambio Ramón Torres Molina.
La solicitud inicial del Poder Ejecutivo decía que el ejercicio
se iniciaría el 17 de agosto. Ante una solicitud de informes
aprobada por la Comisión de Defensa, el secretario de Asuntos
Militares Angel Tello explicó que comenzaría el 27
de agosto. Pero el jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada
V, general Jorge Olivera informó en Salta que el Cabañas
2001 se pondría en marcha el miércoles 22, antes de
que cualquiera de las dos cámaras legislativas se pronuncie.
Las tropas estadounidenses ya arribaron, con sus raciones de combate,
antenas satelitales y equipo informático, transportados en
un gigantesco avión Galaxy que se convirtió en la
máxima atracción en la historia del aeropuerto de
El Aybal. Esto implica que, también en este caso, la política
del hecho consumado avasalla la división republicana de poderes.
La respuesta del licenciado Tello a la Cámara de Diputados
incluyó como anexo un mapa. El general Olivera negó
cualquier implicación social o política del operativo
y dijo que Salta había sido elegida “porque reúne
las condiciones edilicias y de infraestructura por la magnitud del
evento que se realiza”, como “un aeropuerto importante,
infraestructura en los cuarteles y un campo de entrenamiento próximo
a los cuarteles”. El Campo de Instrucción está
efectivamente cerca de la ciudad de Salta. Pero en lugar prominente
de la “Zona de Trabajo” del ejercicio Cabañas 2001
se destaca la ciudad petrolera de Tartagal, uno de los escenarios
de las puebladas contra el ajuste. Allí, con la excusa de
practicar contrainteligencia en sus propios cuarteles, cosa que
las leyes vigentes le permiten, el Ejército ya ha avanzado
con labores de inteligencia sobre las poblaciones aledañas.
Ese es uno de los puntos de origen de las versiones tan alarmistas
como falsas que “un sector de inteligencia de Ejército”
(según la pudorosa descripción de un alto funcionario
del gobierno) está difundiendo sobre presuntos campamentos
y focos subversivos.
El proyecto de ley solicitando la autorización decía
que el propósito era “reforzar la confianza mutua”
y “una mejor interoperabilidad”. Paraello las Fuerzas
Armadas de la región se entrenarían “en un campo
de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales
y agresores potenciales”. En su respuesta al pedido de informes
de la Comisión de Defensa, Tello aclara que los civiles y
las ONG “de apoyo humanitario” no serán blanco
de las tropas conjuntas, como se desprendía del texto anterior,
sino objeto de “intercambio y coordinación”. ¿Será
por eso que fueron excluidas de la práctica las Fuerzas Armadas
colombianas, acusadas de los peores abusos contra la población
civil y las organizaciones que los denuncian? Olivera también
negó cualquier relación con el Plan Colombia. Es improbable
que alguien le haya informado que la directora de Asuntos Interamericanos
del Consejo de Seguridad Nacional, Joanna Wallace, que hace dos
semanas condicionó cualquier respaldo económico a
un mayor aporte argentino al Plan Colombia, fue una alta ejecutiva
de una empresa de servicios petroleros de Texas.
|
|
