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�Colombo debería renunciar esta semana�

La diputada frepasista Graciela Ocaña ya se acostumbró a ir a misa con Elisa Carrió, con quien trabaja en la comisión que investiga el lavado de dinero. Piensa que los que critican el primer informe son �funcionales� a los intereses económicos afectados.

El único disenso de Ocaña con Carrió es respecto a Kohan, al que no ve como jefe de Menem.

Por Felipe Yapur

Hay por lo menos dos docenas de cajas desbordadas de papeles. Pero ello no evita que estén prolijamente rotuladas. En varias se puede leer la palabra “Yoma”, otra dice “Colombia”. También hay carpetas que se alzan, crecen, sobre el escritorio del reducido despacho. Por detrás, asoma Graciela Ocaña. Se trata de la diputada frepasista que trabajó en la investigación del lavado de dinero junto a Elisa Carrió, de quien se hizo “muy amiga”. Aunque aclara que no está por abandonar el Frepaso, reconoce que hubo cambios en su vida. Dice que nunca fue tanto a misa como en estas últimas semanas, cuando acompañaba a Carrió. “Pero no me volví mística”, advierte entre risas. Para demostrarlo, señala que la única estampita de su oficina es el retrato de Eva Perón, último resabio de su simpatía con el peronismo. Mientras Ocaña habla, se destaca por detrás un blanco con media docena de dardos sosteniendo papeles con varios nombres: Menem, Cavallo, Colombo. ¿Por qué el jefe de Gabinete?. “Porque fue partícipe del Estado mafioso”, responde, seca.
–La reacción al informe preliminar fue una serie de críticas a la metodología de trabajo y nada se dijo del contenido. ¿Cómo lo tomó?
–En principio me pareció lógico, por el impacto que causó. Pero cuando a lo largo de la semana continuaban con el mismo tema, la verdad que me sentí sorprendida. Pensé que algunos colegas y compañeros míos podían ser consciente o inconscientemente funcionales a los sectores del poder que quieren evitar que se hable y se conozca el contenido del informe.
–Los movimientos y negocios del Estado mafioso están registrados en el informe. ¿Hay uno que sea el más importante?
–No hay un caso paradigmático. Todos demuestran de alguna manera cómo operó la mafia y dan pistas de la vinculación entre el poder económico financiero y el político. Podemos decir que esto comienza con el gobierno de Raúl Alfonsín y que se generaliza con Carlos Menem.
–¿Entonces, todos los partidos políticos son culpables?
–No generalizo, pero atraviesa a los partidos políticos. No hay uno bueno y uno malo. Todos estuvieron implicados de una manera u otra. Y el mejor ejemplo es el BCCI que al instalarse en el país recurre primero al financiamiento espurio de la política. Se nota en el dinero otorgado para conseguir la patente del banco durante el gobierno de Alfonsín. Después llegó Alberto Kohan, el operador del gobierno de Menem.
–Se habla tanto de Kohan en el informe que da la sensación que es mucho más importante que Menem. ¿Es el jefe del ex presidente?
–No. En realidad se necesitaban uno a otro. Y en esto pienso de manera diferente que la diputada Carrió. Ella considera a Kohan prácticamente como el jefe. Yo no lo veo así, creo que los dos eran piezas importantes en este entramado como también lo era, por ejemplo, Emir Yoma.
–¿Lo que dice Carrió modificaría la estructura de la asociación ilícita por la que se juzga a Menem?
–No se modifica, porque creo que estamos frente a una organización que tiene varios jefes. Algunos en el exterior y otros en el país. Pero todos son corresponsables: Kohan, Menem, Emir y el mismo (Monzer) Al Kassar.
–El informe hace hincapié en la complicidad del poder político con el poder económico. Nada se dice de la responsabilidad de la Justicia. ¿Es un tema pendiente?
–Está pendiente, pero sin duda todos sabemos lo que ocurrió con la Justicia en la Argentina durante el anterior gobierno. Creo que éste es un mérito del gobierno de la Alianza. Uno de los pocos. Yo respeto a Jorge de la Rúa, creo que es incapaz de llamar a un juez para presionarlo. Esto le permitió a los jueces avanzar en algunas causas aunque todavía resta que lo hagan en otras.
–¿De quiénes por ejemplo?
–Y como estos sectores financieros que nunca fueron afectados. Lilita lo ejemplifica bien. Una cosa es que el corrupto fuera (Víctor) Alderete yotra cosa que sea un banquero reconocido. De esos que nos dicen a los políticos qué hacer y que debemos tener mano dura con los pobres.
–¿A quién se refiere?
–Al banquero (Eduardo) Escasany. El banquero cuya entidad, el Galicia, importó 700 millones dólares en oro, que dijo que era monetario a pesar de no serlo, y que por ello pudo no pagar ni un peso de impuestos. A pesar de todo, el Galicia nunca fue involucrado en la causa del oro, cuando era la entidad que importaba el mineral por cuenta y orden de las empresas que luego hacían las exportaciones. Entonces, el Galicia sabía que no era oro monetario. Sin embargo, no se investigó y se desvió la atención hacia la Casa Piana, que exportó sólo un pequeño porcentaje. Esta causa en los Estados Unidos está investigada por lavado de dinero y en nuestro país por contrabando.
–El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, por citar un funcionario del gobierno, le dijo a Página/12 en una entrevista que no cree que haya un Estado mafioso sino más bien personas que cometieron delitos, hechos aislados.
–No sé por qué lo dirá. El conoce muy bien las mafias del sector financiero, mejor que nadie porque fue partícipe de ello, del Estado mafioso.
–¿De qué manera lo hizo?
–El fue un alto funcionario de Macro Valores, una subsidiaria del banco Macro, que trianguló enormes cantidades de dinero a través de sociedades offshore. Para nosotros, estas operaciones no tienen ningún sentido económico porque ambas sociedades tenían sus propias cuentas en el Citibank por las cuales directamente podían triangular el dinero. Sin embargo, utilizaban las offshore y, después de cuatro o cinco pases, el dinero terminaba en Buenos Aires. Nosotros queremos conocer cuáles fueron los motivos que tuvieron para realizar movimientos antieconómicos, según lo describieron los técnicos del Central que colaboran en la comisión.
–¿Colombo es el único funcionario del gobierno comprometido?
–En primer lugar, él figura en varios capítulos del informe. Se describe, por ejemplo, su participación en la operatoria del Grupo Yoma cuando presidía el Banco Nación. El le otorgó a esta familia una garantía por 10 millones de dólares para que pudiera cobrar reintegros de IVA que estaban en la AFIP. Esta repartición se opuso porque exigía algunas garantías reales porque el grupo, de acuerdo a sus propios balances, tenía un patrimonio negativo. A pesar de este antecedente más el de una auditoría que determinaba que la garantía que tenía el Nación eran apenas del 30 por ciento, Colombo igual les entregó 10 millones. Evidentemente allí hay una vinculación y el propio ex presidente Menem lo dijo en un reportaje cuando recordó que el actual jefe de Gabinete llamaba a cada instante a Emir, quien no tenía ninguna responsabilidad sobre el grupo.
–¿Entonces allí reside la cautela de Colombo?
–La Alianza dijo en un principio que aquel que estuviera sospechado de un caso de corrupción debía apartarse del cargo. Ahora resulta que escuchamos a los voceros del Presidente decir que si hay sospechas hay que recurrir a la Justicia. Reaccionan al mejor estilo menemista.
–Al estilo de Kohan.
–Bueno, ahora es (el secretario General de la Presidencia, Nicolás) Gallo el que lo dice. Me parece que todos debemos recordar de dónde venimos. Y creo que hay funcionarios que el Presidente debería apartar.
–¿Cómo evaluó la reacción del Presidente?
–Demostró que no lo había leído y se llevó por los consejos de alguno de sus asesores, que hace bastante tiempo que lo aconsejan mal. Yo le aconsejaría que lea al menos los capítulos que tocan a sus funcionarios.
–Entonces...
–Entonces Colombo debería renunciar esta semana. Pero también creo que si este informe es firmado por el resto de los miembros de la Comisión, el Congreso debería emitir un voto de censura contra el jefe de Gabinete.
–¿Y Domingo Cavallo?
–El es un personaje que participa en toda esta historia. Aparece cuando estatiza la deuda externa privada. Luego, con Menem, cambia esa deuda por el mecanismo de capitalización que permitió la compra de empresas públicas con títulos de la deuda adquiridos a un valor muy bajo, pero que el Estado argentino recibió a su valor nominal. El fue el gran responsable de todo esto y del desfinanciamiento del Estado al privatizar el sistema previsional. Sus últimos negocios fueron el megacanje que le costó a los argentinos 46.000 millones de pesos y el déficit cero.

 

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