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Por Felipe Yapur
 Durante años fue uno de los premios preferidos para devolver y, por qué no, auto-otorgarse favores políticos. Así ocurrió desde 1983, pero el menemismo lo elevó a su máxima expresión. Fue tan así que desde 1989 se diseminaron por el país cientos de nuevas delegaciones del Registro Nacional de la Propiedad Automotor entregados a amigos, hermanos, cuñados y allegados de funcionarios, ministros, senadores y diputados de todos los partidos políticos. Desde el viernes último, hacerse de una de estas codiciadas reparticiones no será tarea fácil. El Ministerio de Justicia firmó un decreto por el cual, de ahora en más, la designación de un titular de Registro se realizará por concurso público. Mientras tanto, estudian la forma de revisar las concesiones anteriores.
La redacción del decreto se hizo con la máxima discreción posible. Fuentes del ministerio conducido por Jorge de la Rúa, reconocieron a Página/12 que �los intereses que se tocan nos obligaron a realizar el trabajo bajo el más estricto secreto. Así se evitaron posibles presiones�. Y no es para menos: los casi 200 mil pesos de renta anual neta que arroja un Registro resultaron una tentación difícil de resistir para aquellos dirigentes políticos deseosos de encontrar un mecanismo que les permita enriquecerse y financiar campañas electorales.
La importancia de este nuevo instrumento no es menor. A partir de ahora, los futuros titulares de Registros deberán acreditar capacidad y conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio de dicha función. De esta manera, se entiende, ya no podrá ser posible encontrar a la hija del cocinero del senador Eduardo Menem, la cuñada de Carlos Corach o la hermana del siempre secretario Ramón Hernández, la esposa del ex secretario General de la Presidencia, Alberto Kohan, la mujer del senador y embajador en Kuwait, el santiagueño Omar Vaquir, y hasta el padre del secretario de Eduardo Bauzá a cargo de alguna de estas codiciadas reparticiones.
De ahora en más el postulante deberá ser abogado, contador público o escribano con cinco años de experiencia profesional, y no podrá vivir a una distancia mayor de 100 kilómetros de la sede de registro. Tendrá que demostrar solvencia económica y financiera para constituir una garantía. Esta servirá para cubrir eventuales responsabilidades por los daños y perjuicios que pueda provocar el futuro titular del registro. Este también tendrá que carecer de antecedentes penales. Por cada concurso no podrán inscribirse más de veinte postulantes. De superarse este número, se elegirán a través de sorteo público los que serán evaluados.
Por último, los que superen todos estos requisitos enfrentarán a un tribunal evaluador que será designado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Consejo Federal de Notariado y la federación de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas. Estos, tras analizar las condiciones del concursante, propondrá al elegido por decisión unánime al ministerio de Justicia.
Un dato más. Ninguno de los futuros aspirantes podrá ser funcionario con jerarquía o retribución equivalente o superior a jefe de departamento. Tampoco podrá ser pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de un funcionario de ese rango. La limitación regirá durante el ejercicio de sus funciones y hasta tres años después de que cesó en el puesto. Sin duda, una exigencia importante, pero con un defecto que merecería una corrección: sólo se aplica al Ministerio de Justicia.
El decreto prevé que se realizará una permanente evaluación de los encargados de los registros. Esto afectará a los futuros titulares, pero también a los anteriores, a los 389 que concedió el menemismo, más del doble de los que se entregaron durante la gestión de Raúl Alfonsín. Y aquí es donde reside, por el momento, la única posibilidad de revisión de las anteriores concesiones porque en caso de encontrarse irregularidades, eldecreto permite la apertura de sumarios que pueden derivar en la disolución del registro. Mientras tanto, en la justicia continúa la investigación de los últimos 15 que el menemismo otorgó durante los últimos diez días de gestión y que el gobierno aliancista suspendió a poco de asumir.
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