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Por Eduardo Videla
 La renegociación del contrato por una autopista porteña podría constituir un dolor de cabeza judicial para el presidente Fernando de la Rúa. Un fiscal de instrucción habría pedido la declaración indagatoria del jefe de Estado, por haber firmado el decreto que convalidó esa renegociación el 23 de diciembre de 1998, cuando De la Rúa era jefe de Gobierno. Ese contrato convalidó una deuda con la concesionaria de 28 millones de pesos, que no estaría suficientemente acreditada, además de aumentar el valor del peaje de 0,50 a un peso y extender la concesión por 20 años más. La información fue confirmada a Página/12 por dos fuentes de acceso directo a la causa, pese a que el fiscal Alejandro Molina Pico y el juez Nelson Jarazo mantienen la más estricta reserva sobre la causa. El pedido del fiscal incluiría también la indagatoria al secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, y a Eduardo Delle Ville, quienes en aquel tiempo eran secretarios de Producción y Servicios y de Hacienda, respectivamente. También habría pedido que se investigue a Ernesto Marcer, por entonces procurador general de la ciudad y actual procurador del Tesoro.
La autopista en cuestión es la Presidente Illia, que conecta la avenida 9 de Julio con la Costanera, hacia el norte, y la avenida Cantilo con la 9 de Julio, hacia el centro. La concesión se inició en 1981, durante la intendencia de facto de Osvaldo Cacciatore, y resultó adjudicada a la empresa Covimet. Y el primer tramo fue inaugurado recién en 1995. En 20 años hubo cinco renegociaciones, que involucraron a todas las administraciones comunales, excepto la actual. Como resultado, lo que debió ser una obra financiada con fondos privados, terminó costándole a la ciudad �junto con la 9 de Julio Sur� 437 millones de pesos, según el último informe oficial. Y no está terminada: faltan una bajada a la altura de Pueyrredón, una subida en Callao, y su extensión hasta la avenida General Paz.
La última renegociación es la que generó la causa judicial. La denuncia fue producto de una investigación realizada por Marcelo Gey, un ex dirigente del Partido Demócrata de la Capital, legislador porteño ente 1973 y 1976. Asiduo lector de todo lo que publican los diarios, incluso aquello que parece insignificante, Gey descubrió en un edicto que la empresa Covimet �para obtener un crédito del Banco Provincia por 14 millones de pesos, ofrecía como garantía la recaudación del peaje de la autopista Illia�. Esa recaudación pertenecía a la Ciudad porque la concesión estaba suspendida.
A partir de ese dato, Gey pidió el expediente en mesa de entradas del gobierno porteño. �Me encontré con una serie de anomalías, como que el anexo XIV, donde se establece el monto de la deuda de la ciudad con Covimet, era una fotocopia sin firma, una planilla de cálculos sin membrete, con datos de entradas y salidas de dinero entre 1993 y 1998�, dijo a este diario el denunciante.
Estas irregularidades fueron corroboradas por el procurador general de la ciudad, Juan Carlos López. �Constatamos que no se han hecho las certificaciones de las obras que Covimet presentó como realizadas en ese anexo. Por eso, decidimos iniciar un sumario administrativo para deslindar responsabilidades�, dijo López a Página/12. El funcionario confirmó además que en los registros de la ciudad �no están los originales de los anexos del decreto, sólo hay fotocopias del convenio firmado�.
López había comenzado a estudiar el expediente a partir de un pedido del secretario de Obras y Servicios, Abel Fatala. La intención: determinar si estas irregularidades podrían ser causa de una anulación de la concesión y el rescate de la autopista por parte de la ciudad. Por ahora, eso no sería posible: no es la empresa la que está en falta sino el Estado, que no certificó la obras y �perdió� los expedientes originales.
La renegociación que piloteó Gallo le reconoció a Covimet una deuda a su favor de 28 millones de pesos. De ese monto, la ciudad pagó 2,5 millones a principios de 1999. El resto también se podría considerar como pagado: laempresa presentó el cuestionado contrato para saldar una deuda con el Banco Ciudad, por lo que ahora es esa entidad la que reclama esa suma.
El decreto cuestionado es el 3135, y fue firmado el 23 de diciembre de 1998 por de la Rúa, Gallo y Delle Ville. Recién fue publicado en el Boletín Oficial dos meses después, sin el anexo donde constan los términos de la renegociación.
Gey denunció al entonces jefe de gobierno y a sus dos secretarios ante el fiscal Molina Pico, quien calificó el caso como �presunta estafa�. En la presentación incluyó a Marcer, quien habría autorizado a la empresa a presentar la recaudación del peaje como garantía, �siendo que esa recaudación era por cuenta y orden de la municipalidad, o sea que era dinero de la ciudad�.
El denunciante, además, le pidió por escrito al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, que se constituya en querellante, al entender que el convenio es perjudicial para el erario público. Ese pedido no prosperó. El procurador López tampoco se constituyó en querellante pero aportó documentación a la fiscalía.
Días atrás, Gey le hizo el mismo pedido a la defensora del pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, y agregó dos nuevos datos: �El convenio con Covimet no fue registrado, como lo exige el artículo 105 de la Constitución porteña, bajo pena de nulidad; y el aumento de la tarifa tampoco está publicado, por lo que sería nulo�.
Molina Pico recabó información y con esos datos en la mano habría decidido los pedidos de indagatoria. El expediente ya está en poder del juez Jarazo. �El magistrado tiene que tomar una decisión importante. Por el momento no vamos a dar ninguna información�, dijeron a este diario fuentes judiciales.
Un decreto cuestionado
El convenio con Covimet por la autopista Illia ya había sido motivo de otra causa judicial, esa vez en los tribunales porteños. Fue a partir de una denuncia del diputado Miguel Doy, de Encuentro por la Ciudad, quien pidió que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 3135/98, firmado por el entonces jefe de Gobierno Fernando de la Rúa. La presentación apuntaba, especialmente, a anular el aumento tarifario que llevó el valor del peaje de 0,50 a 1 peso por un tramo de tres kilómetros: el más caro del país.
En ese juicio, sustanciado por el Tribunal Superior de Justicia porteño �la máxima instancia judicial de la ciudad�, la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, se pronunció a favor de la declaración de inconstitucionalidad. Sostuvo que �se trata de un nuevo contrato, que no puede aprobarse por decreto sino que es obligatoria la intervención legislativa�. Y consideró que era ineludible convocar a una audiencia pública pues el aumento de la tarifa �afecta los derechos de los usuarios�.
La demanda fue rechazada por el procurador general, Juan Carlos López, y por la empresa. En tanto, el fiscal general de la ciudad se pronunció a favor de la acción. Finalmente, el tribunal se pronunció el 20 de abril de este año: en un fallo dividido, por tres votos contra dos, rechazó la presentación de Doy. Se pronunciaron en contra Julio Maier, Alicia Ruiz y Ana María Conde; a favor de la inconstitucionalidad votaron José Osvaldo Casás y Guillermo Muñoz.
Por otra parte, Oliveira cuestionó el uso que Covimet hace de un predio en la Reserva Ecológica, que utiliza como obrador: �De la Rúa les otorgó 15 hectáreas, pero están ocupando 21�, dijo a Página/12. |
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