Por Cledis Candelaresi 

Antes de que cada repartición pública termine de ejecutar el recorte del 30 por ciento en el presupuesto asignado a contratos, el Poder Ejecutivo puso manos a la obra en una iniciativa que amenaza imponer un recorte adicional en estas remuneraciones. El proyecto que elabora la Jefatura de Gabinete contempla una nueva grilla salarial para los contratados que sobrevivan en el ámbito de la administración nacional, pero aplicando un descuento a la tabla de sueldos y honorarios que está hoy en vigencia. La propuesta se plasmará en un decreto que Fernando de la Rúa firmará en los próximos días. 
Los aproximadamente 20 mil contratados de la Nación están involucrados en el último paquete de ajuste de un modo que aún no resulta muy preciso. El Ejecutivo ordenó rebanar un 30 por ciento el presupuesto que cada ministerio u organismo descentralizado tiene para contratos, economía que puede conseguirse por dos vías: rescindiendo contratos, recortando las remuneraciones previstas en ellos o haciendo un mix de ambas opciones.
El margen de discrecionalidad otorgado a cada dependencia colocó en una zona incierta la remuneración de muchos contratados. Hay ministerios que, en primer lugar, aplicaron el recorte del 13 por ciento dispuesto para las el personal de planta permanente y dejaron para un futuro próximo la definición acerca de cómo cumplirán con la consigna del 30 por ciento. A esta fórmula �aplicada, por ejemplo, por Desarrollo Social� se contrapone una determinación más drástica de reducir en esa proporción uniformemente todo el monto de los contratos, camino por el que habría optado la Cancillería.
Pero mientras cada dependencia afina el lápiz, la Secretaría de Modernización comenzó a redactar una nueva tabla de remuneraciones que será válida para todos los contratados, cualquiera fuere la fuente de financiamiento de sus honorarios: organismos multilaterales de crédito o el Tesoro nacional. Un objetivo será que quienes desempeñan funciones semejantes cobren lo mismo, eliminando la enorme disparidad que existe hoy. Otro será aplicar una reducción general sobre la grilla que consigna el decreto 92/95.
El universo de los contratados es muy heterogéneo. La diversidad no sólo se expresa en las remuneraciones sino también en las condiciones de trabajo. Una minoría de profesionales muy bien remunerados convive con un gran número de agentes públicos que realizan tareas semejantes a la del personal de planta, pero sin beneficios sociales y de vacaciones. El contratado es considerado un trabajador autónomo, rango que conservará luego que sobrevengan los cambios en ciernes.
De cuánto será el recorte a aplicar sobre los valores previstos en aquel decreto del año 1995 es una definición pendiente, que Marcos Makón (secretario para la Modernización) y Chrystian Colombo (jefe de Gabinete) deberán adoptar en los próximos días. Entre los argumentos políticos para justificar ese inminente recorte, los funcionarios responsables sostienen que los sueldos del nivel político ya se recortaron �hasta en un 40 por ciento�, en lo que constituiría un sacrificio presuntamente ejemplificador.
En el marco de esta política restrictiva, el Gobierno también impuso como tope para los sueldos de funcionarios políticos los 5900 pesos que gana el jefe de Gabinete, después de los últimos ajustes. Pero quienes no tengan ese status podrán seguir cobrando sin ningún inconveniente legal importes muy superiores. Tal el caso de los directores de bancos públicos o del superintendente de AFJP, cuya remuneración de alrededor de 15 mil pesos intenta aproximarse a la que cobran personas del sector privado del rubro previsional y con similar rango. 
El enorme riesgo de seguir un camino diferente, ligando el monto de los contratos a la pobre suerte de las cuentas públicas, es alentar una purga de personal capacitado. Valga de ejemplo que en el sector informático de la AFIP, el que concentra la mayor proporción de contratados, los�juniors� que cobran entre 1500 y 2000 pesos por mes son tentados a diario por las ofertas de empresas privatizadas.

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