Por Victoria Ginzberg
�El Gobierno argentino está protegiendo a criminales�, dice Sophie Thonon, sin pretensión de ser diplomática. La abogada francesa estuvo en la Argentina recolectando información para las investigaciones que se están realizando en su país sobre los desaparecidos y su estadía coincidió con el rechazo a la extradición del represor Alfredo Astiz, que habían pedido Italia y Francia. La mujer afirma que esa decisión se basó en un �uso perverso de las leyes�, pero que los juicios seguirán y que Francia, que fue el primer país en condenar a Astiz �en ausencia� podría también ser el primero en juzgar al dictador Augusto Pinochet.
�¿Qué opina de la decisión del Gobierno argentino de no extraditar a Alfredo Astiz?
�Constituye una falta de respeto a acuerdos internacionales de la Argentina con Italia y Francia. El documento que recibió la embajada francesa tiene una justificación muy corta. Supe lo que sé por los comentarios del ministro de Defensa, que firmó el papel porque, según entendí, el ministro de Relaciones Exteriores no estaba. Es decir que la decisión fue de la misma cúpula de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa fue juez y parte al mismo tiempo. En este tema no hay cosa juzgada, sólo lo habría si la Argentina hubiera condenado a Astiz por la desaparición y las torturas de las monjas francesas. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no constituyen cosa juzgada. Ese es un uso perverso de las leyes argentinas y francesas porque el principio de non bis in idem rige en ambos países. El ministro de Defensa ni siquiera mandó el pedido de extradición a la Justicia. Se burló no sólo de la Justicia francesa sino también de la argentina. El Gobierno argentino está protegiendo a criminales. De hecho, la embajada francesa pidió una entrevista, para mí, con el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, pero nunca nos contestaron.
�¿Cuál es el estado de los juicios que se están haciendo en Francia?
�Además de los casos de franceses desaparecidos en la Argentina, el juez Roger Le Loire investiga las desapariciones de franceses en Chile y los francochilenos que desaparecieron en Argentina a causa del Plan Cóndor. Esa es una instrucción que se va a cerrar en seis o nueve meses máximo. Y a lo mejor Francia será el primer país en juzgar a Pinochet, por contumacia. Como el expediente argentino tiene muchos más casos, esa instrucción va a durar un año más. Pero nos estamos acercando al final. No son casos que van a quedar abiertos.
�La Justicia francesa había hecho un pedido de cooperación jurídica, para poder interrogar a testigos e imputados. ¿Qué pasó con ese trámite? �Hay dos exhortos. Uno que envió Le Loire y está esperando desde hace un año sin respuesta de Cancillería. Ahora hay un segundo pedido de la jueza Sylvia Caillard por el caso del cura Gabriel Longueville, que es una causa por asesinato. Ella mandó una rogatoria para poder interrogar y contestaron diciendo que estaba incompleta. Nos piden a nosotros datos sobre los militares que queremos interrogar. Ahora vamos a rehacer el exhorto y mandarlo de vuelta.
�¿Cómo evalúa la posición del Gobierno argentino sobre este punto?
�La posición argentina está cada vez más insostenible. Los chilenos, después de haber rechazado el exhorto durante un año con los argumentos de que los hechos se produjeron en Chile, desbloquearon la situación y aceptaron que el juez francés mande preguntas para que un juez chileno se las presente a testigos e imputados. La Argentina está violando acuerdos que tienen como base facilitar información a otros países.
�Está claro que el Gobierno argentino no quiere colaborar. ¿Y la Justicia?
�Se pudo recolectar más información a través de los casos que hay en la Argentina. Pudimos aprovechar mucha información de los Juicios por la Verdad. En La Plata salieron muchos elementos sobre casos de franceses desaparecidos en El Vesubio. En el caso Prats se juzgó a (Enrique)Arancibia Clavel, que fue quien organizó la detención de Jean Yves Claudet, un francés víctima del Plan Cóndor. Aquí me entrevisté con algunos fiscales y con el juez Rodolfo Canicoba Corral.
�Le Loire citó a Henry Kissinger mientras estaba de viaje en París, pero el ex secretario del Departamento de Estado norteamericano no se presentó. ¿Se va a poder concretar el interrogatorio?
�Ahora hay una cierta buena voluntad de parte de los norteamericanos de permitir que el juez mande preguntas o que vaya él mismo a los Estados Unidos para hacer preguntas.
�¿Qué puede aportar Kissinger?
�Kissinger ya se expidió en sus memorias, pero ahora hay documentos desclasificados en los que hay evidencias del compromiso �para hablar en términos generales� norteamericano con la dictadura chilena y el Plan Cóndor. Por la acumulación de la documentación le va a resultar mucho más difícil escaparse o decir cosas muy generales como en sus memorias, en las que trató de disminuir el papel de Estados Unidos.
�¿Podría ser imputado?
�Lo veo muy difícil.
�¿Por las condiciones políticas o jurídicas?
�Pienso que si los norteamericanos permiten que se le interrogue, va a ser con inmunidad. Si no tienen certeza de que no lo van a perseguir, no van a dar la autorización.
�En Francia hubo un destape sobre las torturas durante la guerra de Argelia que se relacionó con el Plan Cóndor...
�Cuando empezaron estos juicios le dije al juez que los métodos de represión que usaron los argentinos se los habían enseñado los franceses, pero en ese momento el tema Argelia estaba muy reprimido, aunque se sabían muchas cosas, todo el mundo sabía que la tortura estaba institucionalizada. En el juicio a Maurice Papon se denunció el papel que tuvo cuando fue prefecto de París y reprimió de manera salvaje una manifestación de argelinos. Oficialmente la policía decía que hubo dos o tres muertos que se habían caído al río porque estaban borrachos, cuando todo el mundo sabía que había sido una represión muy sangrienta con, seguramente, centenas de muertos que no se habían caído al río por el vino francés. En el juicio, poco a poco se abrió esa página negra de la historia de París y se supo que Papon organizó una represión muy bien calculada y después organizó también el secreto a su alrededor. En agosto del año pasado en el diario Le Monde apareció el testimonio de una chica que fue torturada de manera salvaje por oficiales franceses durante la guerra. A partir de esto, cada día en los diarios aparecían testimonios de víctimas y de torturadores. Hubo una primera confesión muy importante del general Jacques Massu y luego la de Paul Aussaresses, cuyo brazo derecho, Roger Trinquier, escribió los manuales que están en todas las escuelas militares argentinas.
�A raíz de esto, Le Loire pidió los archivos de las Fuerzas Armadas.
�El juez está pidiendo la declaración de todos estos militares que estén vivos respecto del Plan Cóndor. Por ejemplo, Aussaresses estuvo como agregado militar en Brasil y fue a enseñar a Estados Unidos los frutos de la batalla de Argel. Los brasileños rescataron la enseñanza francesa a través de los norteamericanos. Todavía el juez no tiene los archivos militares o de los Servicios de Información, pero había una relación estrecha entre los militares franceses y los argentinos.
�¿Podría ocurrir que, como se destapan responsabilidades del Estado francés con respecto a los crímenes cometidos en el Cono Sur, hubiera alguna presión sobre estas investigaciones?
�No creo que la impunidad organizada en un país pueda excusar la impunidad en otro. La impunidad respecto de lo que pasó en Argelia es tan vergonzosa como la impunidad que existe en la Argentina. De hecho, en Francia ahora estamos en la misma dialéctica que los abogados argentinos. Es decir, tratar de pasar encima de las leyes de impunidad, porque hay dosleyes con respecto a Argelia. Aussaresses seguramente será condenado por apología del delito por lo que escribió en su libro. Exactamente lo mismo que pasó con Astiz, que fue condenado por lo que dijo y no por lo que hizo.
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