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Por Cledis Candelaresi
 Mientras el país espera
el anuncio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Ministerio
de Trabajo avanza en un puñado de iniciativas que intentarán
modificar el acceso a los beneficios sociales, incluyendo la posibilidad
de obtener una jubilación a quienes sean despedidos a poco tiempo
de ingresar al régimen pasivo. Entre las propuestas que fogonea
la cartera de Patricia Bullrich hay una que promete resultar especialmente
polémica, ya que promete restringir las posibilidades de obtener
un subsidio de desempleo en el actual contexto de alta desocupación.
Según una inminente resolución, los futuros beneficiarios
sólo conseguirán este status a condición de destinar
una parte de su tiempo a cursos de capacitación que organizará
el Estado.
La intención confesa de la ministra es mejorar la administración
de los recursos destinados al pago de los beneficios sociales, orientándolos,
presuntamente con más justicia. Pero su tarea se funda en la excesivamente
optimista hipótesis de que los recursos destinados a este rubro
no sufrirán ninguna poda, a pesar de la aplicación del déficit
cero. Según Bullrich, el reciente recorte del 13 por ciento se
concretó eludiendo cuidadosamente las partidas destinadas al pago
de esas prestaciones, situación que volvería a repetirse
si fuera necesario un ajuste adicional.
El plan de la cartera laboral incluye tres propuestas que toman una forma
legal diferente, según los casos:
 A través de una resolución,
el ministerio de Trabajo impondrá a los futuros beneficiarios del
subsidio de desempleo la obligación de realizar un curso de capacitación.
Estos serán organizados y costeados por el Estado: para ellos detraerá
el 10 por ciento del presupuesto global destinado a esas subvenciones.
En otros términos –y sobre el supuesto de que esa partida
no sufra recortes en el presupuesto del año próximo–
habrá una menor cantidad de subsidios, y para cobrarlos habrá
que cumplir con una condición que hoy no existe (actualmente, basta
con haber sido despedido de un empleo “en blanco”). El propósito
oficial es evitar que las personas que consiguen ocuparse puedan seguir
gozando de la subvención, a veces en acuerdo con sus nuevos empleadores,
quienes no denuncian el vínculo.
Mediante un proyecto de ley
ya redactado, el gobierno prevé legalizar los aportes al sistema
previsional que realizan aquellos empleadores que despidan personas por
encima de 55 años. En la actualidad, el marco legal no permite
que los trabajadores de edad avanzada que quedan en la calle puedan acceder
al beneficio previsional gracias a la continuidad de las contribuciones
patronales hasta completar los 30 años de aportes y cumplir los
60 años de edad.
La intención del gobierno es habilitar este mecanismo a través,
por ejemplo, de un acuerdo de indemnización (que el aporte jubilatorio
sea parte de ella), algo que la ley actualmente no permite, ya que si
la relación de dependencia se extingue, AFIP no admite los aportes
de los ex empleadores con destino al sistema previsional.
Se modificará la administración
de los planes de empleo, a los que el Estado asigna anualmente un presupuesto
de alrededor de 180 millones de dólares. En un futuro próximo,
éstos serán administrados a través de las oficinas
de empleo, que estarían obligadas a seleccionarlos mediante el
uso de los mismos formularios. El propósito declarado de este cambio
es disminuir el margen de discrecionalidad de que hoy disponen las organizaciones
no gubernamentales encargadas de administrar esos programas. Pero, de
paso, el gobierno acotará el poder político de las organizaciones
que fomentaron las protestas piqueteras.
EL
CUESTIONADO BGN SE QUEDARIA CON EL BANCO DE CORDOBA
Los hermanos Rhom se lavan la cara
Finalmente, el sobre con la
única oferta para la licitación del Banco de la Provincia
de Córdoba fue abierto ayer. Como era de esperar, la solitaria
propuesta del cuestionado Banco General de Negocios apenas superó
en 1,3 millón el precio base de 115,7 millones de pesos establecido
por el Estado provincial. Si no prosperan los pedidos de suspensión
del proceso de privatización interpuestos por la oposición
de la Alianza, la entidad será transferida a sus nuevos dueños
el próximo 5 de octubre.
Los 117 millones ofrecidos por el BNG adquirirán el 89 por ciento
de las acciones de la entidad a la que se le garantiza, por 10 años,
la exclusividad como agente financiero de la provincia. De acuerdo a los
pliegos licitatorios, un 10 por ciento de las acciones serán para
los empleados a través de un programa de propiedad participada,
mientras que el estado cordobés retendrá el 1 por ciento
de las acciones.
Poco antes de abrirse el sobre con la única propuesta, dirigentes
del Frepaso enviaron al gobernador José Manuel de la Sota una solicitud
de suspensión de la privatización del banco estatal fundada
en que “el único oferente es el Banco General de Negocios
sobre el cual se formularon durísimas acusaciones” en las
investigaciones por lavado de dinero. Entre los antecedentes del Banco
propiedad de los hermanos José y Carlos Rhom, se encuentra la Compañía
General de Negocios, firma involucrada en la canalización de pagos
en el affaire IBM Banco Nación.
El gobernador De la Sota sigue justificando la corrección del traspaso
de la entidad financiera provincial al BGN amparado en “la no objeción
del Banco Mundial” a la precalificación del BGN. Sin embargo,
según informó la propia gobernación, aún resta
enviar al BM la oferta realizada para su correspondiente aprobación.
El BM otorgó un préstamo de 300 millones de dólares
para la reestructuración de la entidad provincial del que deberá
hacerse cargo el Estado. De acuerdo a la información suministrada
por la gobernación cordobesa, es “habitual” que el Banco
Mundial emita opinión sobre las propuestas recibidas en los procesos
de privatización. “Así como oportunamente se recibió
la no objeción respecto de la propuesta técnica del BGN,
se deberá aguardar ahora la opinión sobre la propuesta económica”,
de 117 millones de pesos. Así, “con la opinión de la
entidad internacional, el gobierno de Córdoba resolverá
oportunamente sobre la preadjudicación del banco oficial”.
SE
PRESENTO NUEVAMENTE EL PLAN AHORRO DE LA ANSES
Ahora el objetivo son 650 millones
La ministra de Trabajo, Patricia
Bullrich, presentó ayer ante el gabinete nacional la propuesta
de reestructuración de la ANSeE, difundida bajo el título
de “Reforma Modelo”. Según el proyecto, el organismo
a cargo de Douglas Lyall aspira a ahorrar 650 millones de pesos anuales,
fundamentalmente, en el combate contra el fraude. Entre otras modificaciones
al funcionamiento, el Gobierno prevé bancarizar el pago de las
asignaciones familiares, rubro cuyo control le permitiría alcanzar
la mitad de ese ahorro.
El detalle que brindó ayer la titular de la cartera laboral ante
sus pares de gabinete incluye cambios en la estructura administrativa
de la ANSeS: la cantidad de gerencias de primer nivel serán reducidas
de 18 a 10, en tanto que las de segundo retrocederán de 64 a 38.
Con el afán de darle mayor eficiencia a la gestión oficial,
Lyall firmó un acuerdo con la secretaría de Modernización
para ocupar esos puestos con los denominados “gerentes programa”:
éstos no tendrán estabilidad y serán evaluados según
el cumplimiento de objetivos.
Pero el principal ahorro no proviene de esos cambios administrativos,
que permitirían una economía de 4,8 millones por año.
Las principales ventajas, según detalló Trabajo en un resumen
impreso, provendrán de la eliminación de irregularidades,
comenzando por las que se cometen a través del pago de asignaciones
familiares.
De acuerdo al proyecto oficial, apenas se controla el 3,3 por ciento de
los 1544 millones de pesos que administra el fondo compensador (sobre
un total de 2028 millones de pesos), a través del cual los empleadores
compensan lo que deben pagar de aportes patronales con lo que supuestamente
desembolsaron para pagar asignaciones a su personal.
A partir del 1º de enero, el pago de este beneficio se realizará
a través de un depósito en la cuenta salario de cada empleado.
La bancarización sería, en sí misma, un recurso para
controlar mejor las erogaciones. Por esta vía, ANSeS prevé
ahorrar 364 millones de pesos.
Otro ahorro debería ser el resultado de depurar el padrón
de jubilados transferidos desde las provincias, cuyo haber promedio es
de 700 pesos contra los 300 que cobran los amparados en regímenes
nacionales. ANSeS prevé rastrillar íntegramente el padrón
de beneficiarios donde, estima, hay un 10 por ciento de beneficios irregulares,
equivalentes a más de 180 millones por año.
Otro de los capítulos está destinados a disminuir la litigiosidad,
que desde 1992 le costó al Estado más de 11 mil millones
de dólares y obliga a previsionar anulamente más de 700
para enfrentar sentencias adversas. La estrategia consiste en concentrar
en la secretaría de Seguridad Social la facultad de interpretar
normas para calcular haberes y crear un cuerpo especial de peritos liquidadores.
De ese modo, se neutralizaría un sospechado grupo de funcionarios
de Ansés, presuntamente responsable de promover defectuosas liquidaciones,
que fundan luego exitosos pleitos.
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