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Por Adriana Meyer
 Pocas horas antes de abandonar
el país, el juez Gabriel Cavallo revocó el llamado a indagatoria
del ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, del ex ministro
de Trabajo Alberto Flamarique y del senador radical José Genoud
en la causa por los sobornos en el Senado. Los tres funcionarios habían
sido convocados a dar explicaciones en calidad de sospechosos por el ex
juez Carlos Liporaci, quien nunca puso fecha a esa medida que su reemplazante
suspendió apenas asumió. Sin embargo, en la misma resolución
Cavallo ordenó la investigación de un eventual incremento
en el patrimonio de todos los imputados, incluidos Flamarique, De Santibañes
y Genoud. La fiscalía se quejó por la primera parte de la
medida.
“Técnicamente esto exculpa al Poder Ejecutivo, acusado en
este caso de pagar las coimas a los senadores”, comentó con
bronca una fuente cercana a la fiscalía que ocupan Eduardo Freiler
y Federico Delgado. La revocatoria del llamado a indagatoria no es apelable.
Cavallo firmó su resolución el viernes 17, antes de partir
a España donde dictará cursos universitarios sobre derechos
humanos. Sus argumentos tienen base en la reciente resolución de
la Cámara Federal que confirmó la falta de mérito
de los senadores dictada por Liporaci, en una presentación espontánea
de Santibañes, y en un peritaje contable realizado por la Oficina
Anticorrupción (OA). Ese informe analizó los comprobantes
de gastos realizados con dos cheques que la SIDE sacó de sus cuentas,
por 6,5 millones de pesos, en fecha muy cercana a la aprobación
de la Reforma Laboral. El perito contable de la OA concluyó que
“las extracciones efectuadas por la SIDE el 11 y 13 de abril de 2000
se hallan justificados documentalmente, por lo menos en forma contable”.
Allegados a Freiler y Delgado confiaron a Página/12 que los fiscales
cuestionaron la decisión de Cavallo por sostenerla en un peritaje
“parcial y formal”. De hecho, quedaron fuera de la consideración
del magistrado varios otros informes que detectaron irregularidades en
el manejo de los fondos de los espías durante la gestión
de De Santibañes, algunos elaborados por la Sindicatura General
de la Nación. Además, fuentes del juzgado habían
dejado trascender que el informe de la OA debía ser completado
con un peritaje que comprobara si los gastos se habían producido
“de hecho” en aquellos rubros que figuran en los papeles de
la SIDE. Y fuentes de la OA también se mostraron en desacuerdo
con la evaluación del juez.
El 19 de abril, De Santibañes cuestionó ante Cavallo que
no hubiera “una imputación concreta en su contra”, criticó
a los fiscales y admitió que recibió una partida extraordinaria
de 30 millones de pesos, pero negó haberlos gastado en coimear
legisladores.
Sobre Flamarique pesaba la acusación de un grupo de sindicalistas
que declararon haberlo escuchado decir que “para los senadores tengo
la Banelco”, para que aprueben la Reforma Laboral. El juez entendió
que esto carece de peso para sostener su citación a indagatoria.
Pero, además, indicó que “los informes respecto de
los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)” también lo desvinculan.
En la segunda parte de la resolución, el juez pidió las
declaraciones juradas de 1999 y 2000 de De Santibañes, Flamarique
y Genoud. Al tiempo que aclaró que no se los investiga por enriquecimiento
ilícito, señaló que sí están sospechados
de haber incrementado sus patrimonios durante el período investigado.
Los involucrados son Ramón Ortega, Emilio Cantarero, Eduardo Bauzá,
Javier Meneghini, Alberto Tell, Angel Pardo, Raúl Galván,
Ricardo Branda, Augusto Alasino, Alcides López, Remo Costanzo,
Mario Pontaquarto y Martín Fraga Mancini. El decano de los peritos
contadores de la Corte Suprema, junto a otros dos técnicos, deberán
completar su trabajo en treinta días.
A poco más de un año del inicio del escándalo, la
investigación que suma 34 cuerpos y 180 anexos documentales, camina
rumbo a la extinción.
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