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Por Felipe Yapur
 Mientras los miembros de la
comisión investigadora sobre lavado de dinero revisaron y aprobaron
prácticamente sin modificaciones los primeros capítulos
del preinforme, ya hay quienes evalúan la primera lista de citaciones.
Anoche, Elisa Carrió, presidenta de la comisión, dejó
trascender que podrían ser funcionarios que estuvieron comprometidos
con los contribuciones privadas a los partidos políticos durante
los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.
Si bien las primeras citaciones comenzarán a salir recién
dentro de 15 días, ya se está pensando quiénes podrían
ser. Miembros de la comisión dejaron trascender a este diario que
se trata del caso referido a la instalación en el país del
BCCI, el banco del árabe saudita Gaith Pharaon, vinculado a operaciones
de lavado de dinero. De ser así, los legisladores convocarían
a los integrantes del directorio del Banco Central durante la gestión
alfonsinista. A saber, serían aquellos que sobreviven al fallecido
ex titular del Central Alfredo Concepción, entre los que estarían
Leopoldo Portnoy, Julio Cataldo, Marcelo Da Corte, Ricardo Mazzorín
y Guillermo Felberg, entre otros. Del lado justicialista, el primero sería
el ex secretario General de la Presidencia Alberto Kohan.
Hasta tanto esto se defina, en la comisión se continuó revisando
ayer la introducción y los capítulos referidos a las inversiones
de Pharaon en el país y al vaciamiento de bancos.
Los tres capítulos en cuestión fueron aprobados con mínimas
correcciones luego de cotejar el informe con las pruebas documentales.
Durante toda la reunión participaron los principales asesores de
la comisión, entre ellos Alicia López del Banco Central.
Tal vez la más importante es la referida a la relación de
los senadores Eduardo Menem y Omar Vaquir con Pharaon. Al respecto, Carrió
decidió no revelar la identidad de la fuente que denunció
los vínculos entre los senadores del PJ y el financista. Por lo
tanto, la acusación será separada del informe y presentada
como un anexo con la firma de Carrió y seguramente de la frepasista
Graciela Ocaña.
A su turno, cada uno de los miembros de la comisión –incluidos
aquellos que en un principio hicieron fuertes objeciones como Cristina
Kirchner –fueron confirmando que las modificaciones realizadas a
los capítulos analizados se centraron más que nada en el
estilo utilizado para redactarlos que en el contenido. Mañana,
cuando vuelvan a encontrarse, continuarán con la lectura.
Cuando la reunión finalizó, la legisladora chaqueña
aprovechó para criticar la difusión periodística
de los documentos que presentó ante la justicia sobre la existencia
de una supuesta cuenta bancaria en Suiza que, bajo el nombre de la firma
Mallorca Enterprises, correspondería entre otros a Carlos Menem.
Al respecto, la diputada buscó aclarar cuál fue el motivo
de su presentación. Indicó que no puede afirmar que los
documentos fueran verdaderos o hasta falsos, pero advirtió que
si no los hubiera entregado al juez, habría incurrido en el delito
de incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Yo
entregué la información a la Justicia, certificada por un
escribano público, pero pese a esto sigo teniendo dudas”,
agregó (ver página 10).
Ayer, Carrió también mantuvo un encuentro con miembros de
Familiares de las víctimas de la AMIA. La intención era
hacerse de la nueva información que existe al respecto, y que el
pasado 10 de agosto la diputada anunció durante la presentación
del informe preliminar. Según el abogado de los familiares, Julio
Federik, la legisladora prefirió no entregarles la documentación
hasta tanto “verifique las pruebas obtenidas”.
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El ARI sumó
a Barracchia
Poco a poco el ARI, la fuerza política que conduce Elisa
Carrió, comienza a cerrar sus listas de candidatos para los
comicios de octubre. Ayer, por caso, confirmaron que el intendente
radical de Trenque Lauquen, Jorge Barracchia, será el candidato
a senador por la provincia de Buenos Aires. Tras aceptar el ofrecimiento,
el funcionario se comunicó con Raúl Alfonsín,
presidente de la UCR y a partir de ahora contrincante, para informarle
su decisión. “El ARI tiende a recuperar nuestra verdadera
esencia”, dijo y agregó que a pesar de sumarse a este
nuevo partido “seguiré siendo radical con la esperanza
de que retomemos las banderas que siempre caracterizaron a la UCR”.
Barracchia es intendente desde el ‘87. En las últimas
elecciones ganó con el 70 por ciento de los votos y cuando
Domingo Cavallo asumió como ministro, pidió públicamente
disculpas por haber realizado campaña a favor de Fernando
de la Rúa en 1999.
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BECERRA
DISPUSO QUE ANALICEN EL INFORME
Bajo la lupa de los fiscales
Por A.M.
El procurador general de la
Nación, Nicolás Becerra, instruyó ayer a los fiscales
para que analicen el preinforme de la Comisión Especial Investigadora
de operaciones de lavado de dinero y determinen si existieron delitos.
En una resolución interna, Becerra ordenó a los fiscales
del fuero federal y en lo penal económico que “se avoquen
en forma conjunta al análisis integral del preinforme, para fortalecer
y optimizar las investigaciones en curso”. Algunos representantes
del Ministerio Público consultados por Página/12 elogiaron
la iniciativa pero otros la consideraron “innecesaria” y “tardía”.
El jefe de los fiscales los autorizó a poner en práctica
“todas aquellas diligencias preliminares que pudiesen resultar necesarias
para determinar si se detectó algún hecho susceptible de
ser considerado delito”. En la misma resolución, el Procurador
estableció un plazo de 30 días para que los fiscales presenten
un informe, “en el que deberán precisar los casos ya judicializados,
y las nuevas actuaciones generadas con motivo del análisis encomendado”.
También dispuso que la Unidad Fiscal de Investigación de
Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) preste toda la colaboración
necesaria.
Entre los considerandos de la medida, Becerra remarcó la “trascendencia
institucional” del informe elaborado por la comisión que preside
la diputada Elisa Carrió y la necesidad de que la Procuración
“arbitre las medidas necesarias para que se profundicen las investigaciones
judiciales en curso”. Además destacó la necesidad del
organismo de “disponer los medios para que se realice un estudio
pormenorizado de los hechos relatados, su entrecruzamiento, la determinación
de patrones comunes en los modus operandi de las distintas maniobras que
se mencionan”.
“Es un poco tarde pero bienvenido sea porque servirá para
reactivar muchas causas”, comentó ante Página/12 uno
de los fiscales que tiene su despacho en Comodoro Py. Este funcionario,
que prefirió el anonimato, ya conoce el informe y opinó
que “aunque contiene algunas apreciaciones subjetivas es un entrecruzamiento
de los hechos de corrupción de la última década,
en el que está claramente destacada la complicidad política”.
Otro colega que trabaja en el mismo piso consideró que le “atinada”
la medida “en tanto previamente se certifiquen las causas que ya
están en curso” porque sino “se puede generar un gasto
de recursos innecesario o se pueden fragmentar algunas investigaciones”.
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