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 El ejército colombiano
está redoblando su ofensiva contra la guerrilla de las FARC y,
de paso, contra el desfalleciente proceso de paz que encabeza el presidente
Andrés Pastrana en su último año de mandato. Ayer,
mientras la Fiscalía General ordenaba la prisión sin beneficio
de excarcelación para los tres miembros del IRA acusados de colaborar
con la guerrilla, el alto mando militar denunció que las FARC,
que habrían sufrido decenas de bajas en la última semana
a manos del ejército, planeaban matar en los próximos tres
años a 500 soldados, secuestrar a 200 y destruir con explosivos
varias unidades militares destacadas en zonas cocaleras.
Según ese informe, las tropas que combaten contra más de
2000 insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC,
marxistas, de 16.500 efectivos) en una vasta región selvática
y cocalera del sureste del país hallaron ese plan guerrillero en
los documentos incautados al jefe rebelde Octavio Salamanca (alias “Urías
Cuéllar”), abatido el domingo pasado. “Urías Cuéllar”
–líder de la columna ‘Juan José Rondón’,
una de las unidades especiales de combate de las FARC– se había
reunido recientemente con el número dos y jefe militar del grupo
marxista, Jorge Briceño (alias ‘Mono Jojoy’), para trazar
el plan de ataque contra los militares.
“A los militares hay que hacerlos llorar otra vez, lo que no se pueda
dar de baja hay que secuestrarlo; esa es la orden”, le habría
dicho Briceño a Salamanca, de acuerdo con el documento decomisado
por los militares en la zona de las operaciones. Las FARC han secuestrado
en los últimos cinco años a más de 700 militares
y policías en incursiones perpetradas en diversas regiones del
país. Trescientos sesenta y tres de esos efectivos fueron liberados
en junio pasado en la zona desmilitarizada de 42.000 km2 del sur del país,
escenario del diálogo de paz con el gobierno y bajo control rebelde
desde noviembre de 1998.
La ofensiva contra las FARC, que se intensificó el jueves pasado
tras la promulgación por el Gobierno de una ley que otorga facultades
judiciales y facilita la operación del ejército, arroja
un saldo de al menos 30 rebeldes y tres militares muertos, según
un comunicado castrense. No obstante, otras fuentes del ejército
señalaron que los insurgentes abatidos serían unos cien,
aunque no han mostrado los cadáveres a la prensa. La comandancia
de las FARC no se ha pronunciado sobre la denuncia de los militares ni
sobre el número de bajas que estos dicen haberle causado. La operación
contraguerrillera se concentra en los cocaleros departamentos de Meta,
Guaviare, Guanía y Vichada (sureste), donde también han
sido destruidos cuatro campamentos guerrilleros y 41 laboratorios para
procesar cocaína, según los militares.
Viniendo del ejército colombiano, sin embargo, todas estas versiones
deben ser tomadas con pinzas. Desde la concesión de la zona desmilitarizada
a las FARC, los militares no han perdido oportunidad de criticar la medida
y sus consecuencias, críticas que subieron en virulencia a medida
que el proceso de paz impulsado por Pastrana fallaba en conseguir los
resultados deseados. De hecho, se piensa que la presión militar
fue decisiva en la abrupta y reciente ruptura por Pastrana de las negociaciones
con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (guevarista),
que buscaba una zona de despeje de menor tamaño, y en el norte
del país, para abrir negociaciones.
En ese momento, Pastrana acusó a las guerrillas de descarrilar
el proceso sumando demandas de último momento, pero el ELN replicó
que las acusaciones eran falsas. Ahora, la andanada de denuncias contra
las FARC coincide con otro endurecimiento, aunque Pastrana insistió
ayer que el proceso de paz seguía vivo.
Nicaragua
en empate técnico
Los comicios presidenciales
nicaragüenses del próximo 4 de noviembre prometen ser muy
reñidos, a la luz de los resultados de la última encuesta
de intención de voto realizada en un país que vive inmerso
en la campaña electoral desde el pasado día 18. El sondeo
elaborado el 31 de julio por la empresa Borge y Asociados entre 1.200
entrevistados y con un margen de error del 3 por ciento augura un empate
técnico entre los dos principales candidatos. Daniel Ortega, del
opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), obtendría
el 37,3 por ciento de los votos frente al 35,5 por ciento que conseguiría
Enrique Bolaños, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC),
hoy en el gobierno. Las diferencias entre ambos se habrían reducido
considerablemente tras la retirada de Noel Vidaurre, candidato por el
tercer partido en contienda, el Partido Conservador, y su sustitución
por Alberto Saborio, de menor atracción popular. La intención
de voto en abril colocaba a Ortega en el primer lugar, con el 36 por ciento
de los votos, a Vidaurre en el segundo, con el 28 por ciento, y a Bolaños
en último lugar, con el 23 por ciento de preferencia de voto. Se
podría haber producido un desplazamiento del voto conservador,
que hoy sólo obtendría el 8 por ciento de los sufragios,
hacia la opción liberal.
El aglutinamiento del centroderecha en torno a Bolaños podría
impedir que los sandinistas retomasen el poder. Otro de los factores es
el denominado “voto del miedo” respecto a una vuelta a la violencia
de los años ‘80.
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