El paro y el ministro

El paro docente de ayer tuvo un acatamiento nacional del 90 por ciento para la Ctera, con picos en Buenos Aires, San Juan, Formosa, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Misiones. En cambio, para el Ministerio de Educación la adhesión fue dispar y se centró en las provincias “con mayor grado de conflicto” (Tucumán, Buenos Aires, Misiones y Jujuy). “En distritos importantes como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Santa Cruz, La Pampa y otros, el paro no se sintió”, informó un vocero de la cartera. Mientras, la huelga fue total en las universidades nacionales, según los gremios.
Ante las críticas de la Ctera, el ministro Andrés Delich defendió su Programa de Recuperación Escolar para garantizar 180 días de estudios: “Nada me quita la idea de que hay que devolver a esos estudiantes las horas de clase perdidas. Y quiero aclarar que el Fondo de Incentivo Docente está siendo abonado por la Nación y que los fondos para este programa especial de recuperación de clases provienen de partidas presupuestadas y de ahorros que venimos realizando. No tiene vinculación una cosa con la otra, ni su cantidad ni su destino”.

Adriana Puiggros*.

“Creo que estamos pasando momentos dificilísimos a nivel país, y creo que todos los argentinos tenemos que hacer un esfuerzo. Los docentes tienen que dar clases, hay que redistribuir mejor la riqueza, hay que cobrarles mejor a quienes más pueden aportar. O sea, una de las claves para salir de este problema es que todos trabajemos juntos, y que todos paguemos impuestos. Creo que ese es el camino. Sobre el paro en sí no puedo dar una opinión, porque se lo ve desde un punto de vista muy distinto en tanto pedagogo, en tanto funcionaria y en tanto gremialista. El problema es que la frazada es corta, y, en cierto sentido, todos quieren estar tapados por ella.”
* Secretaria para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva.

Juan C. Tedesco*.

“Es un problema complejo. Si hablamos específicamente del paro, no hay más que lamentar la situación, porque nadie está contento con la situación general y con la situación educativa. También me parece que la respuesta del paro no es la mejor manera, porque se le hace pagar el costo a los alumnos, especialmente a los más pobres. Debería haber una discusión más global sobre todo el sistema educativo. Hay que preguntarse qué papel juega la educación en esta crisis. Pero hay que tener en claro que la educación no puede ser una variable de ajuste. Sí hay que mejorar la eficiencia del gasto, porque hay gran parte del gasto educativo que se utiliza mal, aunque Argentina gasta poco en educación. Es decir, Argentina gasta poco, pero además gasta mal. Dentro de esto, me parece bien la idea del Ministerio de Educación de proponer la extensión de las clases. Creo que una medida para empezar a plantear en serio la problemática educativa es organizar una mesa de concertación con los sectores involucrados.”
* Director del IIPE-Unesco.

Educación pública

El embate final contra la educación pública, y en particular contra la universidad pública, no puede analizarse al margen del modelo económico y del proyecto de país. Por eso, desde el punto de vista de quienes toman las decisiones sobre la Argentina (aquí y afuera) es perfectamente lógico que en esta nueva tanda de ajustes se haya incluido la educación pública con una firmeza nunca antes vista. Bajo el discurso de la austeridad se quiere imponer un modelo educativo que estratifica la producción del conocimiento, que genera también una exclusión educativa y hace todo funcional a las necesidades del sistema. La sociedad argentina ya compró “espejitos de colores” en otros ámbitos. “Compró” un día que los servicios públicos serían mejores y más baratos en manos privadas y a la vista están los resultados. Ahora se quiere introducir la idea de que la mayor calidad científica y académica está en directa relación con lo que se pague. Quien paga tendrá calidad y si en la educación pública no se paga no habrá servicio de buena calidad, dicen mientras restan fondos públicos para la educación. Primera falacia. Con mentirosa sensibilidad social se afirma que “no es justo que los pobres paguen la educación de los ricos”. Segunda falacia. Lo que no es justo es que el Estado no distribuya de manera equitativa los impuestos que pagan los pobres y que eluden la mayoría de los ricos y que los fondos públicos se destinen a cubrir costos financieros y burocracia, y no a solventar la educación, la salud y la asistencia social. Y así como ciertos dirigentes sindicales que hoy aparecen como “combativos” se hicieron los distraídos mientras se avanzaba con las privatizaciones, ahora hay conducciones universitarias, las mismas que antes fueron “combativas” contra el modelo, que prefieren bajar el nivel de la protesta o buscar soluciones aparentemente contemporizadoras para no contradecir sus intereses partidarios.
Todos estos argumentos no deberían, sin embargo, tapar los errores propios de quienes trabajan en el campo de la educación, en particular en la universidad. Muchos de los dirigentes y parte de la comunidad académica permanecen aislados de los problemas centrales de la gente, lo que les impide aprender de los saberes que los actores sociales ponen en evidencia en sus acciones cotidianas y aportar el propio conocimiento científico en esos espacios de construcción y de lucha. Y por este camino la privatización de la educación pública será, inevitablemente, una preocupación de pocos aunque termine afectando a todos y todos tengamos que lamentarnos después de las consecuencias.

El archipiélago educativo

En 1991, el entonces ministro de Educación del gobierno de Carlos Menem, Antonio Salonia, leía el diario y no daba crédito de la primicia: su par de Economía, Domingo Cavallo, había acordado en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional la transferencia de escuelas secundarias y terciarias a las provincias. El objetivo del organismo de crédito no se orientaba, obviamente, a la mejora de la calidad educativa sino a que el Tesoro de la Nación, acreedor directo de sus créditos, dejara de financiar los salarios docentes, rubro que consume más del 90 por ciento de los recursos asignados al sector. En 1978, la dictadura había transferido las primarias.
Pasaron diez años y ahora le toca al mismo Cavallo, ministro esta vez del gobierno aliancista, negociar con el Fondo Monetario lo que se presenta como el último salvataje del país. En rigor, el verbo negociar suena a eufemismo teniendo en cuenta que los funcionarios parecen conjugar sólo una acción: acatar. Desde las filas de Hacienda aseguran que el “acatamiento” incluirá la no inclusión –valga la paradoja– en el Presupuesto 2002 de los 660 millones de pesos necesarios para financiar el incentivo docente. Es lógico que el FMI se niegue a todo flujo de fondos nacionales destinado a sueldos. Los tecnócratas creían que ésa era una discusión saldada. La garantía del Tesoro al fondo de incentivo fue una de las pocas –si no la única– promesa electoral de la Alianza que cumplió al asumir. Esa decisión política “nacionalizó” la demanda y permitió el levantamiento de la Carpa Blanca que ahora vuelve a acechar.
El permanente resurgir del conflicto docente pone en evidencia que la puja de fondo entre nacionalización y provincialización del sistema educativo está muy lejos de saldarse. En un país donde lo único que crece es la inequidad es congruente que en la educación se profundice la fragmentación. El reclamo gremial de homogeneizar condiciones salariales y laborales se estrella contra la realidad. La inversión por alumno varía de poco menos de 800 dólares en las provincias del noroeste a más de 2000 en la Ciudad de Buenos Aires. La cotidianidad de los docentes recorre un derrotero aún peor.
En este archipiélago, los habitantes de las islas –léase los alumnos de cada jurisdicción– muestran que todos saben poco y muchos saben menos. ¿Es posible pensar un país donde el lugar de nacimiento condene al fracaso a millones de personas?
En 1995, ministros de Educación de distintas provincias viajaron a Europa para conocer cómo funciona la educación en el Primer Mundo. Después de hablar con los funcionarios franceses concluyeron: “Es evidente que sin un piso salarial común no se puede mejorar el sistema. Ahora, ¿quién lo convence al ‘Mingo’ de eso? El nuestro es un país federal”. A la luz de los hechos, la observación era correcta. Y está claro que ninguno convenció al “Mingo” Cavallo de la necesidad de salvar a la educación del salvajismo del mercado.
Se sabe que en el mercado hay muy pocos ganadores, y perdedores a granel. La educación no puede ser un campo fértil para esa guerra. Lo está siendo en la medida en que el Estado sólo tiene como fin el ajuste sin fin.

Postales de la bronca

Cecilia Aprile se vino desde Florencio Varela a Plaza de Mayo, junto a sus compañeros de la Escuela Nº 17. Motivos para protestar no le faltan; “yo cobro 400 pesos, y me descontaron 30, pese a que (Carlos) Ruckauf dijo que el recorte iba a ser por arriba de los 1200”, dijo. “Está lleno de liquidaciones mal hechas, los suplentes ni siquiera saben cuándo van a cobrar, y a los comedores hace 3 meses que el gobierno bonaerense no les manda los fondos”, agregó. “En nuestra zona, algunos comedores no están dando ni mate cocido”, reveló. Mientras se desconcentraba por Avenida de Mayo, Cecilia enumeraba más problemas que deben afrontar los docentes en la provincia: “Hay muchísimos compañeros con descuentos mal hechos, también les pasó lo mismo inclusive a los auxiliares docentes. Esto ya no da para más, y viniendo a las marchas ejercemos una forma de defender nuestros derechos”.
La Matanza es otro de los distritos con más problemas sociales en el conurbano. “La situación es terrible. Muchos docentes no cobraron todos sus sueldos, nos deben el aguinaldo, el incentivo, y otras cosas. Y encima, está el problema de los comedores”, dice Susana Del Brocco, que es docente en dos escuelas de La Matanza, ubicadas en Villa Celina y Ciudad Evita. Como tantos otros maestros, fue a la marcha de ayer con su guardapolvo blanco. Parada a pocos metros de la Catedral, hizo una cruda radiografía de la realidad social bonaerense. “La situación está cada vez peor. Los padres de los alumnos también tienen cada vez más problemas. Y en escuelas como la 137, de Villa Celina, ya no se les está dando pan a los chicos”. Por otro lado, esta morocha de treinta y pico aseguró que “los padres de los chicos también nos comprenden y nos apoyan”, y dijo que además ella participó de las clases públicas que se hicieron en los piquetes durante las dos últimas semanas”.
Una nena de diez años se le cuelga del brazo a su maestra, enfrente del Cabildo. La docente, Miriam, llegó desde Villa Domínico, en el sur del conurbano, un barrio de clase media “ajustada”, pero que está rodeada de barrios carenciados. “Los padres nos alientan en esta medida, porque saben que el Gobierno no nos trata como profesionales”, señala. “Vine acá porque con este ajuste están destruyendo la educación pública, y una de las cosas que generó todo esto fue la Ley Federal de Educación. Y aparte está el ajuste, que no afecta solamente a los docentes”, dijo. El panorama de los padres de los alumnos tampoco es alentador, según Miriam. “Las familias tienen muchísimos problemas. Y faltan referentes positivos. Al final, muchos terminan evadiéndose con la televisión.”
Pese a que el grueso de los asistentes a la marcha fueron los docentes bonaerenses, además estuvieron los maestros de Capital. Marta no quiso dar su apellido, pero sí sus motivos para venir a la marcha. “Los maestros en Capital no estamos mal, pero hay que ser solidarios con todos los demás, que están teniendo muchísimos problemas. De eso nadie habla, pero en Jujuy, o Misiones, los maestros ganan dos mangos”, afirma. Ella trabaja en una escuela de Palermo, en donde dice que “algunos problemas de infraestructura, hay, pero no muchos”. “Yo tengo tres hijos, y si vengo a la marcha es por ellos, porque quiero que en un futuro tengan educación pública, y si siguen estos planes, no sé qué puede pasar.” Marta no vino solamente con su guardapolvo; trajo un cartel verde con letras rojas, que dice “Cavallo, De la Rúa y Delich, vendepatrias”.

Informe: Alejandro Cánepa.