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Por Cledis Candelaresi
 Las restricciones que el Déficit
Cero impuso sobre los estatales y jubilados prometen ser menos duras para
los proveedores y contratistas del sector público. Fernando de
la Rúa tiene a la firma un proyecto de decreto que habilita rescindir
los contratos en ejecución cuyos titulares no admitan una reducción
del precio, pero no prevé ninguna quita sobre los que ya fueron
ejecutados. Con las empresas proveedoras de servicios públicos,
en tanto, se abrió una negociación que aspira a conseguir
algún descuento consensuado en las tarifas. Menor es el amparo
que rige para los agentes públicos sobre quienes el Gobierno planea
un control más riguroso de horario, adscripciones, vacaciones y
contratos, para evitar, entre otras situaciones, que quienes se retiran
cobrando una indemnización reingresen al staff público con
algún ventajoso contrato.
El principal e ineludible compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional
para obtener el último auxilio financiero es el déficit
cero, que obliga a la Nación a gastar sólo cuanto recauda.
En función de esta pauta, se dispuso para el trimestre en curso
un recorte del 13 por ciento sobre jubilaciones y salarios públicos,
que también debía hacerse extensivo al resto de erogaciones
estatales.
En el caso de las contrataciones, sin embargo, esa poda no puede hacerse
automáticamente. Por el contrario, el gobierno concluyó
que no es posible ninguna quita para los contratos ya ejecutados o servicios
prestados. Tampoco es técnicamente factible prever una “rebaja”
para contratos futuros, simplemente, porque esto haría que las
empresas hagan cotizaciones más altas.
Pero el proyecto de decreto redactado por la Jefatura de Gabinete habilita
a las distintas dependencias públicas a rescindir los contratos
en ejecución, si no fuera posible renegociar el precio con el contratista.
Como alternativa, faculta a prolongar el plazo (por ejemplo, retrasando
de 2 a 4 años la entrega de una obra y, por consiguiente, su pago).
Con las empresas privatizadas, el gobierno ya encaró una serie
de negociaciones para abaratar las tarifas. La intención es aprovechar
la condición de gran usuario del Estado para conseguir descuentos
importantes. Incluso, aprovechar las ventajas de la desregulación
de algunos servicios, por ejemplo, teléfonos: si las cuentas públicas
lo permitieran, se compraría un equipo que sirva para direccionar
automáticamente las llamadas interurbanas para elegir a la compañía
que cobra menos.
La redacción del aludido proyecto de decreto fue competencia de
la secretaría de Modernización del Estado, desde la cual
el frepasista Marcos Makón trabaja en una reforma administrativa
que también debe contribuir al equilibrio fiscal. La presunta economía
–según insisten desde esta dependencia– no será
el resultado de achicar la grilla de personal por despidos (salvo por
la eliminación de contratados) sino de suprimir algunas situaciones
irregulares o presuntamente injustas para el empleado de planta permanente.
Aquí algunas de las reglas que prometen cambiar la fisonomía
del aparato estatal:
 Mayores exigencias de tareas
sobre los contratados que sobrevivan al recorte actual: todas las dependencias
del Estado deben reducir un 30 por ciento sus presupuestos destinados
a contratos) cuyos nombres figurarán en un registro especial a
difundir a través de Internet. Se está elaborando un padrón
del personal estatal, que servirá también para controlar
los regímenes de incompatibilidades.
A la prohibición de
percibir una jubilación y trabajar en el Estado, el Gobierno sumará
la de trabajar en el sector privado y, al mismo tiempo, tener un contrato
en el sector público que le genere conflicto de intereses. Por
ejemplo: una persona que trabaja para una empresa privatizada y, al mismo
tiempo, para el ente regulador encargado de controlarla. Hoy no hay norma
que bloquee esas situaciones.
Quienes se hayan ido del Estado
cobrando un retiro voluntario, por cinco años no podrán
reingresar a la plantilla estatal ni como contratados ni para desempeñar
un cargo político. La intención es evitar que el pago de
a veces costosas indemnizaciones a personal (muchos ex agentes de la AFIP
cobraron por encima de los 200 mil dólares) que luego vuelve a
ser contratado, incluso, por la misma dependencia pública de la
que se retiró.
Se revisarán los regímenes
de vacaciones y licencias, que en algunos casos Makón consideró
“abusivos” o deficientemente controlados. También se
limitarán las adscripciones, por las cuales un empleado trabaja
en una repartición pero cobra por su sueldo a través de
la otra, enturbiando el padrón.
Estos puntos integran la reforma administrativa, apenas un capítulo
de la Reforma del Estado que, a juicio de Makón, indefectiblemente
debe incluir la reforma política. A juicio del funcionario de Jefatura,
sólo cuando las campañas electorales cuesten menos, los
partidos dejarán de presionar sobre la estructura pública,
promoviendo la aparición de ñoquis.
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