Por Raúl Kollmann

Por iniciativa propia, el Tribunal Oral Federal número 3 a cargo del juicio por el atentado a la AMIA, convocó a testificar a tres ingenieros del Ejército para que opinen sobre la explosión en la mutual judía. La medida no fue pedida por ninguna de las partes, pero el paso que da el Tribunal Oral –con la oposición de uno de sus miembros– es llamativo: quiere confirmar si hubo o no una camioneta, qué explosivos se usaron y en qué cantidad, y dónde exactamente se produjo la explosión. La idea del tribunal es debatir todo esto al principio del juicio oral y dejarlo definitivamente aclarado. Hasta el momento, la Policía Federal, un perito de la Gendarmería, un estudio norteamericano y uno israelí coincidieron en que el atentado fue perpetrado a través de una camioneta-bomba, pero hay algunas discrepancias de máxima importancia respecto del explosivo que se usó.
Como para anticipar la minuciosidad con la que quieren tomar el caso, los doctores Miguel Pons y Gerardo Larrambebere suscriben el capítulo XXIII de la resolución en la que señalan que “por resultar de interés para la dilucidación de los hechos investigados, dispónese de la realización de las siguientes medidas”. Esto significa que sin que medie pedido de los fiscales, de los defensores o los querellantes, el Tribunal quiere evaluar todo otra vez. Por lo que pide, por ejemplo, que la Policía Federal remita los informes químicos de la explosión y, tal vez lo más llamativo, le ordena a la Gendarmería Nacional –punto 3.1 del capítulo XXIII– que haga un peritaje químico para determinar si el motor de la camioneta Trafic estuvo o no en la explosión, o si pudo haber si arrojado allí como prueba distractiva.
Especialmente explicativo es el punto 15 de ese capítulo: “En atención a las divergencias que es dable observar entre los informes de la Policía Federal, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el del Estado de Israel y el efectuado por el asesor técnico Osvaldo Laborda, líbrese oficio al Ministro de Defensa de la Nación a fin de que proponga tres ingenieros militares idóneos en explosivos y demoliciones para que en el término de 30 días realicen un informe sobre el lugar en el que se produjo la explosión”.
Para redondear, hay otro pedido a la Gendarmería para que haga una pericia caligráfica de la firma que aparece en el recibo del volquete que se colocó frente a la AMIA cinco minutos antes de la explosión. Se pide a la Gendarmería que determine si la firma corresponde o no al arquitecto Andrés Malamud, a cargo de las obras de remodelación que se estaban haciendo en la mutual judía.
Todos estas medidas demuestran que el Tribunal no quiere “comprar” la versión oficial del atentado sin verificarla. Hay periodistas que investigaron el caso y escribieron libros sobre el tema –Jorge Lanata, Joe Goldman, Gabriel Levinas y Juan José Salinas– que señalan que frente a la AMIA no estalló una camioneta y que la Trafic sólo fue una artimaña para desviar la pesquisa. La bomba estaba, según las distintas versiones de estas investigaciones, o en el volquete enviado por una firma perteneciente a un hombre de origen islámico, Nassib Hadad, o dentro mismo del edificio de la AMIA.
Los jueces quieren que se profundice en este tema, justamente para asegurarse que sea cierto –o no– todo lo que dijeron los peritos que actuaron en el caso. Esto explica por qué quieren a los especialistas del Ejército y por qué piden que se haga un peritaje de la firma relacionada con el volquete. Como es obvio, si no hubo camioneta en el atentado –una hipótesis casi descartada– los policías imputados y Carlos Telleldín saldrían en libertad en los primeros días del juicio. El otro punto que tiene importancia es el relacionado con el explosivo usado en el ataque. Y aquí sí hay un debate que puede tener importancia, porque no hay tanto acuerdo en que la bomba se hizo con amonal, un explosivo muy fácil de conseguir porque se basa en un fertilizante. La Policía Federal se pronunció por el amonal, los norteamericanos exhibieron sus dudas y lo propio ocurrió con el perito Laborda. Químicamente hablando, se encontraron restos que eran compatibles también con otros explosivos, como el plástico usado en el ataque contra la Embajada. En ese caso ya no se trata de material tan fácil de conseguir sino que está disponible en unos pocos países y en algunos casos sólo accede a él personal militar. De aquí se derivan dos o más posibilidades:
Si se trató de amonal, la gran parte del explosivo se compró aquí, porque nadie va a pasar por la frontera 150 o 300 kilos de un fertilizante fácil de conseguir en el país.
Si es un explosivo plástico u otro sofisticado cabe la posibilidad de que se haya traído del exterior y, además, habrá un margen para analizar qué grupos terroristas usaban habitualmente esos explosivos y de qué país es originario el material.
Lo que está claro es que si el Tribunal, por iniciativa propia, ordena estas medidas y verificaciones es porque tiene algunas dudas y quiere dejar todo aclarado. Lo peor del caso es que estamos hablando de estudios y pericias que debieron hacerse hace siete años y a través de peritos internacionales de prestigio e imparciales. Desde el primer día, el gobierno de Carlos Menem, el juez, la SIDE, los gobiernos de Estados Unidos e Israel impulsaron la investigación en un solo sentido: fue un coche bomba y fueron los iraníes.
Siempre quedó alguna duda, a tal punto que el juez Juan José Galeano todavía ordenó peritajes seis años después de la explosión. Ahora, el Tribunal quiere verificar, de una vez por todas, qué es verdad y qué es mentira en lo actuado desde 1994.

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