Por Susana Viau

¿Estoy autorizado a dar entrevistas? –preguntó Jorge “Tigre” Acosta
–Puede. La causa no está en secreto –respondió el juez federal Claudio Bonadío, francamente sorprendido por el tipo de inquietud que mostraba el indagado.
–Se lo pregunto porque si no salimos a defendernos estamos peor que el general Mitre.
–No entiendo –dijo Bonadío–. ¿En qué se parece su situación a la de Mitre?
–Estamos re-muertos.
El capitán Jorge Acosta, detenido desde hace tiempo por el robo de hijos de desaparecidos, se había permitido aliviar la tensión con un paréntesis de buen humor. Quienes lo han visto tienen la impresión de que el ex mandamás delegado y especialista de inteligencia de la ESMA está “más allá del bien y del mal”. Curiosa personalidad la del oficial que, según relató el sobreviviente Miguel Angel Lauletta en el marco de la causa que investiga el desapoderamiento forzado de los bienes de Victorio Cerutti, Horacio Palma y Conrado Higinio Gómez, al irse del tenebroso edificio de Libertador al 8000 se llevó consigo una bolsa de documentos de identidad en blanco. Era el Tigre quien supervisaba el sector de documentación que la ESMA había desarrollado, independizándose así de los pasaportes, D.N.I., cédulas verdes de automotor y permisos internacionales de conducir que hasta entonces les proveía el Servicio de Inteligencia Naval con el que mantenía una feroz competencia. El propio Lauletta había sido obligado a enseñarle a la primera mujer de Acosta el procedimiento para confeccionarlos.
De todas maneras, la broma que Acosta se permitió hacer ante el magistrado se inscribía en la estrategia común fijada por los cuatro detenidos de la Armada: no confesar y declararse víctimas de una conspiración. Esa supuesta confabulación fue expresada con todas las letras por Acosta quien contraatacó acusando veladamente al juez de ser el as de espadas de la ingeniería judicial diseñada por Montoneros para sentar en el banquillo a quienes combatieron a la guerrilla. Unas pocas horas después, y siempre en línea con lo ocurrido el martes con el teniente Jorge Radice y el capitán Juan Carlos Rolón, el capitán William Wahmond también se acogió al derecho de no responder a la requisitoria del Tribunal.
Por la tarde le tocó el turno al escribano Arnaldo Dardano. Dardano y la actual jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Martha García, formaban parte del equipo del escribano Ariel Sosa Moliné y se encargaron de dar fe de la autenticidad del traspaso de los bienes de los secuestrados Cerutti, Palma y Gómez. García, tal como reveló este diario, fue síndico titular, síndico suplente y accionista de las falsas sociedades formadas por el ex almirante Massera para traspasar a nombre de su hermano Carlos y su hijo Eduardo los terrenos de Chacras de Coria pertenecientes a Cerutti, Palma y Gómez y valuados en 12 millones de dólares. Dardano se ocupó de la media docena de caballos de carrera del abogado Conrado Gómez que los marinos codiciaban y que fueron a parar a al capitán Carlos Aurelio “Zazá” Martínez y en su gran mayoría al haras La Magdalena, propiedad de Massera.
Pero Dardano, recordaba poco y nada. Lo suficiente, sin embargo, para afirmar que ningún signo anormal le había hecho sospechar entonces que la persona que había firmado la transferencia de los caballos se encontrara bajo presión. Eso sí, su declaración fue precedida por un preámbulo de 40 minutos en los que puntualizó los datos que, a su criterio, dan prueba de su honorabilidad: estudios cursados en El Salvador, largo noviazgo y un matrimonio más largo aún siempre con la misma mujer. La jueza García, empleada de Sosa Moliné, era –y es– hermana de Graciela “La Negrita” García Romero, integrante del llamado “ministaff” de la ESMA, el grupo selecto de detenidos que se habían ganado a fuerza de dar pruebas delealtad la confianza naval. García Romero mantenía una intensa relación sentimental con el por esas épocas poderoso capitán Jorge Acosta.

DENUNCIA CONTRA LA FUERZA AEREA
Compras sin licitación

La Fuerza Aérea fue denunciada ayer por el abogado Ricardo Monner Sans ante la Justicia en lo criminal federal por presuntas irregularidades en la adquisición de vehículos y en la misma acción penal, que quedó a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, se pidió que se investigaran también supuestas anomalías en la renovación de un contrato sobre seguros de vida del personal de la fuerza.
En principio, el magistrado solicitará la opinión del fiscal federal Oscar Amirante para determinar si corresponde la apertura de un sumario. Por su parte, Monner Sans se comprometió a presentar ante el juzgado, el día que sea llamado a declarar, documentación que recibió sobre los presuntos ilícitos. El abogado aseguró que la Fuerza Aérea compró en forma directa, sin licitación, 27 vehículos de una firma japonesa por un valor al que había cotizado otra empresa también japonesa. Asimismo, recordó que en marzo último, la fuerza renovó con La Caja un contrato sobre seguros de vida, al mismo precio, pero con menos beneficios.

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