Por Victoria Ginzberg

Un apropiador fue condenado y una joven recuperó su identidad ayer cuando el juez federal Roberto Marquevich impuso ocho años de prisión al represor Hernán Antonio Tetzlaff, quien inventó una falsa historia para “retener y ocultar” a la hija de los desaparecidos Hilda Torres y Roque Orlando Montenegro. “Cuando entramos nos encontramos con dos chicos con los ojos gigantes, abiertos, y me quedé con uno”, le dijo el militar a un testigo en junio de 1976, al relatar un operativo del Ejército en el que había participado. Tetzlaff está en libertad porque fue excarcelado, pero debería volver a prisión.
Esta causa se inició el 29 de enero de 1988, cuando las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron que Tetzlaff tenía una niña que podría ser hija de desaparecidos. Según la falsa partida de nacimiento firmada por Juan Carlos Zucca, María del Carmen Eduartes –esposa del represor– dio a luz el 28 de mayo de 1976. Pero los análisis de sangre realizados en el Banco Nacional de Datos Genéticos demostraron que ese parto nunca existió y que la supuesta hija de Tetzlaff era en realidad Hilda Victoria Montenegro, que nació el 31 de enero de 1976 y fue inscripta por sus padres el 10 de febrero de ese año, poco antes de que toda la familia fuera secuestrada.
Un testimonio importante para este caso fue proporcionado por el padre de una desaparecida que durante ocho meses buscó a su nieta. Debido a que había trabajado en la Marina hasta 1967, este señor pudo entrevistarse con Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares, para pedirle datos sobre su hija y su nieta, que habían sido secuestradas a principio de junio de 1976. El militar designó a Tetzlaff, que en ese momento se desempeñaba como “representante de la Escuela de Comunicaciones y era jefe de la zona de San Isidro, Boulogne y Tigre” y “trabajaba en forma conjunta con el Batallón de Inteligencia de Campo de Mayo”, para que “lo ayudara a reconstruir el operativo” en el que se habían llevado a la mujer y la beba.
El testigo declaró ante Marquevich que Tetzlaff y su esposa le confesaron que no podían tener hijos. En una oportunidad, el represor lo llevó a una vivienda donde la noche anterior había participado de un procedimiento del Ejército en el que –según dijo– “los guerrilleros padres” habían muerto. El entonces mayor –que se retiró como coronel– le aseguró: “cuando entramos nos encontramos con dos chicos con los ojos gigantes, abiertos y me quedé con uno”. Ante ese comentario, el abuelo fue a ver a Riveros para preguntarle si su nieta no había sido entregada a una pareja como la de Tetzlaff-Eduartes. El general le aseguró que en su caso no había ocurrido lo mismo pero que “esas eran normas para que los hijos de zurdos caigan en hogares bien constituidos”. Incluso hizo una mención acerca de que existía una estructura dentro de las Fuerzas Armadas para apropiarse “de los hijos menores de matrimonios zurdos con el fin de enderezarlos”.
Cuando Zucca, quien había dado fe del falso nacimiento de la hija de Tetzlaff, tuvo que presentarse ante el juez, sólo atinó a decir que no recordaba haber conocido al militar ni a su mujer y no reconoció su firma en el papel. El hombre se excusó con el argumento de que debido a un “problema de salud” padecía de “amnesia”.
“Quedó absolutamente demostrado que Tetzlaff tenía el total conocimiento que la menor que inscribió como propia era hija de desaparecidos y no obstante la retuvo y ocultó con el único fin de impedir que restableciera el vínculo biológico”, dijo el juez Marquevich en la sentencia de esta causa, en la que actuó como secretario Walter Rodríguez.
El juez decidió absolver a la mujer ya que la consideró inimputable por padecer “un severo síndrome psico-orgánico con consecuencias neurológicas que le impide comprender la criminalidad del acto que se le imputa”. El represor estuvo en prisión desde diciembre de 1997 hasta abril de 1998, cuando fue excarcelado por la Cámara federal de San Martín. Ahora debería volver la cárcel para cumplir lo que resta de su condena pero esta medida se demorará hasta que la sentencia quede firme.
Este caso fue uno de los cinco que sirvieron como base para la detención del dictador Jorge Rafael Videla, ordenada por Marquevich el 9 de junio de 1998. Las apropiaciones de Mariana Zaffaroni Islas, Carlos D`Elia y los dos jóvenes robados por el mayor médico del Ejército Norberto Bianco y su esposa fueron los otros cuatro expedientes que se sumaron para que el magistrado considerara que Videla era autor mediato del robo de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.

EJERCICIO MILITAR CON ESTADOS UNIDOS EN SALTA
“Parece territorio ocupado”

La polémica que produjo el decreto presidencial que permitió la entrada de militares de ocho países para llevar a cabo la maniobra “Cabañas 2001” en Salta continuó con el pedido de interpelación del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, por parte de legisladores de distintas fuerzas. Del proyecto, que comenzó ayer, participan 1200 efectivos de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Argentina.
El presidente del bloque Frente para el Cambio, el diputado Ramón Torres Molina, denunció que “Salta parece un territorio ocupado” por fuerzas uniformadas con armas, “que hablan en otro idioma y recorren las calles de la ciudad” sin “la respectiva autorización del Congreso para el ingreso de tropas extranjeras”. En conferencia de prensa el legislador sostuvo que “la sistemática violación por parte del Poder Ejecutivo de las facultades del Congreso que comprometen la soberanía de la Nación justifican la citación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores para dar explicaciones según lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Nacional”.
Los legisladores de Frente para el Cambio, Alicia Castro, Gustavo Cardesa, y Alfredo Villalba; del ARI, Elsa Quiroz, Marcela Bordenave y Jorge Rivas, y del PJ, Mario Dan Neves y Marta Ortega, acompañaron la medida porque argumentaron que es el Congreso el que debe aprobar tanto la entrada de tropas extranjeras como la salida de las fuerzas nacionales.
Según los legisladores, los ejercicios “constituyen un ensayo para la participación de una fuerza multinacional en Colombia, tal como se propone en el Plan Colombia”. Asimismo, consideran que “este tipo de ejercicios contradice la tradicional política argentina de solidaridad con los países de nuestro continente y pone en riesgo la paz de la región”.
También el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), presidido por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentó un escrito ante la Justicia para ser parte del recurso de amparo que la Asociación Americana de Justicia (AAJ) presentó anteayer.
La acción legal en contra de los operativos militares reclama la nulidad del decreto de De la Rúa que permitió el ingreso de las tropas extranjeras y la inmediata suspensión y/o interrupción del Ejercicio “Cabañas 2001” y la salida del país de las mismas.

PRINCIPAL