|
 “Vetustas figuras jurídicas
de marcado tinte discriminatorio.” Así definió la senadora
provincial Elisa Carca a una serie de artículos del Código
de Faltas de la provincia de Buenos Aires que sanciona, entre otras cosas,
el ejercicio de la prostitución. Para dar vuelta la historia, la
legisladora presentó un proyecto de ley en el Senado bonaerense
para dejar sin efecto esos artículos, lo que en la práctica
despenalizaría la prostitución. La legisladora aseguró
a Página/12 que el código también es utilizado para
“perseguir a personas en el ejercicio de su libertad sexual, como
es el caso de los travestis y homosexuales”. Para ella, el Estado,
“en lugar de perseguir a quienes fomentan y explotan la prostitución,
victimiza a los más débiles de la cadena, sin asegurar medidas
legales para su protección”.
La iniciativa de la senadora provincial del radicalismo, Elisa Carca,
propone reformar el Código de Faltas bonaerense modificando parcialmente
los artículos 69º, 92º, 93º y 94º, que sancionan
a las personas que ejercen la prostitución, a homosexuales y a
travestis. Algunos de los incisos que la legisladora propone suprimir
son aquellos que condenan a quienes ejercen la prostitución a un
arresto de 5 a 30 días y a una multa que corresponde a un monto
de “entre el 15 y el 40 por ciento del haber mensual de un agente
de seguridad (Agrupamiento Comando) de la policía de la provincia
de Buenos Aires”.
En diálogo con este diario, Carca consideró que en algunos
casos “el ejercicio de la prostitución puede ser el producto
de una decisión personal”, pero aclaró que “la
explotación de quienes ejercen esa actividad no es una elección
libre, y esa es una de las herramientas del abuso y la dominación
hacia las mujeres”. El Código de Faltas penaliza a las prostitutas
que, sostiene Carca, “son las víctimas. El Estado victimiza
con persecución y sanciones a los más débiles de
la cadena y no persigue a quienes fomentan y explotan la prostitución”,
lo que para ella es un “claro signo de autoritarismo y discriminación.
Resulta extraño que cuando llueven denuncias por el tráfico
de mujeres extranjeras y nacionales en el país, cuando se ven a
niños y niñas en las calles prostituyéndose, no se
descubra a quiénes están detrás de todo esto”,
afirmó la legisladora.
Más allá de apreciaciones personales, la senadora explicó
que “tales disposiciones no sólo son discriminatorias, sino
violatorias de la Convención para la Represión de la Trata
de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena,
como también del Pacto de San José de Costa Rica y otras
convenciones de Derechos Humanos incorporadas a la Constitución
Nacional”.
Otras figuras que el proyecto pretende eliminar son aquellas utilizadas
para perseguir a las personas en el ejercicio de su libertad sexual, como
es el caso de la condena a “quien en la vida diaria se vista con
ropas del sexo opuesto”, y otro que declara de “viciosos”
a los homosexuales.
Más allá de su iniciativa, la senadora es consciente de
que “la cultura de persecución a las mujeres que ejercen la
prostitución o a los travestis no cambiará de un día
para el otro”, ya que las propias víctimas y los organismos
de derechos humanos denuncian que las fuerzas de seguridad “invocan
con asiduidad la `averiguación de antecedentes’, por lo que
llegan a detener a una misma persona dos o tres veces por semana”.
La legisladora entiende que eliminando estas penalizaciones “habremos
dado un paso importante en la defensa de los derechos humanos”, pero
sabe que eso generaría una inevitable polémica. Sin embargo,
Carca confía en el apoyo de sus compañeros de bloque, los
que –según aseguró la senadora– recibieron bien
el proyecto. Aunque entiende que el tema es un trago difícil para
muchos legisladores, consideró que merece ser debatido abiertamente,
“sin caretas, para instalarlo de una vez por todas en la sociedad
bonaerense”. Para esto, Carca está convencida de que se debe
comenzar “por lo que está dentro de nuestra órbita
legislativa y dar el debate sobre un código que es discriminatorio
y anacrónico en aspectos quehacen al respeto de los derechos humanos
de todos los ciudadanos, sea cual fuere su actividad o su elección
sexual”.
RECLAMO
POR FONDOS PARA CHICOS
Para no ajustar la niñez
A modo de advertencia contra
la amenaza que para el presupuesto oficial destinado a los chicos significa
el déficit cero, el Consejo Federal de Derechos de Infancia y Adolescencia
reclamó ayer que se respeten los fondos asignados a las políticas
de infancia y rechazó “cualquier tipo de restricción
presupuestaria” que afecte las partidas destinadas al área.
El Consejo Federal está integrado por el Consejo Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia –que depende del Ministerio de Desarrollo
Social– y los organismos de infancia de todas las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires. El órgano sesionó en forma especial
ayer en Iguazú, en la provincia de Misiones, con la presencia del
ministro Juan Pablo Cafiero.
En particular, el organismo reclamó “que se respete la intangibilidad
y progresividad de los fondos nacionales, provinciales y municipales asignados
a la infancia y la adolescencia, en cumplimiento de la Convención
sobre los Derechos del Niño”.
Además, reclamó también que “se fortalezca presupuestaria
e institucionalmente a los organismos públicos y de la sociedad
civil destinados a diseñar y planificar las políticas de
Estado sustentables para la infancia, la adolescencia y la familia”.
El organismo también respaldó el Pacto por la Niñez
impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y rechazó “cualquier
tipo de restricción presupuestaria que afecte a las áreas
de infancia y adolescencia”.
|
