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Por Eduardo Videla
 Unos 4000 profesionales que
trabajan ad honorem en el sistema de salud porteño se encuentran
ante una encrucijada: tendrán que pagar para seguir en el puesto
que ganaron por concurso. Así lo establece una resolución
de la Secretaría de Salud de la ciudad, que los obliga a contratar
un seguro por mala praxis. La medida afecta a médicos, psicólogos,
bioquímicos, psicopedagogos y trabajadores sociales, entre otros,
y ya se está poniendo en práctica en algunos centros asistenciales:
en el hospital Alvear, los concurrentes ya no pueden firmar la asistencia
por orden del director, y en el Durand se les dio un plazo a los profesionales
para presentar las correspondientes pólizas. Los concurrentes realizarán
mañana a las 11 una protesta frente a la Secretaría de Salud,
en reclamo de una solución.
Al igual que los residentes, los concurrentes forman parte del sistema
de capacitación en salud. Son profesionales recibidos que ingresan
a la carrera por concurso: los que obtienen mayor puntaje cubren los puestos
de residentes (rentados), y los que les siguen ocupan las vacantes para
concurrentes. La carrera dura cinco años, tras lo cual, a pedido
de las autoridades del hospital, el profesional podrá ser designado
como becario ad honorem.
El conflicto se originó con el decreto firmado en 1998 por el entonces
secretario de Salud, Héctor Lombardo, que establecía la
obligatoriedad -para concurrentes y becarios– de contratar un seguro
por mala praxis “a favor del gobierno de la ciudad”. En ese
momento la medida se suspendió ante una protesta de los profesionales.
Pero ahora fue reflotada por una resolución firmada por el actual
secretario, Aldo Neri, el 12 de junio de este año.
Aunque la presencia de los concurrentes en hospitales y centros de salud
tiene como objeto la capacitación, de hecho, estos profesionales
trabajan a la par de los de planta y contribuyen a sostener el sistema
público: son 4000 sobre un total de 12.000 profesionales.
“A principios de agosto nos retiraron las carpetas de asistencia
sin darnos una explicación”, dijo a Página/12 Ana Boschan,
psicóloga del Hospital Alvear, de emergencias psiquiátricas.
La profesional relató que los concurrentes de ese hospital atienden
pacientes y firman las historias clínicas –aunque no está
entre sus atribuciones– “porque nos hacemos responsables de
nuestro trabajo”.
Gustavo Berman, psicólogo del Centro de Salud Mental Ameghino,
dijo que “desde hace tres semanas pedimos una audiencia con el subsecretario
de Salud, pero hasta ahora no nos dieron respuestas”. Miriam Dios,
psicóloga del mismo centro, agregó que “el seguro no
se justifica en muchos casos, como el de los trabajadores sociales, bioquímicos
o psicólogos, pero en cualquier caso, debería hacerse cargo
el Estado”.
Los concurrentes plantaron su problema ante la Comisión de Salud
de la Legislatura porteña, que consensuó un proyecto de
declaración apoyado por todos los bloques. Allí, se le pide
al Ejecutivo que suspenda la aplicación de la norma “hasta
tanto se establezcan las modalidades de financiación del seguro
de mala praxis” para concurrentes y becarios, dijo a este diario
la presidenta de la Comisión, Clori Yelicic (alianza). La declaración
todavía no fue aprobada por el cuerpo.
Página/12 tampoco pudo obtener una respuesta oficial en la Secretaría
de Salud. Sin embargo, voceros de esa cartera admitieron que están
estudiando una solución al problema. “Estamos evaluando si
la ciudad se puede hacer cargo de ese gasto”, dijo una fuente de
esa cartera.
–Entonces ¿por qué firmaron la resolución? –preguntó
este diario.
–Hubo un dictamen reciente de la Procuración que exigía
el cumplimiento del decreto. Ante la proliferación de la industria
de los juicios por mala praxis, la ciudad necesita un resguardo legal.
La diputada Juliana Marino (peronista independiente), dijo anoche que
“hay voluntad de la Legislatura de respaldar a estos profesionales,
quesostienen buena parte de la atención a la demanda”. Pero
advirtió que también “se debe atender a la generalización
de la industria de los juicios”.
SIN
DATOS DEL EMPRESARIO SECUESTRADO
Negociación sigilosa
Varias comisiones policiales,
de la Departamental San Martín y hasta de la Policía Federal,
procuran dar con el paradero del empresario textil Abraham Awada, de 78
años, víctima desde el lunes por la noche de un secuestro
extorsivo. “No hay pistas concretas, hay varias hipótesis,
pero lo más conveniente es permanecer con la boca cerrada”,
dijo una fuente policial bonaerense. El eje de la investigación
está en manos de personal de la Delegación Departamental
de Investigaciones (DDI) de San Martín, pero también hay
intervención de grupos especializados de la Federal y de la Secretaría
de Inteligencia del Estado (SIDE).
“No tuvimos ninguna novedad, ningún llamado, nada”, volvió
a insistir Jadye Awada, hermana del empresario secuestrado, aunque fuentes
policiales aclararon que la mujer se encuentra “alejada” de
la negociación con los secuestradores, quienes realizaron “más
de un llamado, pero es inconveniente hablar sobre el contenido de esas
conversaciones”, insistió el vocero policial. En la Federal,
oficialmente se dijo que hasta ahora “nadie” le pidió
que interviniera. De todos modos, se sabe que la brigada antisecuestro
de la Federal, con el comisario Carlos Sabblich a la cabeza, se ha sumado
al seguimiento del caso.
“Acá lo que importa es resguardar la vida del secuestrado
y todo lo que se hace, en definitiva, está orientado a preservar
la intimidad de la negociación entre la familia y los secuestradores;
nada se va a hacer para sobrepasar ese límite que es la seguridad
de la persona”, dijeron las fuentes judiciales consultadas. La causa
pasó al juzgado federal de San Martín a cargo de Hugo Gurruchaga,
con intervención del fiscal Jorge Sica. La principal preocupación
de la familia está dada por la delicada salud de Awada. “Está
con problemas de corazón, tiene unos cuantos años y por
eso estamos muy preocupados por él”, explicó su hermana.
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