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 La masividad de la protesta
sorprendió en la ciudad, donde hacía años que no
se veía una marcha de esas dimensiones. Ayer, en La Plata, docentes,
médicos, judiciales y estatales bonaerenses se movilizaron frente
al edificio de la Gobernación en rechazo al recorte de los sueldos
y el pago en patacones; el acto tuvo una asistencia estimada en 30 mil
personas para la policía, o más de 50 mil para los organizadores.
Y se hizo notar, además, fuera de las calles más céntricas,
debido a que los manifestantes se concentraron por separado en plazas,
ministerios y tribunales antes de confluir bajo los ventanales de Carlos
Ruckauf. Horas después de terminado el acto, aunque podría
decirse que con su misma contundencia, el gobernador declaró ilegal
el paro de los maestros.
Los docentes decidirán hoy si continúan o levantan su huelga,
una medida que empezaron por 72 horas pero que ya va por su tercera semana.
“El paro es para que no nos recorten los sueldos, no nos congelen
la antigüedad, para que no se corten los fondos para comedores y
para que se pague en tiempo y forma”, enumeró ayer Hugo Yasky,
titular de Suteba y uno de los oradores del día.
Los judiciales, por su parte, anticiparon que continuarán su plan
de lucha. El sector se viene oponiendo con fuerza al recorte a través
del gremio que encabeza Víctor Mendibil y ayer también los
jueces hicieron oír sus críticas. En una carta enviada a
Ruckauf, el Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial rechazó
los patacones, con la advertencia de que llevarán a los jueces
a una “virtual cesación de pago” por su “limitada
aceptación material y territorial”.
Al mismo tiempo el Colegio de Abogados provincial pidió a la Corte
provincial que intervenga: “Hay empresas con fondos inmovilizados;
miles de personas que esperan resoluciones urgentes y hasta cuestiones
dramáticas de familia que no se pueden resolver”, señaló
el organismo.
La todavía escasa aceptación de los patacones es una cuestión
sensible para Ruckauf, quien ha anticipado que por mucho tiempo la provincia
no tendrá otra forma de completar los sueldos. Al mediodía,
cuando las primeras columnas comenzaban a agruparse, el gobernador llamó
a una conferencia de prensa para anunciar la admisión “progresiva”
que sus bonos están logrando entre los comerciantes y las empresas
de servicios públicos. Ruckauf insistió en la idea de que
los meses que vienen “serán más duros que los actuales”
y consideró que en ese marco la aceptación del patacón
1 a 1 ayudará a la provincia.
Junto con el tema de los límites que pusieron las empresas de servicios
públicos, una de las principales quejas entre los bonaerenses es
que no está siendo nada sencillo encontrar lugares donde pagar
con patacones artículos de primera necesidad; el problema mayor
está en los hipermercados, que sólo toman el 30 por ciento
de la compra en bonos, por lo cual quien vaya a comprar alimentos debe
contar sí o sí con pesos.
En la marcha de ayer, el sector de los trabajadores de la salud, encolumnados
detrás de la Cicop y de la Asociación de Médicos
de la República Argentina (AMRA), agregó a estos reclamos
puntuales el de la falta de insumos en los hospitales de la provincia.
El titular de la Cicop, Jorge Yabkowski, denunció que hay empresas
que “se están presentando en las licitaciones con sobreprecios
de entre el 30 y el 200 por ciento, a la vieja usanza de la hiperinflación”.
Los médicos temen que en esta situación crítica “cuando
llegue el tercer cuatrimestre los proveedores no se presenten, sabiendo
por anticipado que no les van a pagar”. En la marcha, esta idea se
traducía en la frase de que “lo peor está por venir”;
el diagnóstico, repetido por los manifestantes, es uno de las pocos
puntos de coincidencia con el gobernador.
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El clímax del
conflicto
El gobierno bonaerense declaró ayer la ilegalidad de la
huelga por tiempo indeterminado que realizan dos sindicatos docentes
de la provincia. “Mi gobierno va a cumplir taxativamente con
la ley en todas sus partes y ellos (los maestros) saben a qué
me refiero”, aseveró el gobernador Carlos Ruckauf. La
secretaria adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la
Educación (Suteba), Alicia Sánchez, anunció
que hoy “los maestros serán quienes decidan si levantamos
la huelga o la continuamos” y sobre “los riesgos de la
medida de ilegalidad”. Los maestros podrían perder los
días no trabajados o ser sumariados si no van a clase, y
hasta ser despedidos. Además, los sindicatos en huelga corren
el riesgo de perder la personería gremial. Mientras tanto,
Eduardo Duhalde y Hugo Yasky entraron en polémica. El ex
gobernador aseguró que los maestros son unos “desvergonzados”
por “no dejar las escuelas abiertas para que los chicos coman”,
a lo que el titular del Suteba respondió que “el tono
de Duhalde es el mismo tono autoritario de siempre, y eso de pretender
enfrentar a los docentes con la comunidad es su vieja política”.
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EL
AJUSTE SUMA CONSENSO EN CONTRA EN TODO EL PAIS
Unidad en la lucha opositora
A lo largo de la jornada continuaron
ayer las movilizaciones que, desde distintos puntos del país, manifestaron
su descontento ante el rumbo de la política oficial. Fueron múltiples
los modos de expresión que incluyeron desde escraches y cortes
de ruta hasta abrazos simbólicos.
El secretario de ATE Capital, Pablo Michelli, aseguró que la huelga
de 24 horas de los trabajadores estatales en contra del ajuste “fue
total”. A su vez, Michelli anunció nuevas medidas de fuerza
que podrían incluir un paro nacional en setiembre. La protesta
incluyó “escraches” frente a organismos públicos
y movilizaciones para rechazar los recortes salariales aplicados a los
empleados del sector, así como las consecuencias de la ley de déficit
cero.
El ministro de Economía, Domingo Cavallo, también tuvo su
propio escrache cuando cerca de 400 manifestantes cortaron Avenida del
Libertador para repudiar su plan y el de su par de Infraestructura, Carlos
Bastos, “para privatizar las centrales de Atucha y Embalse”.
Durante una asamblea realizada en el lugar, los trabajadores resolvieron
que, “si se llega a efectuar un solo despido de los 500 que están
previstos en CNEA, se tomarán todas las centrales y organismos
estatales de energía nuclear en el país”.
En Córdoba, se realizó un “abrazo solidario” en
torno a la sede local de la Dirección General Impositiva “en
repudio a cualquier intento de privatización”, tras lo cual
se movilizaron por el centro de esta ciudad. Finalmente se unieron a un
numeroso grupo de jubilados y pensionados que se manifestaron contra el
ajuste del Gobierno nacional.
En tanto, en Formosa trabajadores y desocupados arrojaron huevos contra
el edificio de la Casa de Gobierno provincial mientras marchaban en el
centro de la capital en reclamo del pago de salarios atrasados y en rechazo
del pago de sueldos en bonos. A su vez, cortaron la ruta nacional 11 en
la ciudad fronteriza de Clorinda. En Santiago del Estero más de
500 trabajadores estatales, docentes y estudiantes universitarios se movilizaron.
En esa provincia se cumplió la segunda jornada del paro por 48
horas dispuesto por los gremios de la educación.
En Chaco, un grupo de desocupados continuaron con la huelga de hambre
en reclamo de 400 planes trabajar y un aumento en las raciones de mercaderías
que reciben por mes. En San Juan, empleados estatales cortaron calles
en tanto personal médico instaló carpas frente a los hospitales.
En ambos casos, se trató de protestas por falta del pago del aguinaldo
y el sueldo de julio, así como contra los recortes salariales.
En Misiones, los docentes continuaron con la cuarta semana de paro y amenazaron
con iniciar una huelga de hambre.
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