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Por Raúl
Kollmann
 La consulta popular sobre los
costos de la política tendría varias preguntas –por
ejemplo, si los concejales deben cobrar, si se debe reemplazar el sistema
de las listas sábana, cómo tiene que ser el financiamiento
de los partidos– y aunque públicamente se dice que se haría
después de las elecciones del 14 de octubre, en el Gobierno esperan
una especie de “clamor” para que se haga el mismo día
de los comicios, con lo que se amortiguaría un poco –según
los estrategas de la Casa Rosada– la derrota en la elección
de legisladores. De todas maneras, aun si la consulta se hiciera después,
el Gobierno espera que le sirva para el mismo objetivo: alivianar la derrota
y devolverle gobernabilidad. Sin embargo, como dicen los politólogos,
“a los plebiscitos los carga el diablo”, o sea que aunque las
preguntas sean obvias, si hay mucha bronca, el oficialismo podría
hasta perder –por el peso de la gente que no va a votar o el voto
en blanco– una consulta que se cree que tiene en el bolsillo.
La realidad es que gran parte de los ciudadanos está a favor de
que debe hacerse una reforma política y que se deben bajar los
gastos. El Senado, por ejemplo, hace siete semanas que no le da sanción
a una norma que reduce el tiempo de las campañas electorales, reglamenta
muy débilmente la recaudación de fondos de las fuerzas políticas
y obliga a realizar internas abiertas en todos los partidos. Se trata
de un recorte más que modesto y sin embargo no se aprueba. Al mismo
tiempo, la gente está de acuerdo en suprimir los senados provinciales,
reducir los presupuestos del Congreso y las legislaturas y, en general,
bajar los 1200 millones de pesos anuales que cuestan los poderes legislativos.
De todas maneras, también el ciudadano común adivina en
el plebiscito una especie de maniobra para reducir la envergadura de la
derrota que –según la mayor parte de las encuestas– se
le viene encima a la Alianza.
Más allá de estos datos, el primer problema del plebiscito
es la fecha. Por de pronto no se puede hacer una semana después
de las elecciones, como sugirió el Presidente, sino al menos tres
semanas más tarde: o bien el 4 de noviembre o el 11. Esto es así
por dos razones:
u Los jueces electorales ya le hicieron saber al Gobierno que antes de
dedicarse a la consulta tienen que terminar el escrutinio definitivo de
la elección de diputados y senadores del 14 de octubre. Esto les
lleva, al menos unos diez días.
u La ley electoral dice que los comicios deben ser convocados con 60 días
de anticipación y lo cierto es que para el 14 de octubre, sólo
faltan 50 días y para el 21, la fecha que sugirió Fernando
de la Rúa, faltan 57.
La verdadera pretensión de los dos hombres que impulsan la consulta,
Nicolás Gallo y Antonito De la Rúa, es que se haga el mismo
día de las elecciones, algo que iría en contra de la ley
de reglamentación de los plebiscitos –prohíbe que una
consulta se haga al mismo tiempo que las elecciones nacionales– y
además no se cumpliría con los 60 días como plazo
previo de convocatoria. Igual le están buscando la vuelta y la
jugada es el operativo “clamor”: hacerlo el 14 para ahorrar
gastos. Ayer mismo, el titular del partido de Domingo Cavallo, Armando
Caro Figueroa, que por otra parte integra el Gobierno, presentó
un proyecto en Diputados para que se vote allí la convocatoria
el mismo día de las elecciones.
Más curiosa es la polémica que se viene sobre las preguntas.
Desde el punto de vista legal, la reglamentación de la consulta
indica que debe contestarse sólo que sí o que no a un determinado
proyecto. Esto significa que si hay temas distintos, o bien se le da la
opción al ciudadano de votar todo en bloque, a favor o en contra,
o tiene que haber una boleta con un sí y un no por cada pregunta.
También en este terreno, los ideólogos de la consulta buscarán
alguna fórmula para resolver el obstáculo legal. Hasta el
momento, las preguntas se mantienen en el más absoluto secreto
y el Gobierno seguramente mandará a hacer encuestas –ya lo
viene haciendo– para tener en claro qué es lo popular y lo
impopular. En principio se mencionan temas como el sueldo de los concejales,
la anulación de los senados provinciales, la reducción de
legisladores, las listas sábanas y otras por el estilo. Es curioso,
porque teóricamente una consulta debería resolver temas
polémicos y no los que tienen unanimidad: la pena de muerte, el
aborto, los acuerdos con Chile, la deuda externa. Todo indica que más
que consultar, se busca el respaldo político.
Pese a todos los recaudos, las consultas populares suelen ser peligrosas
para los que las convocan. José Manuel de la Sota ganó la
que acaba de hacer, pero su imagen es muy aprobada en Córdoba.
Antonio Cafiero y Leopoldo Moreau, o sea el PJ y la UCR, perdieron estrepitosamente
la que se hizo en la provincia de Buenos Aires a principios de los 90
y lo mismo puede ocurrir esta vez: la gente, sólo por bronca, puede
votar masivamente en contra o boicotear la elección no yendo a
votar, lo que derivaría en una derrota política.
POLEMICA
ENTRE POLITICOS POR EL COSTO DE LA POLITICA
Las aguas bajan muy turbias
La iniciativa oficial de convocar
a un plebiscito para concretar la reforma política generó
una ola de repercusiones, que abarcaron desde el apoyo más explícito
hasta duras críticas. Curiosamente, en el sector que defiende la
propuesta quedaron juntos el vicejefe de Gabinete y presidente de Acción
por la República (AR) Armando Caro Figueroa, con el ministro de
Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, y el presidente del bloque aliancista
de Diputados, Darío Alessandro, y en la vereda crítica terminaron
el senador radical Leopoldo Moreau y un grupo de diputados frepasistas
que calificó como “absurda” la idea.
“Hay intereses de algún sector de la corporación política,
que bloquea la posibilidad de la reforma”, disparó Caro Figueroa,
y agregó que “romper ese bloqueo es convocar a los ciudadanos
para que se pronuncien”. El jefe cavallista tuvo otro aliado en el
Gabinete en su apoyo a la idea del plebiscito. “La gente tiene una
decisión tomada, que es achicar el gasto de la política”,
dijo Cafiero, y agregó que con la consulta se podrían “borrar
los obstáculos” para la reforma. A su turno, Alessandro señaló
que el plebiscito “puede servir como elemento de presión para
que hagamos lo que la gente está diciendo”.
Pero también la intención del presidente Fernando de la
Rúa encontró resistencias. “En lo que se gasta mucho
es en la corrupción, en el sobreprecio en las licitaciones, en
las negociaciones con los amigos banqueros y en los negocios con los amigos
contratistas”, afirmó la diputada de Alternativa por una República
de Iguales (ARI) Elisa Carrió. En tanto, Moreau le advirtió
al Poder Ejecutivo que “no debe levantar cortinas de humo con esta
hipocresía del plebiscito”.
Por su parte, varios diputados del Frepaso difundieron un comunicado en
donde calificaron de “absurda y superflua” a la idea delarruista,
dejando “off side” a Alessandro, que por la mañana había
defendido la iniciativa. Quienes firmaron el comunicado fueron los diputados
Irma Parentella, Carlos Raimundi, Alejandro Peyrou, Fernando Melillo,
Isabel Foco, Bárbara Espínola, y el senador Pedro Del Piero.
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