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Por Irina Hauser
 “El gobernador Angel Maza
jamás pudo desconocer que los expedientes jubilatorios que se mandaban
a la Nación eran absolutamente falsos”, acusó el concejal
del Frente Grande riojano, Pablo Díaz. No fue un comentario en
una charla de ascensor ni de amigos. Lo dijo bajo juramento al presentarse
espontáneamente a declarar en la fiscalía de Guillermo Marijuán,
quien conduce la investigación sobre 747 jubilaciones truchas del
Banco de La Rioja que se usaron para comprar votos, y beneficiar a funcionarios,
legisladores, familiares y conocidos. Díaz, un político
de la ciudad de Olta pionero en seguir la huella de las jubilaciones irregulares,
entregó a la Justicia documentación que demostraría
la responsabilidad de Maza y otros ex funcionarios como Antonio Erman
González en la maniobra.
El caso de las jubilaciones falsas en la tierra de Carlos Menem ya derivó
en el llamado a indagatoria de 148 personas consideradas sospechosas,
que declararán desde septiembre ante el juez Rodolfo Canicoba Corral
y Marijuán. Los demás imputados por jubilarse como bancarios
pese a no haber trabajado en el Banco de La Rioja, o no haberlo hecho
el tiempo suficiente, y los funcionarios responsables de la asignación
de los retiros siguen investigados con altas chances de ser indagados.
En esa dirección podrían echar luz los datos aportados ayer
por el concejal. La denuncia original hecha por la Anses, pide que se
investigue el posible delito de asociación ilícita, que
no es excarcelable. Se calcula que el fraude es de por lo menos 60 millones
de dólares.
En un escrito que sumó a su declaración ante el fiscal,
Díaz consignó que el 26 de junio de 1998 se firmó
un “acta complementaria” del convenio de transferencia del sistema
previsional riojano a la Nación que llevaba un listado de 529 beneficiarios
de varios regímenes jubilatorios y aclaraba que “los representantes
de la provincia constataron expresamente el cumplimiento de los requisitos
legales correspondientes” a pesar de las objeciones de la Anses para
varios de esos casos.
Entre los jubilados que figuran en el acta en cuestión, aparecen
algunos que ya fueron citados a indagatoria por el juez Canicoba Corral,
por considerar probado que falsificaron documentos para jubilarse como
reyes. Entre muchos otros ejemplos, figuran Pedro José Páez,
actual diputado provincial por el departamento de Sanagasta, que se jubiló
a los 35 años por 5927,51 pesos mensuales; José Ramón
Daher, ex diputado provincial, retirado a los 41 años con 6778,37
pesos por mes; y Silvia Rosa Quiroz, a los 32 años, con un ingreso
de 1153 pesos.
El acta –devenida decreto– que certificaba la legitimidad de
esos beneficios, lleva la firma del gobernador Maza, el ex ministro de
Trabajo Antonio Erman González, el contador general de La Rioja
Marcelo Macchi, el administrador de la Unidad de Control Previsional Rolando
Pedro Silos y el asesor general de la provincia Diego Alvarez. Este último,
hombre de confianza de Maza por excelencia, fue titular del Organismo
Interjurisdiccional que otorgaba las jubilaciones. Su esposa, Silvia Estela
Leo, está citada a indagatoria por jubilarse como una bancaria
que nunca fue con un ingreso de 2152 pesos. Alvarez, además, fue
incriminado por José Ponce, un albañil que lo acusó
de haber firmado su jubilación trucha a cambio de que él
y su familia votaran una lista peronista.
A los detalles sobre el compromiso de Maza y su gobierno, Díaz
agregó precisiones sobre las jubilaciones de 39 beneficiarios que
integran el listado de 747 imputados, pero que aún no fueron citados
a indagatoria. Entre ellos nombra, por ejemplo, a Rolando Ignacio Maza,
explicando que es primo del gobernador. También a un profesor de
tenis de Menem, Juan Horacio Carreño, a Blanca María Font,
ex fiscal municipal de Chilecito, a Daniel Carrión, “conocido
como brujo o curandero y amigo de ‘Lito’ Asis, secretario de
Educación de la provincia”, al concejal Pablo Omar Castro
y el ex diputado Hugo Isidro Carrizo. Sus jubilaciones llegan a 6000 pesos.
Mientras el expediente sigue en la Capital, los riojanos rezan para que
pase a la “benévola” Justicia provincial. Allí,
el juez Enrique Chumbita -que autorizó a Menem a candidatearse
a senador pese a estar preso– debe decidir si reclama la competencia.
La Cámara porteña también debe resolver, en base
a un reclamo de dos acusados, donde sigue la causa.
EL
JUICIO COMENZARA EXACTAMENTE EN UN MES
El caso AMIA ya tiene fecha
Por R. K.
Exactamente dentro de un mes,
el 24 de setiembre, empezará el juicio oral por el caso AMIA. Ayer,
el Tribunal Oral número 3 dio otra muestra del cuidado con el cual
manejará el proceso y aceptó un pedido para que se incorpore
como prueba el sumario interno que se está haciendo en la SIDE
por las irregularidades que se cometieron en la investigación.
O sea que el Tribunal quiere saber si la SIDE armó o no pruebas,
si hizo desaparecer evidencias y si escondió o no una causa judicial,
anterior al atentado, en la que ya estaba tras la pista de supuestos terroristas
iraníes.
La expectativa mundial se centrará en Buenos Aires cuando dentro
de un mes se abra lo que será uno de los juicios más importantes
de la historia argentina. En verdad, no estarán en el banquillo
los culpables principales de la mayor masacre ocurrida en el país
porque lo cierto es que no se sabe quienes fueron los asesinos de las
85 víctimas. Se juzgará, en cambio, a un armador de autos
truchos, Carlos Telleldín, y a un grupo de policías bonaerenses
encabezados por el otrora poderoso comisario Juan José Ribelli,
todos sospechados de haber sido cómplices del atentado. Se calcula
que el proceso va a tardar cerca de un año y, por primera vez,
habrá un veedor oficial de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Claudio Grossman, y decenas de delegados de distintas
entidades del mundo.
Ayer, el tribunal que integran los doctores Miguel Pons, Gerardo Larrambebere
y Guillermo Gordo terminaron de aceptar o denegar las últimas pruebas
y testigos propuestos por las partes. Entre los nuevos convocados a declarar
figuran el ex embajador de Israel Itzhak Avirán, el ex canciller
Guido Di Tella y el actual intendente de San Miguel Aldo Rico. En tanto
zafaron de declarar en el juicio Carlos Corach y Eduardo Duhalde.
Lo más llamativo de la resolución del Tribunal se refiere
a la SIDE y va en dos sentidos. Por un lado, pide que semana a semana
se entreguen los resultados de un sumario interno que ordenó ya
hace meses el actual titular de la secretaría, Carlos Becerra,
en el que se investigan las presuntas maniobras de la central de espías.
Pero por otro lado, se cita a declarar a Nilda Garré, que desde
el Ministerio de Justicia está a cargo de la llamada Task Force,
o sea el equipo que sigue investigando el caso AMIA. Garré ordenó
hace un tiempo un profundo análisis de lo hecho por la SIDE desde
un año antes del atentado hasta un año después, incluyendo
el dinero que se movió, los objetivos, cuáles fueron los
grupos operativos que actuaron y qué hicieron exactamente.
Las sospechas sobre la SIDE tienen que ver con que, presuntamente, antes
del atentado tenía en marcha una investigación sobre un
grupo islámico terrorista que operaba en el país, pero que
“se les escapó” y produjo el ataque. La sospecha es que,
para que no se conozca semejante fracaso, la SIDE alteró pruebas,
borró casettes de escuchas telefónicas, armó pistas
falsas y terminó pagándole –con autorización
del juez Galeano– unos 400.000 pesos a uno de los imputados, Carlos
Telleldín.
En una palabra, dentro de un mes se pondrá en marcha un complicado
proceso judicial en el que habrá acusados de complicidad en el
banquillo, pero que también abarcará la forma en la que
se realizó una investigación en la que personal de las fuerzas
de seguridad pateó en contra.
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