Por José Natanson

La cifra es contundente: 1800 millones de pesos anuales. Según los cálculos provisorios que hacían ayer en la Rosada, éste sería el total de recursos que podrían ahorrarse si se pone en marcha la ambiciosa reforma política que Fernando de la Rúa quiere plebiscitar antes de las elecciones de octubre.
El viceministro del Interior, Lautaro García Batallán, es uno de los funcionarios que se ocupó de estudiar los detalles de la iniciativa que el Presidente anunció el miércoles en un mensaje por la cadena oficial. “La idea no es plantear el tema desde un enfoque economicista, pensando sólo en la cantidad de gastos que se van a eliminar. El objetivo es mejorar la calidad de la política, el ahorro va a ser consecuencia de eso”, explicó a Página/12.
El ahorro, de todos modos, será considerable. Aunque aun no hay una versión definitiva, la reforma incluiría una serie de propuestas que permitirían recortar todo tipo de gastos.
La más sencilla es el establecimiento de topes: a los gastos de las legislaturas provinciales (que no puedan superar el 1,5 por ciento del presupuesto), a los salarios de los funcionarios (que no puedan ser mayores al sueldo del gobernador). También podría crearse una escala nacional, de manera que los sueldos de los mandatarios locales se equiparen con los nacionales: que un gobernador, por ejemplo, no pueda ganar más que el jefe de Gabinete nacional.
Otro de los iniciativas es la modificación de las cartas orgánicas municipales y la creación un régimen más racional, atando el número de concejales a la cantidad de habitantes. En la actualidad, no hay una norma única, por lo que una ciudad puede funcionar con 5 y otra con 19 concejales a pesar de tener la misma cantidad de habitantes.
La unicameralidad es un tema más complicado, porque antes deben reformarse las constituciones provinciales, pero traería un ahorro considerable: cada legislador implica también un conjunto de asesores, secretarias, becas, pasajes y otros gastos. Hoy quedan siete distritos con dos cámaras, entre ellos Buenos Aires y Santa Fe. También podría incluirse un capítulo para reducir el número de diputados nacionales.
Otro punto, que también significaría un ajuste del gasto político, sería la eliminación de las becas y pensiones que el Congreso Nacional y algunas Legislaturas provinciales otorgan sin control alguno.
El último ítem sería la eliminación de las listas sábana (aunque aún no se definición el nuevo sistema). Como yapa, en el Gobierno planean incluir un último punto, que no tendría que ver específicamente con la reforma política, como la representación de las minorías en los sindicatos o el recorte de los sueldos de la Justicia.
Aunque es imposible hacer un cálculo exacto, el ahorro –según el Gobierno– sería de unos 1800 millones de pesos anuales. Una cifra nada desdeñable que, por ejemplo, equivale al total del presupuesto universitario. Desde luego, dependerá de la profundidad de la reforma. Como el plebiscito es no vinculante, el proyecto no comenzará a funcionar automáticamente, sino que dependerá de la modificación de leyes nacionales y locales, de la reforma de algunas constituciones provinciales y de las cartas orgánicas municipales.
El proceso es complejo, pero en la Rosada están convencidos de que será inexorable. “Es difícil que la clase política se transforme a sí misma. Por eso la idea es darle un consenso social al proyecto”, explicó García Batallán. El resto está casi definido: el plebiscito es no vinculante, se realizará una o dos semanas después del 14 de octubre, incluirá no más que cinco puntos y –según sostienen en Interior– su costo no será demasiado alto, ya que se usará parte de la infraestructura de las elecciones.
El temor del Gobierno pasa por otro lado: básicamente, por el riesgo de que la apatía general reduzca al mínimo la afluencia de votantes, restándole legitimidad a la movida. “No esperamos una trabajo muy activo de la nomenclatura de los partidos políticos. No van a ayudar, van a hacer una oposición silenciosa. Pero, una vez que el tema esté instalado, nadie se va a poder oponer”, confiaba ayer un funcionario del Gobierno.

PRINCIPAL