Por José
Natanson
La cifra es contundente: 1800
millones de pesos anuales. Según los cálculos provisorios
que hacían ayer en la Rosada, éste sería el total
de recursos que podrían ahorrarse si se pone en marcha la ambiciosa
reforma política que Fernando de la Rúa quiere plebiscitar
antes de las elecciones de octubre.
El viceministro del Interior, Lautaro García Batallán, es
uno de los funcionarios que se ocupó de estudiar los detalles de
la iniciativa que el Presidente anunció el miércoles en
un mensaje por la cadena oficial. La idea no es plantear el tema
desde un enfoque economicista, pensando sólo en la cantidad de
gastos que se van a eliminar. El objetivo es mejorar la calidad de la
política, el ahorro va a ser consecuencia de eso, explicó
a Página/12.
El ahorro, de todos modos, será considerable. Aunque aun no hay
una versión definitiva, la reforma incluiría una serie de
propuestas que permitirían recortar todo tipo de gastos.
La más sencilla es el
establecimiento de topes: a los gastos de las legislaturas provinciales
(que no puedan superar el 1,5 por ciento del presupuesto), a los salarios
de los funcionarios (que no puedan ser mayores al sueldo del gobernador).
También podría crearse una escala nacional, de manera que
los sueldos de los mandatarios locales se equiparen con los nacionales:
que un gobernador, por ejemplo, no pueda ganar más que el jefe
de Gabinete nacional.
Otro de los iniciativas es
la modificación de las cartas orgánicas municipales y la
creación un régimen más racional, atando el número
de concejales a la cantidad de habitantes. En la actualidad, no hay una
norma única, por lo que una ciudad puede funcionar con 5 y otra
con 19 concejales a pesar de tener la misma cantidad de habitantes.
La unicameralidad es un tema
más complicado, porque antes deben reformarse las constituciones
provinciales, pero traería un ahorro considerable: cada legislador
implica también un conjunto de asesores, secretarias, becas, pasajes
y otros gastos. Hoy quedan siete distritos con dos cámaras, entre
ellos Buenos Aires y Santa Fe. También podría incluirse
un capítulo para reducir el número de diputados nacionales.
Otro punto, que también
significaría un ajuste del gasto político, sería
la eliminación de las becas y pensiones que el Congreso Nacional
y algunas Legislaturas provinciales otorgan sin control alguno.
El último ítem
sería la eliminación de las listas sábana (aunque
aún no se definición el nuevo sistema). Como yapa, en el
Gobierno planean incluir un último punto, que no tendría
que ver específicamente con la reforma política, como la
representación de las minorías en los sindicatos o el recorte
de los sueldos de la Justicia.
Aunque es imposible hacer un cálculo exacto, el ahorro según
el Gobierno sería de unos 1800 millones de pesos anuales.
Una cifra nada desdeñable que, por ejemplo, equivale al total del
presupuesto universitario. Desde luego, dependerá de la profundidad
de la reforma. Como el plebiscito es no vinculante, el proyecto no comenzará
a funcionar automáticamente, sino que dependerá de la modificación
de leyes nacionales y locales, de la reforma de algunas constituciones
provinciales y de las cartas orgánicas municipales.
El proceso es complejo, pero en la Rosada están convencidos de
que será inexorable. Es difícil que la clase política
se transforme a sí misma. Por eso la idea es darle un consenso
social al proyecto, explicó García Batallán.
El resto está casi definido: el plebiscito es no vinculante, se
realizará una o dos semanas después del 14 de octubre, incluirá
no más que cinco puntos y según sostienen en Interior
su costo no será demasiado alto, ya que se usará parte de
la infraestructura de las elecciones.
El temor del Gobierno pasa por otro lado: básicamente, por el riesgo
de que la apatía general reduzca al mínimo la afluencia
de votantes, restándole legitimidad a la movida. No esperamos
una trabajo muy activo de la nomenclatura de los partidos políticos.
No van a ayudar, van a hacer una oposición silenciosa. Pero, una
vez que el tema esté instalado, nadie se va a poder oponer,
confiaba ayer un funcionario del Gobierno.
Baylac sigue defendiendo
El Gobierno salió ayer al cruce de los cuestionamientos
que diferentes dirigentes de la Alianza habían formulado
al anuncio de Fernando de la Rúa sobre la realización
de un plebiscito por la reforma política. Es absurdo
que utilicen los mismos argumentos que la oposición. Parece
extraño que después de 18 años de democracia,
algunos políticos no quieran llevar adelante una discusión
frente a la sociedad en relación a la autocrítica
que la política debe hacer, afirmó el vocero
del Gobierno, Juan Pablo Baylac, en referencia a las críticas
que, entre otros, habían formulado Elisa Carrió, Leopoldo
Moreau, varios diputados del Frepaso y también dirigentes
peronistas como Eduardo Duhalde.
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