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Por Horacio Verbitsky
 Las diputadas Elisa Carrió
y Graciela Ocaña presentarán en la sesión del martes
de la Comisión Investigadora sobre Lavado de Dinero una moción
de censura contra el jefe del gabinete de ministros, Chrystian Colombo,
“por engañar al Congreso de la Nación”. Si la
comisión y la Cámara de Diputados la aprueban Colombo será
interpelado y podrá ser removido “por el voto de la mayoría
absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”, según
el artículo 101 de la Constitución Nacional. Es difícil
que Colombo pueda alegar legítima defensa: la información
que habría ocultado al Congreso se referiría a su propio
desempeño como presidente del Banco Nación, en beneficio
del Grupo Yoma y en desmedro del erario público. El engaño
adquiere una gravedad adicional desde que Colombo es el funcionario encargado
de mantener informado al Congreso acerca del uso que el Poder Ejecutivo
haga de las facultades que el Legislativo le delegó en marzo de
este año. El preinforme de la Comisión Carrió dedica
todo un capítulo al Banco Macro, de una de cuyas empresas vinculadas
fue máximo directivo Colombo. Ese capítulo alude a las relaciones
con Emir Yoma y el menemismo.
La escondida
El Informe Nº 48 de la jefatura, del 23 de noviembre del año
pasado, documentaría el engaño. En respuesta a un cuestionario
presentado por Ocaña acerca de los créditos concedidos por
el Banco Nación al Grupo Yoma, Colombo entregó un informe
de la Auditoría del Banco Nación en cuyo encabezamiento
reza: “Borrador preliminar, sin conclusiones”. Sin embargo,
Carrió y Ocaña obtuvieron un ejemplar de la misma auditoría,
concluida cuatro meses antes del informe de Colombo al Congreso, donde
figura un capítulo de Conclusiones. Al presentar en público
el primer trabajo de la Comisión, Carrió elogió al
actual presidente del Banco Nación, Enrique Olivera, por su colaboración
con las investigaciones.
La presidenta de la Comisión, que ha reconstruido su relación
con los demás miembros, les anticipó en el encuentro del
jueves que estaba preparando el proyecto de moción de censura contra
Colombo y que esperaba completarlo, con la documentación respaldatoria,
para la reunión de pasado mañana. Ningún legislador
formuló objeciones. No estaba presente el presidente del bloque
de diputados de la UCR, Horacio Pernasetti.
El ocultamiento de las conclusiones de la Auditoría no habría
sido ingenuo. Según ese texto “la atención crediticia
brindada al Grupo Yoma excede con amplitud el riesgo a asumir con un cliente,
teniendo en cuenta su responsabilidad patrimonial, y en modo especial
su capacidad operativa para generar ingresos y utilidades reales que le
permitan atender normalmente los servicios de amortización de capital
y/o intereses de todos sus pasivos”. Las deudas del Grupo Yoma superan
los 150 millones de dólares y el principal acreedor es el Banco
Nación, con 90. Los auditores consideran “excesiva la cuantía
del apoyo en función de las reales necesidades que derivan de la
actividad productiva a la que se asiste, en directa relación con
los bienes afectados a la misma”, lo cual sugiere que esos fondos
se destinaban a otros fines. También dijeron que las garantías
de las deudas de Yoma eran insuficientes y sólo cubrían
el 41,8 por ciento de los créditos. Peor aún, casi la mitad
de ese total “corresponde a prendas flotantes sobre cueros, las que
teniendo en cuenta sus características legales no ofrecen un sólido
respaldo a nuestra acreencia”.
Las garantías solidarias que el Banco había exigido a los
hermanos Emir Fuad y Alfredo Carim Yoma “se consideran nulas, dado
que en sus manifestaciones de bienes los obligados únicamente denuncian
acciones en otras sociedades, no habiéndose solicitado la documentación
respaldatoriade bienes muebles o inmuebles registrables que afiancen los
derechos del Banco”. A la luz de esta información, los auditores
consideraron “dudosa la recuperación integral de nuestras
acreencias, teniendo en cuenta el elevado endeudamiento que registran
las firmas del Grupo Yoma frente a su capacidad de pago, el decreciente
valor de tasación de sus bienes y la cantidad y calidad de las
garantías recibidas en resguardo de nuestros créditos”.
Diez millones más
Según la diputada Ocaña, Colombo le había anunciado
que iba a denunciar a Yoma ante la Justicia por la irregularidad en la
constitución de las garantías, pero no lo hizo. “Por
el contrario, le dio otros diez millones de dólares en garantías,
con fondos que salieron de la AFIP”. La pregunta 294 presentada por
la Cámara de Diputados a Colombo inquiría qué garantías
había emitido el Banco Nación a favor del Grupo Yoma “desde
el 1º de agosto de 2000”, es decir después de la auditoría
que en forma tan categórica lo desaconsejaba. La respuesta de Colombo
confirmó que se habían emitido garantías por casi
6 millones de dólares por pagos en concepto de Promoción
Industrial y por otros 3 millones por reintegros de IVA por exportaciones.
Según Ocaña, al concluir 2000 el Banco Nación había
emitido garantías a Yoma por otro millón, completando un
cupo anual de diez millones. La diputada electa en las listas del Frepaso,
se ha convertido en una de las principales colaboradoras de Carrió.
“En octubre de 2000 recibí la auditoría del Banco Nación.
Por eso, en noviembre elevé al jefe de gabinete la pregunta 295.
Quería saber, como consta en el Informe de la propia jefatura,
si el Banco Nación había finalizado la Auditoría
ordenada por el directorio sobre los créditos asignados al Grupo
Yoma”. Ocaña también preguntó entonces si “las
conclusiones” del informe preliminar determinaban que “si se
liquidaran las garantías en poder del Banco, éste sólo
podría recuperar menos del 20 por ciento de los créditos”.
Al recibir la respuesta de Colombo no advirtió la importancia de
la omisión. “Me la hicieron notar los asesores cuando preparábamos
el preinforme de la Comisión”, uno de cuyos capítulos
se refiere a los nexos entre los grupos Yoma y Macro (ver “El banco
de la Coordinadora”).
Durante la gestión de Carlos Silvani, la AFIP había incluido
a las empresas de los cuñados de Menem en un régimen de
cobro inmediato sin garantía, reservado a grandes empresas y de
solvencia incuestionable. Por ese mecanismo, la DGI paga la promoción
industrial y el reintegro del IVA contra la declaración de cada
exportación realizada. Cuando Rodolfo Terragno y Carlos Alvarez
hicieron derrapar a Silvani, su reemplazante, Héctor Rodríguez,
analizó los balances del Grupo Yoma, que ya estaba en convocatoria
de acreedores, y concluyó que, como no tenía activos suficientes,
para adelantarle el dinero era necesaria una garantía. De ese modo,
si luego se comprobara que la exportación no se efectuó
según lo declarado, la DGI podría recuperar lo pagado. Pero
la Cámara Civil, Comercial y de Minas de Chilecito, La Rioja, ordenó
seguir pagando según el régimen anterior y su presidente,
Daniel Flores, embargó fondos de la AFIP en su provincia e impuso
multas progresivas al Banco Nación por cada día que pasara
sin cumplir esa orden. El argumento invocado es el mismo que los Yoma
oponen cada vez que alguna autoridad pública les reclama el cumplimiento
de sus obligaciones: el mantenimiento de la fuente de trabajo. Un subsidio
vitalicio a todos los trabajadores de la curtiembre sería más
económico para el fisco que la prolongación del estado de
cosas iniciado en 1989.
En abril de este año, el Banco Nación denunció al
juez riojano Flores por prevaricato, al haber ordenado un embargo por
trece millones y una intimación de pago por otros siete, con lo
cual el Grupo Yoma en vez de pagar sus deudas seguiría recibiendo
transfusiones del Estado nacionalpara las que no rige el déficit
cero. La denuncia se acumuló a la causa por el fraude en los créditos
del Banco Nación al Grupo Yoma, que se inició en 1994 a
raíz de las primeras investigaciones de este diario. Pero el juez
federal Claudio Bonadío se declaró incompetente y remitió
la denuncia contra el juez civil riojano a su colega federal también
de La Rioja Enrique Chumbita. La Cámara Federal de la Capital recibió
la apelación del Banco.
Unipersonal
Pese a que Yoma es el principal acreedor privado del Banco Nación
y sin considerar las conclusiones de la Auditoría, el 10 de agosto
de 2000 Colombo aceptó otorgar las nuevas garantías. Esa
escandalosa decisión fue revocada por el actual presidente del
Banco, Enrique Olivera. Lo sucedido parece un unipersonal en el que un
solo actor desempeña todos los papeles. Al explicar al Congreso
por qué el ex presidente del Banco Nación Chrystian Colombo
había dispuesto otorgar los avales, el jefe de gabinete Chrystian
Colombo dijo que impedir el cierre de la curtiembre era “la mejor
garantía de repago de los pasivos asumidos”, razonamiento
contradictorio con las conclusiones de la Auditoría ocultada a
los legisladores. Agregó que en el otorgamiento de los avales también
había participado el Banco Macro, de una de cuyas empresas, Macro
Valores, fue directivo Chrystian Colombo antes de ser designado en el
Nación. Al justificar su decisión, Colombo dijo que en el
pasado no se habían descubierto rechazos o impugnaciones significativos
de la AFIP a los reembolsos por exportaciones de los Yoma “según
los antecedentes proporcionados por la empresa”. También aceptó
“manifestaciones de la empresa” según las cuales existiría
“un control en tiempo real por parte de la Aduana respecto de los
volúmenes físicos que la empresa exporta”. Que la calidad
del control de la Aduana se determine por la evaluación de los
controlados explica por qué la evasión ronda los 30.000
millones anuales y el ajuste se hace sobre las jubilaciones.
Los avales ya habían dado lugar a una denuncia penal que involucraba
a Colombo. En 1998, aún bajo el menemismo, el Banco Nación
concedió nuevos créditos al grupo Yoma, que los garantizó
cediendo sus derechos sobre los reintegros por el IVA a las exportaciones.
Sólo que antes ya había entregado esos derechos al Banco
Macro, mientras Colombo era el principal ejecutivo de Macro Valores. Bajo
juramento Yoma había declarado “que los créditos no
han sido cedidos en forma total o parcial con anterioridad al presente
acto ni gravados con prenda”. Cuando la AFIP empezó a pagar
los reintegros la mayor parte de ese dinero no fue al Banco Nación,
sino al Macro, que tenía precedencia. En junio de 2000, la Comisión
de Riesgo Crediticio del Nación presentó un informe al directorio
presidido por Colombo, en el que afirmó que para la Asesoría
Legal se había cometido el delito de estafa. “De haber tenido
conocimiento el banco de la existencia de la anterior cesión no
habría acordado los créditos en cuestión”. Por
ello, “el banco estaría en condiciones de formular la pertinente
denuncia”.
No obstante, el directorio dilató la decisión y prefirió
ordenar un nuevo “dictamen legal ampliatorio”. El 12 de julio,
la Asesoría Jurídica elevó su dictamen definitivo,
en el que sostuvo que “corresponde formular la denuncia penal”.
Las diputadas Graciela Ocaña y Margarita Stolbizer dieron intervención
a la Oficina Anticorrupción que, luego de varias intimaciones,
dio plazo al Banco Nación hasta octubre pasado para formular la
denuncia. Colombo dejó el Banco Nación en octubre sin haber
cumplido con esa recomendación, para asumir la jefatura de gabinete.
El 27 de diciembre el nuevo directorio del Nación, encabezado por
Olivera, formuló la denuncia. Bonadío desglosó este
episodio y dio vista a los fiscales Jorge Di Lello y Gerardo Pollicita,
quienes impulsaron la acción por eldelito de estafa en contra de
la administración pública. Los imputados son “los integrantes
de la firma Yoma SA y/o quienes por comisión u omisión hubieren
contribuido” a concretar los delitos. Una de sus penas es la inhabilitación
de por vida. Según los fiscales, recién cuando el Banco
Nación quiso hacer efectivas sus garantías supo por la AFIP
“de la existencia de cesiones anteriores a favor del Banco Macro
Misiones”, por un monto total de 12,5 millones de dólares.
En mayo de este año, Olivera entregó al juez Bonadío
la auditoría de julio de 2000, con las conclusiones que Colombo
prefirió ocultarle al Congreso. Pese a todo ello, Bonadío
aún no resolvió que correspondiera citar a nadie a declaración
indagatoria. “No es extraño, dada su frecuentación
de Emir Yoma, documentada en las agendas de Lourdes di Natale”, concluye
Graciela Ocaña, rebautizada por Carrió como “La hormiguita
viajera”.
El
Banco de la Coordinadora
Por H.V.
El preinforme de la Comisión
Investigadora sobre Lavado de Dinero confirmó la relación
entre el Banco Macro y el Grupo Yoma que se investigó en estas
páginas. También se explayó acerca del carácter
de banca política del grupo en el que trabajó Chrystian
Colombo antes de su ingreso al gobierno de Fernando De la Rúa.
Macro es el acrónimo de Muy Agradecidos a Celestino Rodrigo, por
el Ministro de Economía que en 1975 licuó la moneda y permitió
despegar con una significativa diferencia a los propietarios de la entonces
financiera Macro y de la consultora Econométrica: José María
Dagnino Pastore, Mario Brodersohn, Alieto Guadagni y Alfredo Concepción.
El texto dice que en 1987, bajo la presidencia de José Luis Machinea,
el Banco Central lo autorizó a operar como banco y que durante
el gobierno de Raúl Alfonsín el Macro “había
comprado unos 3 millones de dólares justo antes del disparo de
la divisa. El Fiscal Ricardo Molinas investigó el caso, pero nunca
pudo probar que la entidad hubiese recibido información privilegiada
de sus contactos en el Gobierno. Cabe recordar que en aquellos días
se conocía al Banco Macro como El Banco de la Coordinadora”.
Ante las publicaciones de este diario, la Comisión interrogó
a los directivos del Banco Macro sobre los créditos otorgados al
Grupo Yoma. Su vicepresidente, Delfín Ezequiel Carballo, admitió
la veracidad de lo informado aquí. En el informe de la Comisión
se lee que durante el gobierno de Carlos Menem, el Banco Macro “fue
uno de los conductos por los cuales fluyeron fondos oficiales hacia las
empresas del ex cuñado presidencial Emir Yoma. Por ejemplo, durante
la crisis del Tequila en 1995 el Macro recibió redescuentos por
29 millones de pesos y otros 20 millones de una línea de crédito
de Comercio Exterior, que casi en su totalidad fue otorgada a la Curtiembre
de Emir Yoma, que para entonces ya debía más de cien millones
a los bancos oficiales. De los acreedores de Yoma, el único que
tuvo la suerte de cobrar su deuda es Banco Macro”.
El preinforme atribuye estos vínculos a “la estrecha relación
entre el Presidente de la entidad bancaria, Jorge Brito, y Emir Yoma.
Esta relación comienza cuando un Director del Banco Central llamado
Saúl Martínez le abre las puertas a Brito al entorno presidencial.
Del análisis de las agendas de la Secretaria de Emir Yoma, Lourdes
Di Natale, se observa claramente el fluido contacto que ambos mantenían.
En estas mismas agendas se observan los preparativos para un viaje de
ambos en agosto de 1996, y las citas con altos funcionarios para ambos.
También es representativo de esta relación el hecho que
en las oficinas de Emir se guardara un currículum personal de Jorge
Brito”. Esa amistad habría sido decisiva para que el Banco
Central aprobara la compra de varios bancos provinciales por el Macro,
pese a que en 1994 estaba “al borde del cierre”. Este diario
puede agregar que Brito no es un operador menemista que hizo lugar en
sus directorios a Colombo y Roberto Eilbaum, dos meros alfiles de la eminencia
gris oscuro del radicalismo, Enrique Nosiglia, sino a la inversa. Brito
trabajó con el financista de la UCR, Mario Brodersohn, desde los
tiempos en que el Macro era apenas una cueva de dinero. Desde esa identidad
expandió luego sus contactos al menemismo.
“Además de ser el único acreedor de los Yoma que cobra
sus deudas, el Macro recibió el último cuatrimestre de 1995
y el primer semestre de 1996 diversas transferencias de fondos provenientes
del MTB Bank a favor de Yoma S.A. por cuenta de Elthan Trading en concepto
de aporte de capital, que corresponden a parte de los 36 millones que
Emir no puede explicar por qué recibió y que se sospecha
serían coimas por distintos negocios como la venta ilegal de armas,
el contrabando de oro, etc”, sostiene elpreinforme. Yoma usaba una
cuenta del Macro para realizar operaciones con el Citi de Nueva York,
según reconocieron los directivos del Macro.
“También es importante resaltar que en un expediente que elaboró
un equipo del Banco Central sobre el Banco República, se detalla
cómo el Macro y el banco de Moneta se prestaron asistencia recíproca
por 8.5 millones de dólares, con lo que habrían intentado
evadir las regulaciones que prohíben préstamos elevados
a empresas vinculadas. Otro dato para destacar es el hecho de que Laith
Pharaon reconoció en la declaración testimonial que es cliente
del Banco Macro”, agrega el preinforme. Para la Comisión el
fulminante proceso por el cual en un par de años el Macro pasó
de sostenerse mediante las ventas de cartera activa y los redescuentos
otorgados por el Banco Central a convertirse “en un importante banco
del norte del país es, al menos, sospechoso. La caída de
depósitos lo había desahuciado, pero con la compra de los
bancos provinciales de Misiones, Salta y Jujuy se recuperó rápidamente”.
La expansión del banco radical en esas tres provincias justicialistas
es una acabada muestra de la transversalidad de ciertas prácticas,
cuyo conocimiento ha modelado la imagen pública de la clase política.
El preinforme de la comisión también detectó que
la especialidad del Banco Macro es el otorgamiento de créditos
a empresas de transportes. “Muchas de ellas son actualmente investigadas
por la Justicia Argentina por supuestas maniobras de lavado de dinero”,
dice. También describe el caso de Transportes Automotores 12 de
Octubre S.A. en cuyo concurso preventivo se presentó el Macro reclamando
por deudas que no documentó. La investigación judicial en
un juzgado Civil y Comercial de Lomas de Zamora estableció la inexistencia
del crédito reclamado y la utilización por el Banco Macro
Misiones de “sistemas informativos clandestinos no autorizados por
el órgano de control”. El resultado fue una denuncia penal
por defraudación contra el Macro y sus directivos, cuya detención
solicitó el fiscal Domingo Ferrari.
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