|
Por Mónica
Gutiérrez
Desde
Córdoba
 El 2 de setiembre se eligen
en Córdoba los convencionales constituyentes que reformarán
la Constitución provincial para achicar la Legislatura. En la lista
de Unión por Córdoba, la coalición gobernante, figura
nada menos que Jorge Bodega, el senador acusado de vender su voto al oficialismo
por 400 mil pesos para aprobar la ley de privatizaciones. Bodega, que
llegó al Senado de la mano del Frepaso, está imputado de
cohecho por la Justicia provincial, y en la causa más de un testigo
aseguró que el senador “no sabe escribir mucho más
que su nombre”. La inclusión de Bodega en la lista es el primer
blanqueo de los favores que el partido de gobierno le debe al legislador.
Carlos Presas, principal sospechoso de haber pagado la coima, también
es candidato.
Mientras hace campaña, José Manuel de la Sota apeló
ante la Corte Suprema de Justicia el fallo en el que el Tribunal Superior
de Córdoba declaró inconstitucional su llamado a elecciones
para octubre, donde había dado por sentada la reforma que todavía
no se hizo.
Cuando los cordobeses vayan a votar el domingo próximo –por
segunda vez en el año– seguramente no tendrán tiempo
de leer los 133 nombres de cada una de las boletas donde los partidos
postulan a sus candidatos a convencionales constituyentes, que modificarán
la Constitución para achicar los costos de la política y
dejar a la provincia con una legislatura más acotada. Pensando
en eso o tal vez en nada es que Unión por Córdoba, la alianza
que conforman el justicialismo, la UCeDé y la democracia cristiana
incluyó en el lugar 111 al personaje más cuestionado del
Senado: Jorge Bodega, imputado del delito de cohecho desde que un empleado
de él contó con lujo de detalles cómo cobró
400 mil pesos antes de levantar la mano en el recinto, cuando se votaba
la ley de privatizaciones y al oficialismo le faltaba un voto para sancionarla.
Algunos de los testigos que desfilaron para declarar en el marco de esa
causa afirmaron que el senador converso es “incapaz de elaborar por
sí mismo un proyecto de ley. Bodega apenas puede escribir su nombre
completo”, en la frase de Alfredo Morhum, su ex empleado y hombre
de confianza, también imputado.
Antes de llegar al Senado gracias al Frepaso, Bodega fue dirigente de
la UTA, gremio que lo expulsó y lo declaró “persona
no grata” cuando ayudó al gobierno con su voto. Un año
y medio después de la aprobación de la ley y mientras la
causa penal está paralizada en la Justicia cordobesa, el gobierno
dejó de lado las apariencias y lo incluyó en la lista. Es
la primera confirmación del pase de Bodega al partido gobernante,
que ya le había dado oficinas privilegiadas y una corte de asesores
para disfrutar su bloque unipersonal, después de que lo echaron
del Frepaso.
“Con su repentino apuro por achicar los gastos, De la Sota logró
que en este proceso de reforma no se debatan mecanismos transparentes
y democráticos de elección, como el tema de las listas sábana.
Y, de paso, que quede tapado bajo la ‘sábana’ el senador
más caro que ha tenido la Legislatura de Córdoba”,
sostuvo el diputado Carlos Vicente, del Frepaso.
Mientras el justicialismo avanza en lograr que se elija una legislatura
unicameral aun con el fallo judicial en contra, el radicalismo mantiene
una postura ambigua. El Gobierno interpuso un recurso ante la Corte Suprema
para insistir con los plazos que el Tribunal Superior dijo son inconstitucionales
y Córdoba corre el riesgo hasta de quedarse sin Poder Legislativo.
Es que si el oficialismo logra imponer en la Convención su idea
de que la unicameral se elija en octubre y se estrene a fin de año,
y establece la caducidad de los mandatos de los legisladores actuales,
la Justicia volverá a intervenir. Si se vuelven a declarar inconstitucionales
los procedimientos, la provincia quedará sin Legislatura, con riesgo
de intervención federal, según fuentes del socialismo y
el Frepaso.
|
