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Por Raúl
Kollmann
 La mayor parte de los ciudadanos
se pronuncia categóricamente a favor de todas las variantes que
signifiquen una baja del llamado “costo político”, incluyendo
una reducción del monto permitido de gastos de campaña electoral,
convertir a los concejales en funcionarios que no cobren, fusionar provincias
para bajar costos administrativos, bajarles el sueldo a los funcionarios
políticos, abolir los senados provinciales y, obviamente, recortar
el dinero que el Estado les da a los partidos. En una palabra, que el
Gobierno trata de realizar una consulta popular sobre un tema en el que
no se necesita consultar nada –en promedio, el 80 por ciento está
de acuerdo– ya que esas posturas tienen que ver con el sentido común
y también con una campaña del establishment que necesita
echarles la culpa a los políticos en general y no, por ejemplo,
a los grupos económicos, a los que han manejado la economía,
al pago de la deuda o al modelo. Pese a que la Casa Rosada pretende diluir
un poco su probable derrota electoral preguntando cosas obvias, siempre
el tiro puede salir por la culata como ya ha ocurrido en numerosos plebiscitos.
Las conclusiones surgen de una encuesta que viene haciendo en el último
mes la consultora Ibope OPSM, que conduce Enrique Zuleta Puceiro. Es parte
de un estudio que se realiza habitualmente y que se denomina Monitor de
Tendencias económicas y sociales. En total se entrevistaron 1200
personas en 53 localidades y la dirección técnica del relevamiento
estuvo a cargo de Isidro Adúriz. En la encuesta se respetaron las
proporciones por edad, sexo y nivel económico-social.
En la consulta popular que pretende convocar el Gobierno seguramente estarán
incluidas las preguntas que formuló Ibope a los encuestados. “Estos
resultados no difieren significativamente de los obtenidos en encuestas
anteriores realizadas en los últimos años,” señala
Enrique Zuleta. “Indican, en general, el estado de crisis por la
que atraviesa la política, los políticos y algunas instituciones
representativas, no cuestionadas tanto en su esencia como en sus modos
de funcionamiento efectivo en la sociedad argentina actual.”
En verdad, lo que se ve de los resultados es que la gente no quiere gastar
nada en política e incluso está a favor de que los candidatos
consigan el dinero de las empresas privadas, aunque ello implique después
compromisos –obviamente non sanctos– con esos grupos económicos
que los financien. La tendencia en el mundo es más bien la contraria:
se tiende a un mayor financiamiento de los partidos por parte del Estado
para reducir así la dependencia del agujero negro que significa
el financiamiento privado. Una prueba cercana está en el preinforme
que acaba de presentar Elisa Carrió: allí se ve nítidamente
qué habrían significado los aportes de Gaith Pharaon, el
Cártel de Juárez, Monzer Al Kassar, las relaciones con el
Exxel Group, Alfredo Yabrán o Raúl Moneta.
Lo que sí está avanzando en el mundo es una reducción
y el control de los gastos de campaña electoral. Por ejemplo, en
numerosos países se prohíbe hacer publicidad o pegar carteles
si no es dentro, por ejemplo, de las tres semanas de la elección.
De la misma manera se limitan los gastos que se pueden hacer en televisión,
lo más caro de una campaña. Algunas de estas medidas están
en la propuesta de reforma política que impulsó el ex ministro
del Interior Federico Storani, pero que hace siete semanas que el Senado
se niega a votar.
Hay dos puntos en los que habría que mirar la opinión más
de cerca: la fusión de provincias y la unión entre municipalidades.
Como en toda encuesta argentina, el peso proporcional de la Capital Federal
y el Gran Buenos Aires es muy grande y es probable que si se le pregunta
a los habitantes de cada provincia es posible que se manifiesten abrumadoramente
en contra de fusionar su provincia con otra. Lo mismo ocurriría
con los municipios.
En la cuestión de los concejales ad honorem hay una fuerte polémica:
están los que dicen que ello significa que la política y
las concejalías pasarían a ser únicamente para gente
con poder adquisitivo y también están los que consideran
que los concejos deliberantes se deben reunir a la noche y que no debería
significar la ocupación full time del concejal.
Como se ve claramente de la encuesta, los ideólogos de la consulta,
Nicolás Gallo y Antonito de la Rúa, preguntarían
cosas en las que hay casi unanimidad. No se trata de temas controvertidos
como puede ser la pena de muerte, el aborto, el pago de la deuda externa
o un acuerdo con Chile. Aquí, si lo que juega es sólo la
opinión previa que existe sobre la reforma política, la
lógica es que se conteste que sí a cualquier medida de reducción
del gasto político.
Sin embargo, muchos plebiscitos terminan mal para quienes los convocan,
entre otras cosas porque la gente los considera una maniobra. Esto puede
ocurrir en esta consulta: tal vez el ciudadano reaccione manifestando
que quiere que se bajen los gastos, pero también hay posibilidad
de que crea que todo se hace para alivianar la derrota que se presume
sufrirá el oficialismo en octubre. Hay célebres plebiscitos
que se perdieron: Pinochet puso en marcha una consulta en la que gozaba,
de entrada, del 80 por ciento de la aprobación y terminó
perdiendo por goleada. En Europa se perdieron varios plebiscitos en los
que el oficialismo impulsaba el sí a la Unión Europea y
la gente votó por no. En la Argentina, el acuerdo entre el entonces
gobernador Antonio Cafiero y el referente radical Leopoldo Moreau avalaba
una reforma constitucional sumamente progresista y con el 90 por ciento
de los votos detrás. Terminaron perdiendo por el 65 por ciento.
O sea, como dicen los sociólogos, a los plebiscitos los carga el
diablo: si hay malestar, bronca con el Gobierno y se considera que la
consulta es una maniobra, podría ganar una campaña que llame
a no votar o votar en blanco.
Como toda jugada política, puede salir bien, pero también
significar una bancarrota aún mayor.
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¿Dónde hay que cortar?
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Porcentaje
de gente que está a favor de las siguientes medidas:
Recorte
en los viáticos de los funcionarios 92,7%
Recorte en los sueldos de los funcionarios políticos 90,7%
Recortes en los gastos de los asesores 90,3%
Reducción de los gastos permitidos en campañas electorales
84,9%
Reducción de los aportes del Estado a los partidos 83,9%
Que los concejales no cobren 74,3%
Recortes en las pensiones graciables que otorgan los legisladores
73,1%
Unificación de las legislaturas (suprimir senados provinciales)
69,0%
Acuerdo entre provincias para fusionarse y bajar así el gasto
57,0%
Reducción de la cantidad de municipalidades 54,5%
Disminución de las becas que los políticos otorgan
a estudiantes 53,9%
Fuente:
Ibope OPSM. Enrique Zuleta Puceiro y Asociados.
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Las fuentes del dinero
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¿Cómo
deberían financiarse los partidos?
Con fondos propios, aportes de afiliados y donaciones 61,2%
Con fondos propios, y un aporte estatal que garantice
la igualdad de oportunidades a los partidos más débiles
26,9%
Con fondos públicos, prohibiendo aportes privados 8,1%
No sabe/no contesta 3,9%
Fuente:
Ibope OPSM. Enrique Zuleta Puceiro y Asociados.
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La distribución
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¿Con
qué criterio deben distribuirse los fondos del Estado a los
partidos?
Si consiguen un peso de fondos privados, el Estado debe darle otro
34,5%
Presentando un presupuesto de actividades útiles como escuelas
de formación, periódicos, fundaciones 21,9%
A todas las fuerzas por igual sin ninguna diferencia 21,8%
Según la cantidad de votos que consiguió en la anterior
elección 11,0%
No sabe/no contesta 10,8%
Fuente:
Ibope OPSM. Enrique Zuleta Puceiro y Asociados.
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OPINION
Por Analía Del Franco *
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¿Por qué dicen que
no?
Se generó un gran debate en torno al momento y al método
de la consulta popular para impulsar el recorte del gasto de la
política, que alude, entre otras cosas, al consenso generalizado
entre la población para que esto se concrete. Y entonces...
¿Por qué duermen en el Congreso los proyectos de ley
presentados en este sentido? ¿No será necesaria la
contundencia de la opinión pública para que se concreten?
No resulta muy claro por qué hay sectores dentro de la política
argentina que se oponen a que se lleve a cabo un recorte del gasto
de la política.
¿Será porque consideran que puede resultar riesgoso
que se lleven a cabo recortes que pongan en peligro el funcionamiento
institucional de la Nación? No parece que éste fuera
el caso, si consideramos el tipo de reforma que se intenta imponer
y menos pensando en su mentor, un hombre de leyes como es De la
Rúa.
¿Será porque creen que no es significativo el monto
del recorte en el total del gasto? En ese caso, tampoco el monto
de la reducción de salarios de los empleados públicos
resuelve por sí solo el tema. Se llevó a cabo porque
todo suma.
¿Será porque lo único importante es que se
perfeccione el control de la evasión y que paguen lo que
deben los sectores más poderosos? Obviamente, esto hay que
hacerlo. Pero no entra en contradicción con el recorte y
tampoco sería racional que los logros de la recaudación
fueran absorbidos por la corporación política.
En síntesis, ¿cuál es la razón por la
que la política no puede hacer su propio ajuste como lo esta
haciendo gran parte de la sociedad argentina?
No es una novedad que la clase política no goza del agrado
de la mayor parte de los ciudadanos, entre otras razones porque
perciben sus privilegios y sienten que piensa más en sí
misma que en el bien común.
¿No será el momento de darle una oportunidad a la
sociedad para que cambie de opinión sobre nuestra clase política?
* Directora de la consultora Analogías.
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OPINION
Por Gustavo Beliz *
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Precisiones y no humos
Pensar hoy en preguntarle a la gente acerca de bajar el gasto
político es como preguntarle: “¿De qué
color era el caballo blanco de San Martín?”.
La corrupción estructural, el derroche y los miles de agujeros
de un colador que filtra recursos de la sociedad han llevado hasta
el subsuelo de la consideración pública todo privilegio
de las oligarquías políticas.
Pero se trata de que una consulta popular sea la puerta abierta
a un proceso participativo y decisorio de verdad, que incluya un
nuevo sistema de redistribución del ingreso en la Argentina.
Semejante desafío requiere un camino preciso y no de confusión
o cortinas de humo:
 La consulta popular –como
ha sido reclamado por múltiples sectores– debe incluir
el pronunciamiento sobre la creación de un salario social
para el reempleo, dirigido a los jefes/as de hogar desocupados.
Dicho salario debería concentrar todos los programas sociales
en vigencia, y hacerlo de automática y apartidaria administración
y disposición, con control de representantes del tercer sector.
El financiamiento de
dicho salario debe incluir todos los ahorros que se produzcan como
consecuencia de la eliminación del gasto corrupto del sistema
político, el financiamiento electoral, las legislaturas superpobladas
y los ñoquis y clientes de aparatos políticos.
Dicho financiamiento
debe complementarse con aportes de los sectores más beneficiados
por el proceso de concentración económica, básicamente
a partir de nuevas pautas de solidaridad impositiva.
La consulta debe servir
también para diseñar un nuevo régimen electoral,
que elimine las listas sábanas y que –sin desconocer
el principio de proporcionalidad– incorpore mayores criterios
de proximidad e inmediatez entre representantes y representados.
Preguntas y cuentas claras es lo que de verdad puede trascender
el oportunismo electoral y otorgarle una nueva legitimidad a la
política con mayúsculas. Una democracia participativa
implica de un modo imprescindible redistribuir recursos y poder.
Es decir, menos política corrupta, y mejor política
con sentido integrador.
De nada servirían ni mil consultas, si los ahorros fueran
a pagar deuda externa en lugar de saldar deuda social.
* Candidato a senador por Nueva Dirigencia-País.
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