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Por
Gustavo Veiga
Una investigación sobre lavado de dinero que involucra al ex presidente
del club Deportivo Español, Francisco Ríos Seoane, permitiría
desentrañar los vínculos económicos que existieron
durante los últimos años entre la AFA y el desaparecido
Banco República del empresario Raúl Moneta. Además,
podría aportar datos sobre la arquitectura financiera montada para
evadir sumas millonarias en un mercado casi desprovisto de controles como
el del fútbol. La causa, que está en pleno trámite
en el Juzgado Federal Nº 10 donde se desempeñaba el ex juez
Norberto Oyarbide, quedó en manos del doctor Gabriel Cavallo, quien
lo reemplaza a aquel desde hace un tiempo. Tres abogados, Antonio Liurgo,
Marcelo Parrilli y Alfredo Montes, presentaron la denuncia el 27 de febrero
de este año con el objetivo de determinar, entre otras cosas, por
qué en agosto de 1997 se logró el levantamiento de una huelga
de futbolistas gracias al depósito en el Concurso Preventivo del
Deportivo Español, de 2 millones de pesos que salieron del República.
Aquel conflicto se había originado en el pedido de libertad de
contratación para seis jugadores que pertenecían a la institución
donde Ríos Seoane siempre resultó un personaje omnipresente.
Ahora, el fiscal federal Miguel Osorio acaba de requerir información
sobre la causa de lavado de dinero en la que está implicado Moneta
y también solicitó otros elementos que constan en la quiebra
del club, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial
Nº 2, a cargo del doctor Luis Garibotto. Asimismo, ya declaró
en el expediente un ex directivo de Español, llamado Agustín
Martínez, quien habría aportado algunas pistas sobre el
modus operandi de Ríos Seoane.
Los letrados que firmaron la denuncia aspiran a que brinden su testimonio
el titular de la AFA, Julio Grondona, el banquero acusado de lavador y
el ex presidente Carlos Menem, quien allá por 1997 cumplió
un papel decisivo en la resolución de la crisis originada por el
paro de Agremiados. Liurgo y Parrilli coinciden en el enfoque sobre la
posibilidad de lavar dinero a través del fútbol.
“Es un ámbito propicio –aseguran– por las características
de las personas y del movimiento económico que se da, absolutamente
falto de control. Ese es un elemento objetivo que se combina con otro
subjetivo: la idiosincrasia de los dirigentes del fútbol no puede
ser muy distinta a la que tiene en nuestro país el resto de la
dirigencia.”
Lo llamativo de la pesquisa que ahora está en curso es que deviene
de una investigación anterior seguida contra Ríos Seoane
en España y por la cual la oficina de Interpol en Madrid le solicitó
información a la jueza María Cristina Bértola, a
cargo del Juzgado de Instrucción Criminal Nº 7 (la magistrada
que tuvo la causa por el homicidio de Ignacio Torres, un socio opositor
a Ríos Seoane quemado vivo el 20 de julio de 1994). El 11 de julio
de 1995, mediante el oficio Nº 7369, aquella sección de la
policía había requerido que se le remitieran “datos
concretos sobre hechos delictivos” imputados al ex directivo del
Deportivo Español y a uno de sus hijos, Alejandro Adrián
Ríos Freijó. A ambos, se los investigaba “por presunto
blanqueo de dinero ya que poseen en España cuentas bancarias con
movimientos de dinero muy importantes”.
Este pedido nunca fue respondido y, por ello, Liurgo, Parrilli y Montes,
en un tramo de la denuncia ratificada ante el Juzgado Federal Nº
10, sostienen que “resulta indudable que ni la jueza notificó
su decisión de no informar, ni la Policía Federal y/o el
Ministerio del Interior cumplió con su obligación de profundizar
la investigación internacional sobre lavado de dinero...”.
Los abogados, durante una entrevista con Página/12, describieron
que Ríos Seoane no tiene bienes a su nombre –es técnicamente
una persona insolvente– y que opera “a través de sus
hijos y quien ha sido su chofer, Eduardo Loureiro, que por otra parte
es acreedor en el concurso de Español por 400 mil dólares,
cuando tenía un sueldo de 400 pesos por mes”. Del escrito
presentado ante el doctor Cavallo se desprende que los denunciantes sospechan
la posibilidad de que el ex presidente del Deportivo Español habría
lavado dinero del narcotráfico y que lo hacía amparado en
“la pantalla de pujantes empresas de gastronomía”. Asimismo,
le atribuyen al poder político el hecho de haberle dado cobertura
a esas operaciones que investiga la Justicia. Según los abogados,
“Ríos Seoane, de acuerdo al último chequeo que hicimos,
tenía más de treinta causas abiertas por calumnias, lesiones,
quiebra fraudulenta, estafa, defraudación y, por lo menos dos de
ellas, deben ir a juicio oral”.
Es curioso, pero aún no se ha dictado sentencia en ninguna. Liurgo
recordó que “sólo en una por lesiones y hace muchos
años, se lo encontró culpable”. La denuncia que hoy
se tramita en el fuero federal apunta a que el personaje que pasa sus
días entre Asturias, Galicia y su residencia de la calle Ramón
L. Falcón en Buenos Aires, sea condenado en el caso de ser hallado
culpable, por lavador de dinero que, en parte, ha circulado en el fútbol.
“El propio Ríos Seoane desde España monitoreaba las
operaciones del gobierno con la AFA, la empresa televisiva que explota
los derechos y el sindicato de jugadores...” se describe en el texto
de siete carillas que solicita la investigación del desprestigiado
empresario, pero que además persigue echar luz sobre una forma
de hacer negocios con fondos de dudosa procedencia.
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