Por Julio Nudler

Como el francés Thierry Devaux, que quedó colgado con su parapente de la Estatua de la Libertad, la Argentina se bambolea sobre el vacío con su plan de Déficit Cero. De la consecución de éste depende, primero, que el directorio del Fondo Monetario apruebe formalmente, dentro de dos semanas, el desembolso de 5 mil millones para reponerle reservas de liquidez perdidas al sistema financiero argentino y, posteriormente, la entrega de los restantes 3 mil millones, cruciales para someter la deuda a alguna variante aún indefinida de lipoaspiración. Por tanto, este proceso quizá se vea durante meses cercado de dudas por los conflictos sociales y políticos que ya está provocando un ajuste de tan inédita magnitud. Un análisis que acaba de completar la Gerencia de Estudios Económicos del Bapro traza una deprimente perspectiva sobre la magnitud y extensión de los cortes que deberá efectuar el Estado para igualar ingresos y egresos en lo que resta de este año y en el 2002. La impresión que causa el informe es tal que, a su pie, fue incluida la siguiente advertencia: “Las opiniones vertidas en este documento no representan la opinión oficial del Banco Provincia de Buenos Aires ni de sus autoridades”.
En esencia, lo que muestra el trabajo es que Chrystian Colombo (jefe de Gabinete) y Domingo Cavallo (ministro de Economía), responsables de la política fiscal, se enfrentan a dos disyuntivas igualmente difíciles. Si intentan eliminar el déficit sólo con el inicial criterio de corte, afectando sueldos públicos y jubilaciones, se exponen a tener que aplicar quitas descomunales, imposibles de imponerles a sus víctimas. La opción es ensanchar la “base imponible” del ajuste, afeitando partidas como el incentivo docente, las transferencias a las universidades (que las forzaría a arancelar los estudios) o el Fondo del Tabaco, que desatarían -de hecho, ya está ocurriendo– serias confrontaciones.
Tercer trimestre en la morsa
De acuerdo con los analistas del Bapro, el ajuste necesario de ahora a las Navidades, respecto de un déficit tendencial anual de unos 8 mil millones de pesos, proyectado en julio, resultaba, antes de la negociación con el Fondo, no inferior a 3 mil millones, esto para cumplir con la regla de Déficit (adicional) Cero, vigente para el segundo semestre, o como mínimo a partir de agosto.
En principio, Economía decidió mantener para todo el tercer trimestre la pauta inicial de recorte del 13 por ciento sobre los rubros “no intangibles” (los servicios de la deuda son los considerados intangibles por excelencia) del gasto público. Como la recaudación de julio y agosto está muy por debajo de lo esperado por el Gobierno, se intentará compensar la creciente brecha con ajustes complementarios del gasto, consistentes, básicamente, en sentarse sobre la caja.
Respecto de esa compresión adicional, los economistas del Provincia aventuran dos alternativas, a partir de otras tantas hipótesis sobre los ingresos fiscales en el bimestre agosto/septiembre. En la alternativa más benigna, el ajuste adicional necesario será de 1867,2 millones de pesos, y escalará a 2262,7 millones en la más desfavorable, que en realidad es la más consistente con el presente escenario de crisis financiera y contribuyentes al borde de la rebeldía fiscal, sublevados al quedar atrapados en el doble trapiche de la iliquidez y la recesión.
Estos ajustes complementarios tendrían un impacto trimestral que como mínimo duplicaría el valor del recorte ya practicado (por unos mil millones de pesos, rebanando en un 13 por ciento las partidas tangibles). En otras palabras, si el método de recorte a aplicar fuese sólo el habilitado por la ley de Déficit Cero, el ajuste debería ser de entre 38 y 43 por ciento en el trimestre, en lugar del mencionado 13 por ciento. El resultado de este ejercicio indica que la caída total trimestral del gastopúblico necesaria en la opción más probable sería de unos 3300 millones de pesos, si se aceptase el déficit de julio como punto de partida.
“Los niveles de ajuste estimados –concluye el documento– parecen difícilmente practicables en el cortísimo plazo que queda hasta el fin del trimestre (30 de septiembre), sin arriesgar la parálisis estatal y la realimentación negativa que resulta de la potenciación de los ya mencionados efectos recesión/iliquidez (a los que se suma, aunque con mucho menor impacto, la pérdida de ingresos derivada de las desgravaciones de los planes de competitividad).”
El temible cuarto trimestre
Sólo en el caso de una muy favorable acogida de los mercados al nuevo acuerdo con el Fondo (la recepción fue estos días primero entusiasta y luego de cautelosa a fría) podría esperarse una lenta mejora de los ingresos tributarios durante el último tramo del año. La pregunta crucial es qué posibilidad efectiva de sustancial mejora del escenario puede existir cuando imperan serias dudas sobre la capacidad del Gobierno nacional para imponer efectivamente los ajustes previstos.
De nuevo, y manejando dos hipótesis alternativas respecto de los recursos, si el único método de ajuste a aplicar en el cuarto trimestre fuese el establecido en la ley de Déficit Cero, el coeficiente de recorte total requerido debería ser superior al 50 por ciento, en vez del actual 13. En una hipótesis pesimista, de continuidad de la presente crisis financiero–recaudatoria, no habría posibilidad efectiva alguna de ajustar el gasto al nivel requerido para equilibrar el resultado fiscal.
Más hieles que mieles en el 2002
La Secretaría de Hacienda definió una estimación de cierre del año actual sobre la base de los datos y las proyecciones oficiales a junio último. “Se trata de una proyección necesariamente optimista –puntualiza el trabajo del Bapro–, que ha sido claramente superada por las circunstancias. Muestra un déficit de casi 6700 millones de pesos y un nivel de recursos públicos de unos 45 mil millones, de cumplimiento imposible. En este último caso, la diferencia entre previsión y realidad esperable sería de mas de 4 mil millones de pesos –en una visión actualizada optimista– sólo como consecuencia de la pérdida de ingresos tributarios.”
Para el gasto público del próximo año se prevé un ajuste global de unos 5600 millones de pesos. Este se compondría de un ajuste de tipo convencional (recorte de créditos presupuestarios) de casi 2600 millones, y otro según el método de la ley de Déficit Cero, de casi 3 mil millones (como consecuencia del mantenimiento del coeficiente de recorte de 13 por ciento, aplicado sobre una “base imponible” más reducida).
El informe subraya que el escenario fiscal que revelan los primeros trazos del Presupuesto Nacional 2002 plantea serios interrogantes acerca de su viabilidad en todos los campos de análisis posibles. Tras el nuevo compromiso con el Fondo, éste puede plantear exigencias políticamente conflictivas, como la de aplicar el recorte del 13 por ciento también a la suma fija de 1364 millones de pesos mensuales que la Nación le transfiere a las provincias, según se acordó en el Compromiso Federal sobre la coparticipación, convirtiendo ese rubro en “tangible”, es decir, sometido a ajuste. Con un coeficiente del 13 por ciento, esta poda a los recursos provinciales superaría del 2100 millones anuales.
A la luz de los números que despliegan los economistas del Provincia se explica el escepticismo con que fue recibido el favorable anuncio del Fondo Monetario. El cumplimiento del nuevo programa depende de demasiadas incógnitas –a qué grado llegará la resistencia social, cuánta decisión política tendrá el Gobierno para reprimir la protesta, cómo reaccionará laeconomía–, como para creer que ya está el remedio y que el país tiene por delante, como mínimo, dieciocho meses de tranquilidad, sin tener que someterse al test de los mercados. Hay otras pruebas, tanto o más complicadas, que deberá sobrellevar desde hoy mismo.

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