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Por
Javier Lorca
 Algunos
salen con los tapones de punta. Otros prefieren jugar callados y aguantar
el resultado. Tras el ajuste impuesto por el Gobierno, y ante las nuevas
podas que se auguran para 2002, afloran diferentes posturas entre las
universidades nacionales. Y también hacia dentro. ¿Qué
debe hacer la universidad pública frente al recorte? El rector
de la Universidad de Buenos Aires, Oscar Shuberoff, que hace dos años
comandó las protestas contra la tijera menemista, ahora no aplica
el ajuste y junto con otros rectores negocia con el Gobierno cómo
atenuar sus efectos sobre el sistema educativo superior. Otras autoridades
universitarias, en cambio, están a la cabeza de las marchas, dictan
clases públicas y hasta avisaron que no podrán seguir funcionando
a partir de octubre.
En las últimas semanas, el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) fue escenario de largas disputas entre los rectores. Shuberoff y
otros radicales asumieron una actitud cautelosa, de rechazo al ajuste,
sí, pero moderado. “Organizar protestas nacionales va en contra
del Gobierno y no en contra de los verdaderos enemigos de la Nación
y del pueblo”, dijo el rector de la UBA ante su Consejo Superior.
Desde su entorno, un alto funcionario del Rectorado explicó a Página/12:
“No queremos generar más inestabilidad institucional, porque
no sabemos dónde puede terminar esta crisis. Además, es
muy difícil salir a defender a la universidad cuando el recorte
afecta hasta a los jubilados. Por eso, nos manifestamos en contra, pero
en forma más medida que otras veces”. Y distinguió:
“Los recortes de Menem y de López Murphy estaban basados en
un ataque ideológico a la educación pública. Ahora
es distinto”.
Otro grupo de rectores (donde se mezclan justicialistas, frepasistas,
independientes y pocos radicales) promovieron una histórica declaración
del CIN contra el ajuste. “El derecho de la Nación a desarrollarse
debe prevalecer por sobre el derecho de los acreedores a cobrar en sus
términos una deuda gestada a espaldas de las mayorías que
hoy se pretende sacrificar para honrarla”, señalaba el párrafo
más debatido del documento (aprobado, al final, por unanimidad).
Los rectores de la Universidad de La Plata y de la Universidad del Comahue,
Alberto Dibbern y Jorge Rabassa, aseguraron a este diario que deberán
cerrar en octubre próximo si el Gobierno no da marcha atrás.
Como los rectores de General Sarmiento, La Matanza y otros, salieron a
la calle junto a docentes y alumnos.
La divergencia de criterios también aparece en cómo las
universidades aplicaron (o no) el recorte de las partidas de sueldos de
docentes y empleados. La UBA, la UTN y las de Mar del Plata y Rosario
pagaron julio sin descuentos. Excepto la primera, las demás aplicarían
el ajuste en las próximas liquidaciones. Algunas ya lo aplicaron
(Catamarca, Salta, Santiago del Estero) y otras lo hicieron parcialmente
(Córdoba, Litoral).
Dentro de la UBA, se repitió la disputa. Varios decanos intentaron
que la propia universidad asumiera un fuerte rol de oposición al
ajuste. Los de Exactas, Sociales, Filosofía y Letras y otros consejeros
superiores propusieron que se convocara a una asamblea con representantes
de estudiantes, docentes y graduados de todas las facultades, para debatir
un plan de lucha. El rector y otros decanos se opusieron (“sería
algo incontrolable”, comentaban) y lograron detenerla.
Las diferencias internas en la UBA resurgieron cuando el Consejo Superior
discutió la participación de la universidad en la marcha
del miércoles pasado. Otra vez, Shuberoff intentó moderar
el reclamo. “La aprobación de esta propuesta produciría
un viraje en la conducta pública de la universidad –dijo–.
Resultaría fuertemente incorrecto realizar una actividad que va
en el mismo sentido que otros sectores que se oponen al esfuerzo nacional.”
Finalmente, el Consejo aprobó organizar clases públicas
e invitar a la comunidad educativa a participar de la marcha que resultó
multitudinaria. En Plaza de Mayo estuvieron algunos decanos y también
la vicerrectora de la UBA. Con matices, la discusión sobre cómo
enfrentar la tijera oficial se reprodujo entre docentes y estudiantes.
Por ejemplo: las agrupaciones más radicalizadas pretendían
no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre. “No empezar las
clases sería vaciar la universidad. En dos semanas no tendríamos
manera de movilizar a nadie,” explicó a este diario un dirigente
de la Alianza universitaria. “Es preferible empezar con medidas activas.”
Para la oposición, “lo que ellos quieren es enfriar la protesta,
porque así no la pueden manejar”.
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