Por Irina Hauser

“Argentina realmente necesita una especie de proceso de limpieza, como un ‘mani pulite’”, dice Mark Pieth, abogado especialista en lavado de dinero, profesor de la Universidad de Basilea, Suiza, y presidente del Grupo Experto de la Organización para el Desarrollo Económico (OECD) sobre soborno en transacciones comerciales. No cree que Suiza haya protegido al gobierno de Carlos Menem. Si ese país ahora está dispuesto a investigar las operaciones sospechosas argentinas, sostiene, es como consecuencia de la avalancha de dinero sucio que tuvieron las entidades bancarias de ese país, codiciados por la seguridad que ofrecen. Reconoce que los bancos se resisten a levantar el secreto de las cuentas, pero que el Estado apunta en ese sentido para mejorar su imagen. Si Suiza encuentra dinero de la corrupción, señala Pieth, lo va a devolver a su país de origen. “Ustedes necesitan este dinero para pagar su deuda”, ironiza.
Pieth trabajó en la legislación suiza sobre lavado desde la Sección sobre Crimen Organizado y Económico de la Oficina Federal de Justicia y ahora es un consultor convocado por bancos que en los últimos dos años se han interesado en establecer estándares de control. Por Buenos Aires pasó para dar un seminario sobre legislación comparada sobre lavado de dinero convocado por el Estudio Luis Moreno Ocampo y Asociados. Al respecto, cuestionó por “imprecisas” y “peligrosas” las nuevas normas argentinas. Y tuvo un encuentro informal con la titular de la comisión antilavado del Congreso, Elisa Carrió.
–¿Suiza pudo haber amparado a Carlos Menem y a funcionarios de su gobierno que habrían girado allí millones de dólares?
–No creo que las autoridades suizas estuvieran protegiendo a nadie. Este es sólo un caso de cientos. Si nos retrotraemos apenas un tiempo tenemos los casos de Vladimiro Montesinos (ex jefe de inteligencia de Perú), Boris Yelstin (ex presidente ruso), Slobodan Milosevic (ex presidente de Yugoslavia), Sani Abacha (dictador de Nigeria), todo el mundo. Después de Abacha no creo que hayan tenido intención de proteger a nadie, porque el Gobierno tiene que demostrar que estaba dispuesto a cooperar internacionalmente.
–Entonces Menem, para usted, era un cliente más.
–Es un punto interesante porque desde algo más de dos años existe una regla a seguir sobre las llamadas “personas particular o políticamente expuestas” por la cual si los bancos aceptan como clientes a altos funcionarios corren el riesgo de perder la licencia. Yo no sé si ellos, en tanto Menem era un jefe de estado, tenían en claro que era corrupto. Tampoco sabemos si lo es, por ahora es una hipótesis frente a la cual Suiza dirá “vamos a ayudar a investigar”. Diferente fue el caso de Montesinos. Cuando apareció el famoso videotape de las coimas los bancos directamente llamaron al Gobierno para decir “esto es vergonzoso, nosotros tenemos el dinero de Montesinos”. Entonces las autoridades dijeron que se harían cargo del caso, llamaron a Perú y avisaron que tenían los 100 millones. Los bancos no sabían quién era Montesinos, es que no saben qué pasa en todos lados. Por esto ahora la grandes entidades están formando una base de datos conjunta de políticos de todo el mundo.
–Hoy por hoy un banco suizo ¿sabe realmente quiénes son sus clientes?
–Tienen que saber el nombre de todas las personas que están en contacto con ellos y si tienen el presentimiento de que hay alguien que está actuando para un tercero tienen que pedirles que den el nombre de los verdaderos beneficiarios. El problema es que sigue siendo difícil probar quién es ese beneficiario. Estas exigencias aún no están desarrolladas en la medida deseable.
–¿Por qué Suiza ahora colaboraría con las investigaciones argentinas y antes no lo hacía?
–Existen leyes que obligan. Lo que hay es un cambio sobre todo desde 1997. En realidad hubo colaboración, por ejemplo en el caso IBM-Banco Nación, mucha información vino de la fiscal Carla del Ponte.
–¿Qué posibilidades de éxito tiene la pesquisa si el dinero de ex funcionarios argentinos está en una filial de las Islas Caimán, como parece ser que ocurre en el caso de Menem?
–La justicia Suiza puede pedir asistencia de otros países para sus investigaciones, pero no puede forzar a su propio banco a dar información de su filial en Caimán. Ese es un punto tramposo. Para el caso de Menem, seguramente el propio banco tratará de sacárselo de encima o denunciarlo por temor. Desde Suiza probablemente se notificará, pero no se que pasará en Caimán. Caimán es Caimán, suele haber problemas de asistencia con ellos.
–Usted dijo en una conferencia que cree que las entidades bancarias deben levantar el secreto sobre las cuentas, ¿por qué?
–Porque implica dar asistencia a un estado en casos de evasión fiscal. Pero esto es una decisión de gobierno, no de los bancos. Y cuando se hace es por la presión de la Comunidad Europea. A mi entender, el secreto bancario es injusto, hay que levantarlo porque de lo contrario estamos matando al estado de bienestar, y es aún peor en la situación de Argentina. Los bancos dirán que están haciendo un bien porque puede haber devaluación en Argentina. Yo digo que es al revés, que si todo el mundo saca su dinero del país entonces habrá devaluación. Y además ustedes necesitan este dinero para pagar su deuda.
–¿Pero acaso el negocio de los bancos suizos no es mantener el secreto?
–Ellos dicen que quieren ganar dinero mientras puedan, que hacen así un favor a la industria argentina ahorrándoles su dinero. Los bancos se oponen a levantar el secreto, pero la razón por la que ocurrirá en los próximos diez años es porque es una política de los Estados Unidos para promover cambios en la Unión Europea, además de que los bancos necesitan recobrar credibilidad. La Unión Europea está perdiendo dinero por culpa de Suiza. La posición que está surgiendo en mi país es la de elevar los impuestos bancarios al 30 por ciento, para volverlo un lugar menos atractivo para los evasores de otros países. En este momento los impuestos son muy bajos.
–¿Si Suiza encuentra dinero de Menem o algún otro ex funcionario o funcionario actual, lo devolverá a las arcas argentinas?
–Depende de qué manera ese dinero haya sido obtenido. Si es malversación, defraudación, corrupción, en principio el dinero es argentino. Es una cuestión de bloquearlo y repatriarlo. El problema es que Argentina tendrá que juzgar el caso. A veces se contempla la posibilidad de adelantar la devolución, pero se espera que haya un juicio primero.
–¿Qué pasa con los casos en que Suiza se niega a investigar debido a que no reconoce el delito tipificado por Argentina, como el de enriquecimiento ilícito?
–Esto también es una cuestión de asistencia mutua. Si el problema es que alguien tenía mucho más dinero cuando dejó la función pública que cuando ingresó a ella, esto no será argumento suficiente. Es necesario que el juez argentino haga referencia a una conducta punible en Suiza como malversación, exacciones ilegales, entre otras, y que digan cuál es la hipótesis. Puede ser sólo una página. En Suiza la figura de enriquecimiento ilícito es considerada inconstitucional por la inversión de la carga de la prueba.
–¿Usted cree que es útil la existencia de una comisión antilavado en el Congreso? –Una comisión parlamentaria puede hacer lo mismo que puede hacer el parlamento, es decir, preparar proyectos de ley, evaluar situaciones y necesidades. Lo que no puede es actuar como juez, identificar culpables.
–¿Es posible luchar contra el lavado sin un brazo político?
–No puedo decir nada muy específico sobre Argentina, porque no he vivido en esta situación, pero es claro que en relación a los problemas de corrupción ustedes realmente necesitan una especie de proceso de limpieza, como un mani pulite. Puede ser llevado a adelante por jueces, pero también debe ser asumido por el ímpetu político de la gente.
–¿Por qué Argentina se convirtió en un eslabón en la cadena del lavado de dinero?
–Hasta hace poco no creía que Argentina fuera un lugar de lavado de dinero. Creo que el problema de el lavado para ustedes consecuencia de delitos cometidos en el país, pero el dinero se lava en otra parte. No se hasta qué punto es un país que atraiga dinero del mundo para lavado, porque el sistema bancario no parece tener el perfil.
–¿Qué hay que hacer para luchar contra el lavado?
–Yo empezaría por los problemas básicos, la corrupción, no por el lavado. El punto de partida tendría que ser frenar la impunidad, que la gente no pague más. Hace falta un proceso político, gente harta de esto y que elija políticos fuertes. Claro que es fácil decirlo de afuera.
–¿Usted cree que las leyes antilavado van a funcionar en Argentina?
–Es una legislación peligrosa. Las normas que regulan la Unidad de Información Fiscal (UIF) son muy imprecisas y probablemente no funcionen. Consideran cada transacción inusual como sospechosa. Entonces habrá cien millones de notificaciones y los pobres hombres dejarán de trabajar antes de haber empezado. No habrá efectividad. Hay que definir qué es sospechoso. Si es por lo inusual, el diez por ciento de las operaciones bancarias son sospechosas.

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