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Por Julio Nudler
 Con la llegada de Armando Caro
Figueroa a la AFIP ganará impulso el proyecto de cambiar radicalmente
el mecanismo por el cual se efectúan todos los aportes y contribuciones
que se realizan sobre la nómina salarial, y que suman hasta un
44 por ciento de los haberes brutos, aunque si se les añaden otros
conceptos, incorporados en algunos convenios colectivos, puede llegarse
a un 52 por ciento. La novedad respecto de los aportes patronales consistirá
en quitarles a los empleadores la determinación de los aportes
y contribuciones, encargándole la compleja tarea a una Administradora
de la Base de Datos (ABD), que concentraría toda la información
sobre trabajadores y remuneraciones, y les indicaría a los bancos
cuánto debitar de cada salario y a qué organismo, público
o privado, acreditarle las sumas que correspondan.
En relación a las contribuciones patronales, la ABD les señalaría
a las empresas los montos a depositar, por encima de cada sueldo bruto.
Osvaldo Giordano, quien está terminando de diseñar el sistema
desde la Fundación Novum Millenium, presidida por Adolfo Sturzenegger
y craneoteca paralela a la Fundación Mediterránea, aseguró
ayer a Página/12 que la implantación de esta mecánica
no requiere de una ley y que reduciría sensiblemente la evasión
porque el sistema dejaría de basarse en las declaraciones juradas
de los empleadores y porque no habría forma para éstos de
omitir o demorar la acreditación de los importes declarados. Hoy
el pago de sueldos ya está bancarizado, pero las firmas depositan
los haberes netos.
Giordano recuerda que en su momento decidió estudiar el sistema
de aportes y contribuciones para entender por qué se evadía
tanto, y que después, una vez que vio cómo era el régimen,
empezó a preguntarse cómo era que no se evadía mucho
más, dada la abrumadora exigencia administrativa que plantean los
actuales mecanismos, especialmente a las empresas pequeñas. Para
él, por otra parte, son tan altas la evasión y la mora que
todo el sistema previsional y asistencial se ha tornado inviable, ya que
por cada aportante hay otro que no aporta pero igualmente tiene derecho
a la cobertura.
Lo cierto es que el propio Giordano admite que poner en marcha el método
que él propone y está terminando de afinar es muy complejo
por la cantidad de información a concentrar en la ABD, porque ésta
no puede permitirse errores y porque debe transcurrir el menor tiempo
posible entre el momento en que una empresa deposita en el banco los sueldos
brutos de sus asalariados y aquél en que éstos tengan disponibles
los montos netos. Cada mes la ABD debería indicarles a los bancos
cuánto deducir de cada salario bruto por aportes personales (11%
previsional –para las AFJP o el reparto–, 3% para la obra social
y otro 3% para el Pami), además de la retención de Ganancias
cuando quepa (en cuyo caso habrá que conocer, caso por caso, los
rubros deducibles). La Administradora debería además precisar
el 16 ó 20% (si es una empresa del sector servicios) de contribución
patronal, el 5% para la obra social y la cuota para la ART, que oscila
en el 2%.
A todo esto se añaden los rubros sindicales, que en el caso de
los mercantiles, por ejemplo, pueden deglutirse otro 8% del sueldo bruto.
Pero los gremios podrán o no adherir al mecanismo centralizado,
continuando eventualmente con su propio esquema de recaudación.
Hasta el momento se manejan por fuera de la CUSS, o Contribución
Unificada a la Seguridad Social, que es el sistema administrado por la
AFIP a través del módulo que se ocupa de los tributos sobre
la nómina salarial (los dos restantes son el de los impuestos nacionales
y el aduanero). La particularidad de las cargas que pesan sobre el salario
es que más del 50 por ciento no constituyen recursos públicos.
Tanto Domingo Cavallo como Caro Figueroa conocen y siguieron de cerca
el trabajo de Giordano, y es muy probable que ahora le den prioridad para
entrecerrar una de las mayores brechas de evasión.
CAVALLO
ABANDONA LA PELEA POR ANSES Y PAMI
AFIP, un bastión estratégico
Por Cledis Candelaresi
El arribo de Armando Caro Figueroa
a la Administración Federal de Ingresos Públicos significa
para el ministro de Economía un modo elegante de ceder potestad
sobre Anses y Pami, dos lugares con claro dominio radical. Como contrapartida,
Domingo Cavallo consolida su poder sobre la entidad responsable de la
recaudación tributaria y previsional, el punto más vulnerable
de la política económica. Pero hasta anoche, no había
certezas acerca de qué plan ejecutará el cavallismo en la
AFIP, por donde pasan alrededor de 40 mil millones por año con
un presupuesto recortado y un plantel debilitado por los retiros voluntarios.
Cavallo intentó infructuosamente copar gerencias de Anses y de
Pami, dos lugares señalados por el propio gobierno como agujeros
por los que se escurren cientos de millones por año debido a la
ineficiencia y a la corrupción. Pero la esmerada oposición
del senador radical Leopoldo Moreau y del propio Raúl Alfonsín
a admitir esa ingerencia, lo habría hecho desistir, cediendo el
monitoreo de esos lugares a Héctor Rodríguez, actual titular
de la AFIP y hombre del radicalismo.
El enroque fue resuelto en las máximas instancias del gobierno
y llegó a sorprender, incluso, a funcionarios muy allegados al
tema, que tuvieron noticias del cambio a último momento. Aunque
no lo rescata como el hombre ideal para comandar la AFIP, Cavallo tampoco
le profesa antipatía a Rodríguez, cuya gestión intentó
ayer ensalzar públicamente. Por lo tanto, no le incomoda que éste
fiscalice la reestructuración de Anses, Pami, Aduana y DGI junto
al secretario de Modernización, Marcos Makón, hombre de
su confianza.
El balance no parece malo para el cavallismo. No tendrá intervención
directa en los organismos que administran los aportes previsionales, pero
a cambio tendrá control real y absoluto sobre la entidad que los
recauda: la AFIP, cuya reorganización hasta anoche era un misterio.
Una de las primeras y más innovadoras propuestas de Cavallo apenas
arribó por segunda vez al ministerio de Economía era la
de avanzar en un plan de privatización, que incluyera la recaudación
u otras funciones periféricas, aunque no la fiscalización,
indelegable por mandato constitucional. Como parte de la cobranza de impuestos
está bancarizada, la pretendida tercerización podría
incluir el cobro de deudas atrasadas (al estilo de lo que hizo José
Manuel de la Sota en Córdoba) o la informatización de algunas
prestaciones que aún no están en red, misterios del plan
cavallista que se irán develando en los próximos días.
Aunque eludió hacerlo en forma pública, Rodríguez
se lamentaba continuamente de las restricciones presupuestarias. En particular,
al más holgado presupuesto de los 90 –primer gestión
cavallista en el Palacio de Hacienda–, cuando la DGI llegó
a tener a mano hasta 60 millones de pesos anuales de publicidad para avisar
sobre vencimientos o amedrentar evasores con la imagen de los sabuesos.
El déficit cero acota la posibilidad de que la AFIP disponga de
un refuerzo presupuestario importante. Sin embargo, siempre hay margen
para reasignar alguna partida presupuestaria, en particular si se trata
de apuntalar la gestión recaudadora.
Otra incógnita a despejar es si Caro Figueroa tendrá margen
suficiente para reforzar el plantel de la AFIP, que quedó bastante
frágil después que 2400 empleados (alrededor del 10 por
ciento del personal de esa repartición) emigraron con el último
retiro voluntario organizado por José Luis Machinea cobrando, en
algunos casos, indemnizaciones superiores a los 200 mil pesos.
Cavallo no desconoce el crítico documento elaborado por técnicos
del FMI en el que se destacan, entre otras presuntas debilidades de AFIP,
nada menos que la falta de un plan de control y de un programa de lucha
contra la evasión. Ese trabajo fue elaborado con el auxilio de
técnicos de la Jefatura de Gabinete, quienes, a su vez, redactaron
el propio en una línea crítica semejante.
POSTERGAN
ANUNCIOS EN EL PAMI
Cortocircuito radical
Por Raúl
Dellatorre
El cortocircuito que provocó
en el seno del radicalismo el proyecto para reestructurar el PAMI, que
incluye el despido de más de 2500 empleados, obligó al Gobierno
a ponerle freno a lo que ayer iba a ser un anuncio con toda la pompa para
demostrar la firme decisión del Gobierno en la ejecución
del Déficit Cero. A diferencia de lo que el lunes había
anticipado Juan Pablo Baylac, vocero presidencial, cuando anunció
que Fernando de la Rúa hablaría al país para presentar
la reestructuración del PAMI, ahora la nueva orden es “avanzar
en el compromiso asumido con el FMI, pero hacerlo en silencio y de a poco”.
La dura reacción del ex presidente Raúl Alfonsín
y de otros dirigentes del radicalismo contra el intento oficial de recortar
planteles en el PAMI y la Anses fue tema de discusión ayer en el
gabinete nacional, aunque oficialmente se negó que se hubiera tocado
el asunto. “Ese es territorio radical”, admitieron desde el
entorno del titular del Ejecutivo, aludiendo a que gran parte del personal
en ambos organismos fue designado a requerimiento de dirigentes radicales
en distintas etapas. “No podemos provocar un conflicto con el partido
(UCR) con un despido masivo que también los afectaría”,
reflexionaron ayer antes de adoptar una decisión en el gabinete.
De la Rúa no dejó de recordar ante sus ministros el compromiso
asumido ante los organismos de crédito internacionales, pero orientó
a su gabinete a cambiar la táctica para aplicar el ajuste en el
PAMI y la Anses. Desandó el camino del anuncio público que
pensaba hacer, y optó por una vía más silenciosa
y que no provocara que 2500 empleados de la obra social de los jubilados
se encontraran en la calle, despedidos, el mismo día. Le pidió
calma a Raúl Pistorio, interventor del PAMI, que había amenazado
con renunciar ante el rechazo de su jefe político, Raúl
Alfonsín, al plan de reestructuración que elevó a
la Jefatura de Gabinete. Y hacia el propio Alfonsín, De la Rúa
planteó una jugada doble. Por un lado, le pidió a la ministra
de Trabajo, Patricia Bullrich, que le respondiera públicamente
al ex presidente (ayer defendió la transformación de la
Anses y declaró “no voy a tolerar injerencias en mis funciones”).
Por otro, De la Rúa se comunicó telefónicamente con
Alfonsín y le sugirió bajar de ambos lados el nivel de exposición
pública del conflicto.
Bullrich señaló ayer que “donde haya personas que no
tengan un perfil adecuado a su función, se tendrán que ir”.
Alfonsín, por su parte, reiteró que no aceptará despidos.
Por ahora, está firmada la tregua, pero en algún momento
el gobierno tendrá que decidir si ejecuta o no el plan previsto.
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