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Por Laura Vales
 La Legislatura bonaerense aprobó
una ley que obliga a las empresas de servicios públicos a aceptar
patacones sin ningún tipo de condiciones o límites. La medida
implica que cualquier usuario bonaerense (y no sólo quien sea empleado
estatal) podrá pagar con bonos el total de sus facturas. Hasta
ahora, las empresas privatizadas se han mostrando muy reticentes y los
toman sólo en forma parcial, es decir por un porcentaje, variable
según los casos, del monto de la boleta.
La nueva norma expresa, más que nada, la temperatura política
reinante entre los diputados y senadores de la provincia. Uno de los datos
en ese sentido es el amplio criterio que utilizaron los legisladores para
designar a los servicios públicos. El texto coloca dentro de esa
categoría, por ejemplo, a la televisión por cable, los peajes
y la medicina prepaga junto con las proveedoras de electricidad, telefonía
fija y móvil, agua corriente y gas.
La votación se definió por unanimidad y la ley pasará
ahora al Ejecutivo para su promulgación o veto. “Creo que
obtuvo un rápido consenso porque se trata de una respuesta a empresas
de carácter monopólico que están tomando posturas
intransigentes”, consideró el senador del Frepaso Eduardo
Sigal. Desde el PJ, el titular del bloque Luis Genoud coincidió
en calificarla como “una señal política de peso”.
En La Plata nadie tiene tan en claro, en cambio, cuál es su grado
de viabilidad. En principio, se da por sentado que las empresas van a
recurrir a la Justicia con pedidos de amparo y habrá que ver qué
actitud toma el gobernador Carlos Ruckauf. “Por una parte están
las compañías, que podrían alegar que se están
modificando relaciones de derecho privado, y la postura de la Fiscalía
de Estado, ya que esto le puede generar juicios a la provincia”,
señalaban anoche dentro del PJ; “por el otro, a nadie se le
escapa que prácticamente todo el ámbito judicial está
cobrando en patacones, incluidos los ministros de la Corte”.
La iniciativa parlamentaria unificó diversos proyectos de senadores
del radicalismo, como Jorge Martínez, Carlos Pérez Gresia
y Gustavo Marelli. con otros que se habían presentado en la Cámara
baja, como el del diputado Pedro Azcoiti.
Su intención principal es ampliar al máximo posible la aceptación
de los bonos, que luego de un comienzo complicado empiezan a encontrar
mayor cabida. Ayer, luego de firmar un acuerdo con las cámaras
empresarias del transporte (que aceptarán patacones para el pago
del ciento por ciento del valor de los pasajes), Ruckauf anunció
el lanzamiento de la tarjeta de crédito “Patacard”.
“En 30 días estaremos en la calle con la tarjeta de crédito
del Banco de la Provincia”, anticipó al presentar en sociedad
la tarjeta. En el mismo acto, el gobernador se refirió a las negociaciones
con las empresas de servicios públicos y opinó que “finalmente
todas las empresas van a terminar aceptándolo”.
Anoche, tal como estaba anunciado, los intendentes del radicalismo firmaron
con la gobernación un acuerdo por el que aceptarán que la
provincia les gire en letras de tesorería o patacones en concepto
de coparticipación y como pago de la deuda que el Estado mantiene
con las comunas.
El convenio permite, además, que los municipios cancelen con bonos
los aportes patronales al Instituto de Previsión Social y a la
obra social de los estatales (IOMA), lo que se implementará una
vez que los Concejos Deliberantes refrenden el acuerdo con la provincia.
LOS
GOBERNADORES DEL PJ SE REUNIRAN HOY
Acorralados por más recortes
Están preocupados y,
a medida que pasan los días, la inquietud es más fuerte.
Los gobernadores justicialistas ya no tienen dudas: el Gobierno está
dispuesto a avanzar con el recorte de la coparticipación, para
cumplir con uno de los requisitos impuestos por el FMI. Una de las señales
más claras la dio ayer el propio Presidente, quien afirmó,
en respuesta a una pregunta sobre si habría un ajuste del piso
de 1364 millones de pesos, que la crisis financiera “es un problema
que nos involucra a todos”. El ministro de Economía, Domingo
Cavallo, ya había dicho que ese piso no está garantizado
en el marco del déficit cero. Con estos antecedentes, los catorce
mandatarios del PJ se reunirán hoy a las 20 en la Casa de Tucumán,
donde debatirán una estrategia común para impedir que se
disminuyan los montos que reciben las provincias.
Al principio, en los primeros días posteriores a la firma del acuerdo
con el FMI, los gobernadores del PJ optaron por la cautela y el bajo perfil.
Decían que hasta que el Ejecutivo no confirmara el ajuste, no se
manifestarían públicamente, aunque en voz baja adelantaban
su rechazo a cualquier reforma de la Ley de Coparticipación que
perjudicara al Interior. Ahora que el Gobierno quiere hacer realidad el
proyecto, los jefes provinciales cierran filas, y se preparan para la
pelea.
“Quitarle fondos a los habitantes de las provincias hoy sería
una demasía”, declaró el bonaerense Carlos Ruckauf.
Su (silencioso) competidor interno Eduardo Duhalde fue más lejos:
consideró que ajustar la garantía de 1364 millones “es
directamente un robo”. “No se puede robarle plata a las provincias
para pagarle al Fondo Monetario Internacional”, argumentó.
En la misma línea, Carlos Reutemann dijo que espera que el recorte
no se concrete, y argumentó que el Gobierno “tuvo un beneficio
enorme con lo que las provincias le transfirieron”.
La cumbre de hoy se realizará en la Casa de Tucumán. Los
mandatarios provinciales estarán acompañados por sus ministros
de Economía y por un grupo de especialistas en economía
y justicia, como el “asesor externo” de las provincias del NOA,
Rogelio Frigerio Nieto. La intención es enfrentar al Gobierno con
números y estadísticas, para demostrar la transferencia
de fondos que en los últimos años benefició a la
Nación en detrimento de las provincias. “En el primer semestre,
el Ejecutivo se quedó con 280 millones de pesos”, comentó
el asesor de uno de los gobernadores del Noroeste.
El objetivo, entonces, es implementar una defensa técnica, con
abogados y economistas, para tratar de impedir el tijeretazo en la coparticipación.
El propio Ruckauf adelantó que “asesores jurídicos
y económicos” explicarán a los gobernadores “cuáles
son las acciones” que se pueden llevar adelante “para tutelar
los derechos de los ciudadanos de sus provincias ante cualquier avance
de la Nación sobre los fondos federales”.
De todas formas, algunos ya se preparan para enfrentar un eventual ajuste
en los montos coparticipables, previendo que el FMI terminará por
conseguir lo que exigió. El santiagueño Carlos Juárez,
por ejemplo, anunció que usará el dinero de las obras públicas
para los programas de alimentación infantil. “Les digo a las
madres que detendré todas las obras, pero no suspenderé
el dinero para la alimentación que ellos necesitan.” Sin embargo,
los gobernadores saben que las presiones del Fondo no son fáciles
de soportar. Así, Reutemann se animó a reconocer su pesimismo:
“Y bueno, lo pagaremos todos”, contestó, resignado, admitiendo
que el ajuste será difícil de detener.
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