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Por Raúl
Kollmann
 La licitación para contratar
el conteo de votos en la elección del 14 de octubre está
a punto de fracasar. La Sindicatura General de la Nación, a cargo
de Rafael Bielsa, determinó que no deben pagarse más de
8.500.000 por la organización y operación del escrutinio.
Además, de las dos empresas que se presentaron a la licitación,
una fue desaprobada por falta de experiencia y pocas posibilidades de
control del escrutinio y la otra cotizó el trabajo en más
de 12 millones. La conjunción de estos elementos hace que todo
el proceso, que lleva ya dos meses, pueda naufragar mañana. El
Estado, entonces, contrataría en forma directa el escrutinio en
una cifra que rondaría los 10 millones, pero ello llevará
a introducir variantes en la forma en que se haga el trabajo y por supuesto
el acento debería estar puesto en la transparencia del resultado
y en que no haya un papelón, como ocurrió en varias ocasiones:
cuando la organización corrió a cargo de Adelina Dalesio
de Viola, que casualmente se cortó la luz, y en la última
elección a jefe de Gobierno porteño, cuando debió
interrumpirse el escrutinio porque se cayó el sistema y Domingo
Cavallo apareció a los gritos denunciando un supuesto fraude.
El dictamen y precio-testigo elaborado por Bielsa indica que cualquier
costo superior a los 8.500.000 pesos es excesivo. Se basa, sobre todo,
en el programa y el trabajo informático que se debe hacer. De las
tres empresas que compraron el pliego, una –Siemens– no se presentó
porque consideró que su precio iba a ser muy alto, la española
Indra cotizó 15.900.000 y otra española, Ibermática,
asociada a Techint, pasó un precio de 12.500.000. La comisión
evaluadora, que lideró el director nacional electoral, Alejandro
Tullio, consideró que Ibermática sólo había
participado, y en forma parcial, en las elecciones del país vasco
y en cambio Indra organizó dos comicios en la Argentina –en
ambos se dio el caso de que el gobierno contratante era del PJ y ganó
la Alianza– y es la empresa que opera el escrutinio nacional en España
y en Venezuela. Además, la oferta de Indra incluía un software
para que los fiscales informáticos de cada partido pudieran verificar
la transparencia del proceso. En base a estos elementos, la licitación
le fue preadjudicada a Indra, que aceptó bajar el precio a 14.200.000.
Ayer, el síndico Bielsa se limitó a reiterar su precio testigo,
por lo que las cosas quedaron en manos del Ministerio del Interior. La
cuestión es de extrema gravedad ya que faltan 46 días para
las elecciones y el Gobierno no puede correr el riesgo de que fracase
el operativo o que se cuestione su limpieza.
En este marco, el ministro del Interior tiene cinco posibilidades:
 Adjudicar la licitación
aunque el precio sea excesivo y en todo caso defender su decisión
en la Justicia. Obviamente esto llevará a un choque con Bielsa.
Adjudicar la licitación
y exigirle a Indra, la empresa que ganó el proceso, que baje todavía
más el precio.
Dar por caída la licitación
e iniciar en forma urgente un proceso de adjudicación directa en
la cual tendrá que optar igualmente entre Indra, Ibermática
–a la que ya había descalificado– e incluso otra empresa,
si aparece. En ese marco, podría hacer una especie de remate en
el que diría que quien se ofrece a hacer el escrutinio por 10 millones
se lo queda.
Habrá que ver qué contestan las empresas, pero sobre todo
si garantizan eficacia al hacer el trabajo.
En la misma línea de
un proceso de remate podría entrar a jugar otro factor: que las
compañías hagan ofertas más cercanas al precio testigo
pero cambiando lo que se pedía o sea desmejorando el escrutinio.
Un punto clave es que se centre todo el ingreso de datos en Capital Federal
o sea centralizando lo que se iba a hacer en 45 centros distribuidos en
todo elpaís lo que permitía un mejor control de los partidos
provinciales. Además, llegarían a Capital 85.000 telegramas,
lo que demorará el escrutinio y los conflictos surgidos de telegramas
mal hechos se concentrarán en Buenos Aires, algo especialmente
urticante para los casos de provincias en las que la elección sea
pareja.
Que se declare desierta la
licitación y que se busque algún organismo del Estado que
realice el escrutinio. Según todos los técnicos esto sería
imposible, entre otras cosas porque también habría que contratar,
gastar dinero y se pondría muy en peligro que el sistema funcione
el 14 de octubre, especialmente por el poco tiempo que queda. De todas
maneras, la mayor de las objeciones es que habría suspicacias si
un organismo conducido por la Alianza cuenta los votos.
Lo cierto es que a apenas un mes y medio de los comicios el proceso electoral
camina por la cornisa. El Gobierno debe resolver el tema de inmediato
para no naufragar, pero encima el problema empieza a tener un mellizo:
con el que organice el conteo de votos habrá que negociar que por
la misma plata o apenas por un poquito más haga el mismo trabajo
en la consulta popular que prepara la Casa Rosada.
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