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Por Carlos Noriega
Desde
Lima
 Desde la noche del lunes, el
nombre del destituido ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), refugiado
en Japón desde noviembre del 2000, se ha sumado, junto a los de
dictadores como el yugoslavo Milosevic y el chileno Pinochet, a la lista
negra de ex jefes de Estado denunciados por crímenes de lesa humanidad.
Esa noche, el Congreso peruano aprobó por unanimidad acusar a Fujimori
por los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada de
personas y lesiones graves. Los cargos se basan en el asesinato de 15
personas en una modesta vivienda del centro de Lima en noviembre de 1991
y en el secuestro y posterior ejecución de nueve estudiantes y
un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992, acciones cometidas
por el grupo paramilitar Colina, el cual, según diversos testimonios,
operaba con la aprobación de Fujimori. Si es encontrado culpable
por los tribunales, al ex presidente peruano le esperaría una sentencia
a 25 años de prisión. Pero para que sea juzgado, antes tendrá
que ser extraditado de Japón.
Si Pinochet se escuda en una supuesta y oportuna demencia senil par evitar
responder ante la justicia chilena por sus crímenes, Fujimori lo
hace en sus ancestros japoneses, lo que le ha permitido reclamar, y obtener,
la ciudadanía nipona. Japón reaccionó rápidamente
ante la acusación contra Fujimori y lo hizo para insistir en que,
a pesar de la gravedad de los cargos, seguirá dándole protección
a su nuevo súbdito. Noriteru Fukushima, director de la Primera
División de Latinoamérica de la Cancillería nipona,
señaló que Japón “no ha cambiado su posición”
en el caso Fujimori. Posición que es la de negar cualquier pedido
de extradición basado en las leyes japonesas, que impiden la extradición
de sus ciudadanos. Poco después de conocida esta reacción
del gobierno japonés, el primer ministro peruano, Roberto Dañino,
adelantó a la prensa extranjera acreditada en Lima que para lograr
la extradición de Fujimori el Perú apelará a los
tratados internacionales, que obligan a los Estados que los han suscrito,
como es el caso de Japón, a colaborar en la extradición
y juzgamiento de toda persona, incluidos jefes de Estado, acusada de crímenes
de lesa humanidad. Y en esta estrategia buscará el apoyo de otros
países, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea.
En diálogo con Página/12, el congresista Daniel Estrada,
quien presidió la comisión parlamentaria encargada de acusar
a Fujimori, reaccionó con dureza frente a la postura japonesa.
“Si el gobierno de Japón insiste en esa posición, entonces
va a pasar de protector de un ciudadano neojaponés a cómplice
de un perseguido por crímenes de lesa humanidad y un país
no puede darse ese lujo. Perú tiene que realizar una gigantesca
campaña mundial y se tendrá que denunciar a Japón
en todos los foros mundiales como encubridor de Fujimori”. La de
la congresista Martha Chávez, recalcitrante fujimorista, fue la
única voz que se escuchó en el Congreso en defensa de Fujimori.
Pero antes de la votación abandonó el hemiciclo. Desde su
refugio de Tokio, Fujimori ha dicho que la acusación está
políticamente motivada y asegura que no tuvo nada que ver con las
operaciones de Colina. Estrada considera que “es imposible”
que esas acciones criminales se hayan realizado sin la autorización
de Fujimori, quien “conocía estas operaciones antes, durante
y después de su ejecución”. La acusación del
Congreso ha sido remitida a la Fiscalía de la Nación, que
formalizará la denuncia ante la Corte Suprema, organismos que deberá
nombrar un vocal que se encargue de abrir instrucción penal a Fujimori.
Una vez abierta la instrucción se deberá dictar orden de
capturay solicitar la extradición del ex presidente. El Grupo Colina
se creó a inicios de los años noventa en el seno de los
servicios de inteligencia que controlaba el ahora detenido Vladimiro Montesinos
y su misión era secuestrar y ejecutar a quienes los militares calificaban
como “subversivos”.
El caso Fujimori pondrá a prueba la eficiencia de los tratados
internacionales para asegurar el juzgamiento de los autores de crímenes
de lesa humanidad. Y esta vez el país que está en la mira
como protector de un acusado de crímenes contra la humanidad no
es un pequeño país del Tercer Mundo, sino una de las potencias
mundiales.
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Claves
 El Congreso peruano
acusó al ex presidente Alberto Fujimori de crímenes
de lesa humanidad. Fujimori escapó a Japón el año
pasado, y este país se ha negado a cooperar con el gobierno
peruano, encabezado ahora por Alejandro Toledo, aludiendo a la nacionalidad
japonesa de Fujimori.
El gobierno peruano dijo
que apelará a la comunidad internacional para lograr la extradición
del ex presidente. A pesar de que Japón no permite la extradición
de sus nacionales, sí habría firmado convenios internacionales
que hasta podrían obligar a juzgarlo en ese país.
La situación pone
a prueba las tesis sobre la justicia internacional. Tanto en el
caso Pinochet como en el caso Milosevic, los países “protectores”,
Chile y Yugoslavia, no pertenecían a las potencias mundiales.
Y Japón sí es una potencia mundial.
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DELEGACION
DE EE.UU. EN COLOMBIA
Donde manda capitán...
En plena ofensiva del gobierno
de Andrés Pastrana contra las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC),
Estados Unidos no se ahorra ningún gesto para mostrar hasta qué
punto vigila las actividades de quien es beneficiario de una ayuda multimillonaria
enmarcada en el Plan Colombia. Hoy llega al país un grupo de altísimos
funcionarios norteamericanos para evaluar la aplicación del Plan
Colombia. Aún más: el mismísimo secretario de Estado
Colin Powell hará una incursión personal en Colombia entre
el 11 y el 12 de setiembre para dar su respaldo a la lucha contra el narcotráfico.
El gobierno colombiano negó que exista una polémica con
Washington por el manejo que la guerrilla tiene sobre la zona desmilitarizada
de 42.000 km2 en el sur del país. Sin embargo, una delegación
de George W. Bush someterá a examen a Colombia a partir de hoy.
“La idea es hacer una revisión de algunos aspectos relacionados
con la implementación del Plan Colombia, las fumigaciones y otros
asuntos de la agenda bilateral, como los avances legislativos en materia
de derechos humanos”, aseguró el vicepresidente de Colombia,
Gustavo Bell. Los funcionarios estadounidenses tienen previsto reunirse
con sus pares colombianos y visitar las bases militares que reciben entrenamiento
de Washington, desde las cuales se ejecuta el Plan Colombia.
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