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Por Maximiliano
Montenegro
 Rogelio Frigerio (n) fue secretario
de Programación y Economías Regionales de Roque Fernández,
quien delegaba en él todas las negociaciones de Economía
con los gobernadores. Antes, durante la primera etapa de Cavallo en Economía,
había sido segundo de Jorge Baldrich, actual secretario de Hacienda,
quien entonces desempeñó una función similar. Hoy
está del otro lado del mostrador: es el principal negociador técnico
que los gobernadores plantaron frente a Cavallo, su antiguo jefe, en su
reclamo porque no se le recorten los fondos que se transfieren a las provincias.
–¿Quién le debe plata a quién: la Nación
a las provincias, o las provincias a la Nación?
–Una comparación en términos de lo que efectivamente
lo que las provincias recibieron en concepto de coparticipación
en la última década y lo que les hubiera correspondido por
la ley 23.548 original, del año 1988, hay una diferencia de 30.000
millones de pesos que las provincias resignaron en favor de la Nación.
Mediante los diversos pactos federales firmados del ‘92 a la fecha,
las provincias resignaron ese dinero para cumplir diversos objetivos:
soportar conjuntamente con la Nación la reforma del sistema previsional
y, además, socorrer a la Nación en sus problemas fiscales
y financieros. Esta cifra de 30.000 millones es casi 10.000 millones superior
al total de la deuda consolidada de las 24 jurisdicciones.
–¿A partir del último Pacto Fiscal, cómo dan
las cuentas?
–A partir del último compromiso fiscal federal, firmado en
diciembre del ‘99 por Machinea con una adenda en el 2000, las provincias
vienen recibiendo mensualmente una suma fija de 1365 millones. Desde entonces,
esa suma fue cumplida por la Nación con deudas en algunos fondos
específicos, como fondos garantizados de junio y julio de Fonavi,
Ganancias y Bienes Personales por 94 millones que no se transfirieron.
–¿Entonces al día de hoy están casi a mano?
–No. Porque en aquel compromiso la Nación entendía
que la suma fija era un “favor” que le hacían las provincias
a la Nación. Por eso, como contrapartida, la Nación concedió
dos cosas fundamentales: integrar recursos en un fondo fiduciario para
refinanciar los vencimientos de capital de algunas provincias y, a su
vez, transferir 225 millones de pesos para gastos sociales en las provincias.
Estos compromisos de la Nación no se cumplieron este año:
no se transfirió el gasto social en la magnitud acordada y el fondo
fiduciario en el 2001 no tiene recursos para financiar los vencimientos
de capital de las provincias.
–¿Con el sistema de suma fija la Nación ganó
o perdió?
–La Nación, con este sistema, ganó durante el 2000
alrededor de 1000 millones. Es decir, “se ahorró” de
transferir esa suma a las provincias, que es lo que hubiera correspondido
si se seguía con un esquema de porcentaje de la recaudación
total. Durante el 2001, hasta junio, el balance fue que las provincias
volvieron a resignar unos 250 millones. Julio fue netamente negativo para
la Nación: tuvo que poner unos 250 a 300 millones para llegar a
la suma fija. Y agosto también habría sido muy negativo
para la Nación, por un monto similar.
–Entonces, si sigue la tendencia negativa, el Gobierno va a tener
que aportar hasta fin de año unos 1000 millones de “recursos
propios” para cumplir con la suma fija con las provincias.
–Obviamente, si uno espera que la recaudación caiga, la suma
fija deja de ser un beneficio para el gobierno nacional. Pero si uno espera
que la recaudación se recupere, la suma fija es positiva para la
caja nacional. –¿Los gobernadores recibieron alguna comunicación
oficial, política o técnica, de que el Ministerio de Economía
quería romper con el compromiso de la suma fija de transferencias
a las provincias? –Nunca hubo una comunicación oficial, ni
a nivel político ni técnico. Los gobernadores se enteraron
por los medios. Pero acá hay que tomar en cuenta que durante la
gestión de Cavallo se creó el impuesto a las cuentas corrientes,
que no es coparticipado. Por esto, las provincias “resignaron”
en el primer semestre otros 450 millones. Entonces, cuando Cavallo dijo
que hay que volver a la coparticipación anterior, no se sabe si
es la original o la anterior a Machinea con el impuesto al cheque. Tampoco
le convendría ninguna de las dos.
–¿Cómo hace Cavallo, que está presionado por
el FMI para cumplir con el déficit cero, para girarle a las provincias
1000 millones extra?
–El déficit cero es una imposición de la realidad a
la que nos llevó este gobierno. Pero déficit cero para las
provincias es más complicado que para la Nación porque implica
no sólo no incrementar el stock de deuda -es decir no generar déficit–
sino también lograr un superávit para cancelar los vencimientos
de capital de la deuda. Hoy las provincias están amortizando deuda,
porque no tuvieron los beneficios del blindaje, del megacanje, ni del
salvataje del FMI. La suma fija fue un compromiso de la Nación,
con el cual la Nación logró que las provincias resignaran
recursos durante todo el año pasado. Ahora, porque se da vuelta
la taba, el gobierno quiere cambiar las reglas de juego. Es absurdo. Tan
absurdo como
pretender que los estados provinciales auxilien al Estado nacional para
que este llegue al déficit cero cuando en algunas provincias se
adeudan más de dos meses de sueldo y el medio aguinaldo. Esto,
evidentemente, es comprometer la gobernabilidad de las provincias. En
especial, cuando la Nación está al día con los sueldos
y el medio aguinaldo sobre la base, entre otras cosas, de no honrar sus
compromisos con las provincias.
–¿Qué provincias están en esa situación?
–Varias de las que están en el Fondo Fiduciario, donde hay
11 provincias. Además de Buenos Aires que se sumó recientemente,
en el Fondo están Formosa, Jujuy, Tierra del Fuego, Neuquén,
Chaco, Catamarca, Río Negro, San Juan, Chubut, Tucumán.
Varias de estas provincias están con atrasos salariales y no pagaron
el medio aguinaldo. O están pagando con bonos.
–El otro tema es el Fondo de Incentivo Docente que tiene garantía
del Tesoro nacional hasta diciembre y, después, el gobierno nacional
planea transferirlo a las provincias...
–El Fondo fue una decisión que no fue consensuado con las
provincias.
Para los gobernadores está claro que el Fondo de Incentivo es una
responsabilidad del gobierno nacional. La única duda es qué
va a decidir la Nación a partir de diciembre sobre este tema.
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