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Por Adriana Meyer
 El Gobierno prefirió
postergar la definición sobre qué empresa contará
los votos el 14 de octubre para tratar de gastar menos. El Ministerio
del Interior anuló la licitación que había ganado
una empresa española porque ofertó un precio superior al
que marcó como máximo la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN). El ministro Ramón Mestre informó anoche que llamarán
a un “concurso de precios” para adjudicar en forma directa la
realización del escrutinio a la empresa que presente el precio
más bajo, en relación a lo establecido por el organismo
de control. En diálogo con Página/12 la subsecretaria de
Interior, Cristina Azcueta, destacó que “es posible disminuir
los costos de la política y así cumplir con las metas del
plan de déficit cero”.
La funcionaria dio como ejemplo el ahorro que lograron en la impresión
de padrones a cargo de la Casa de la Moneda: de 13 a 5 millones de pesos.
Tras minimizar los alcances de la movilización cegetista ante los
periodistas acreditados en la Casa Rosada, Mestre anunció que se
había desestimado la oferta presentada por la empresa española
Indra. Azcueta precisó que esto ocurrió por “falta
de razonabilidad entre la oferta y el precio testigo establecido por la
SIGEN, dado que la cifra mejorada aún quedó un 70 por ciento
arriba del tope”. Según explicó la subsecretaria, el
Estado elegirá la propuesta más conveniente que surja de
una “compulsa de precios”, y la contratación directa,
que fue autorizada “por razones de urgencia”, tendrá
las mismas condiciones que la licitación, pero sin los pasos burocráticos.
Podrán presentarse en esta última instancia las mismas empresas
que participaron de la licitación, pero el Ministerio del Interior
está sondeando a otras que también tendrían interés
y capacidad para la tarea.
El nerviosismo pudo palparse esta semana en los pasillos de la cartera
política porque se acerca la fecha de los comicios para la renovación
legislativa y no hay una definición sobre qué empresa será
adjudicada para contar los votos. Mestre demoró la decisión
porque quería bajar aún más el precio propuesto por
la empresa precalificada. Con el dictamen de la SIGEN en sus manos, que
estableció un tope de 8 millones y medio, el ministro se empeñó
en resistir presiones incluso provenientes de su propia cartera.
Tres empresas habían comprado el pliego de la licitación:
Siemens, que se retiró porque consideró que su precio iba
a ser muy alto, y las españolas Indra e Ibermática. La primera
cotizó 15.900.000 mientras que Ibermática, vinculada a Techint,
pasó un precio de 12.500.000. La comisión evaluadora, encabezada
por el director nacional electoral Alejandro Tullio, consideró
que la experiencia de Ibermática se limitaba a las elecciones en
el País Vasco mientras que Indra opera el escrutinio nacional en
España y en Venezuela. La licitación fue preadjudicada a
Indra, pero el gobierno le pidió que mejorara su oferta. Los españoles
lo bajaron a 14.100.000 pesos, cifra aún muy por encima del precio
testigo.
La SIGEN sólo analizó el aspecto económico de la
licitación. Durante el proceso licitatorio, Indra y los vascos
de Ibermática coincidieron en acusar a Tullio de hacer un pliego
a medida, sólo que cada una decía que la otra era la beneficiada.
“A medida de alguien fue hecho y me suena que Indra salió
ganando”, comentó a Página/12 un funcionario que trabaja
con los síndicos. Y agregó que Tullio habría presionado
a Mestre para que se “olvidara” de la recomendación de
la SIGEN y firmara la adjudicación a la ganadora de la precalificación.
Los auditores que trabajan bajo las órdenes de Rafael Bielsa enviaron
un sutil mensaje a la Rosada. Claudia Bello, ex secretaria de la Función
Pública, fue procesada en la causa de las cajitas sobre el Y2K
por hacer exactamente lo mismo: adjudicar una licitación con un
sobreprecio. Al parecer, fueron convincentes.
“La contratación directa podrá costar más que
8 millones y medio, pero no debería superar los 10”, aseguran
desde la SIGEN. Sin embargo, otra fuente que participó de la licitación
cree que va a terminar costando mucho más, o que, si logran mantener
el precio perderán calidad. “El nuevo decreto no está
redactado de modo que quizás bajan las pretensiones con tal de
abaratar el costo”, aventuró. Ese es un riesgo que al gobierno
no le convendría correr porque estará en juego nada menos
que la transparencia de la elección. Azcueta desmintió la
posibilidad de que un organismo público encare la tarea. “Es
cierto que en esto no hay un valor de mercado y por eso en el pasado se
pagó mucho más, pero confiamos en los parámetros
que encontró la SIGEN”, concluyó.
MESTRE
PONE EN DUDA EL PLEBISCITO DEL GOBIERNO
“Es posible que no se haga”
El plebiscito para la reforma
política parece muerto antes de nacer. El ministro del Interior,
Ramón Mestre, decidió blanquear anoche lo que varios en
la Rosada ya admitían en voz baja: dijo que “existe la posibilidad
de que no se haga” la consulta que anunció el presidente Fernando
de la Rúa en el mensaje que dio por cadena la semana pasada. El
ministro reconoció que podría darse marcha atrás
con la iniciativa si el Congreso sanciona el proyecto de reforma política
girado por el Ejecutivo y si las Legislaturas provinciales aceptan reducir
sus gastos.
“Existe la posibilidad de que la consulta popular no se haga, dependerá
de cómo se vayan dando las situaciones y de que se aprueban las
leyes que enviamos al Congreso”, manifestó Mestre anoche en
rueda de prensa. En la consulta, el Gobierno le preguntaría a la
gente si estaba de acuerdo en que se redujeran los costos de la política
más otras cuestiones que todavía estaban en discusión.
Para los funcionarios que se ocupan de las operaciones políticas,
el plebiscito era una buena idea siempre que se pudiera convocar para
el mismo día que las elecciones legislativas. De esa forma, pensaban,
encontrarían la solución para unificar el discurso de todos
los candidatos de la Alianza a nivel nacional. Hasta ahora, cada distrito
que se define –Capital Federal, Buenos Aires, Chaco– termina
por adoptar una posición opositora a la gestión delarruista.
Pero, cuando se enteraron de que la ley que reglamentó las consultas
populares prohíbe que la convocatoria se realice junto a otra elección,
varios desaconsejaron seguir adelante con la idea. Sin embargo, De la
Rúa, en el mensaje que siguió al acuerdo con el FMI, anunció
la convocatoria para después de los comicios. Entusiasmados, en
los días posteriores, hombres cercanos al Presidente imaginaron
añadidos a la convocatoria original con nuevas preguntas. Luego,
el rechazo generalizado de la clase política por el llamado a una
elección de resultado obvio y la posibilidad de que el Congreso
finalmente decida tratar la reforma terminaron por quitarle sustento a
la iniciativa que ayer Mestre puso en duda.
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