Por Eduardo Tagliaferro
El juez en lo penal económico
Julio Speroni puso fecha a la indagatoria de Carlos Menem. El día
de la citación le agrega cierta carga simbólica a la ya
de por sí histórica escena de un ex presidente subiendo
las escalinatas de Comodoro Py para responder por los cargos de contrabando
agravado de armas. Menem, que se imaginaba como un conductor capaz de
heredar el liderazgo político de Juan Domingo Perón, deberá
presentarse en los tribunales el próximo 16 de octubre, un día
antes del día de la lealtad. Al día siguiente
deberá hacerlo su ex cuñado, Emir Yoma. Lejos de buscar
una coincidencia con la efemérides peronista, el magistrado debe
haber reparado en que la fecha es al día siguiente de las elecciones
legislativas, en las que probablemente el presidente Fernando de la Rúa
sufra un fuerte revés.
Los camaristas, Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos le
habían ordenado a Speroni el pasado 20 de julio, tomarle declaración
indagatoria a Menem. La definición de los miembros del tribunal
de alzada del fuero no pasó desapercibida en los tribunales. El
hecho de que definieran que la declaración del ex presidente debía
ser una indagatoria, fue considerada como una virtual acusación.
Tanto el dictamen de los camaristas, como la citación resuelta
por Speroni, fue tomada muy en cuenta por los integrantes del fuero federal.
Más aún cuando los camaristas federales, Horacio Cattani,
Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, deben resolver la apelación
de los defensores de Menem al procesamiento dictado por el juez Jorge
Urso, que lo consideró Jefe de la asociación ilícita
que realizó la maniobra.
En Comodoro Py se especula que muy probablemente Speroni termine procesando
al ex presidente. Tal como sucedió con el ex ministro de Defensa,
Antonio Erman González y con el ex jefe del Ejército, general
Martín Balza. La figura del contrabando agravado no es excarcelable.
Por lo que si Speroni decide procesar a Menem, éste continuaría
preso en la quinta de Don Torcuato. En los tribunales especulan con el
dilema que enfrentan los camaristas federales. Aunque ellos decidan liberarlo,
quizás Menem deba volver a prisión por un fallo de Speroni.
Además de las indagatorias de Menem y de Emir, el magistrado en
lo penal económico también citó al ex subsecretario
general de la Presidencia, Esteban Caselli. En el caso del ex funcionario
de Menem, el juez no definió si lo convoca en condición
de testigo o como imputado. En el fuero federal, Caselli sostuvo que la
orden para que Luis Sarlenga no fuera removida de la intervención
en Fabricaciones Militares se la había transmitido el propio Menem.
El dato aparecía como crucial porque confirmó los dichos
del ex ministro de Defensa, Oscar Camilión.
Los camaristas de penal económico también recomendaron a
Speroni que realice las diligencias omitidas hasta el momento
y que avance en el esclarecimiento de lo que se conoce como la ruta
del dinero. Pesquisa que busca esclarecer si a las arcas oficiales
ingresó la totalidad del dinero comprometido en la venta, así
como si en la maniobra se pagaron coimas. La investigación es análoga
a la que lleva adelante Urso. Tal vez por ese motivo, Oscar Roger y Oscar
Salvi, defensores del ex presidente, vienen reiterando que pedirán
la unificación de ambas causas, ya que para ellos Menem está
siendo acusado dos veces por el mismo hecho.
Los conocedores de las investigaciones judiciales afirman que casi todos
los defensores de los involucrados en el affaire comienzan sus primeros
pasos procesales argumentando la necesidad de la unificación de
los dos expedientes. Existe un anterior planteo del abogado Néstor
Blondi, en su condición de abogado del traficante Diego Palleros,
para que el fuero federal se declarara incompetente. El conflicto fue
saldado por el fuero Penal Económico, declarando que las actuaciones
de Urso eran pertinentes. De hecho, de unificarse las causas estas tendrían
una fuerte posibilidad de que quedaran en manos de Urso. Lo que a juzgar
por las últimas definiciones procesales, no aparece como una buena
noticia para Menem.
UNA
TESTIGO CLAVE EN EL CASO ARMIAS
A dormir a la sombra
Terminó presa, por mentir,
la primera testigo del caso AMIA. No se trata del juicio oral que empezará
el 24 de setiembre, sino de una causa paralela conocida como ARMIAS, o
sea mitad relacionada con una venta de armas y explosivos y mitad vinculada
al caso del atentado. Lo concreto es que Mónica Cañete,
que fue una pieza clave para imputar a un grupo de carapintadas, dio marcha
atrás en su testimonio: dijo que nunca leyó lo que firmó
en sus declaraciones anteriores y dejó entrever lo que siempre
se sospechó: que el caso ARMIAS fue un armado de la Policía
Bonaerense, una pista falsa, para sacarse de encima las sospechas que
estaban apuntando a esa fuerza y dirigirlas hacia un grupo de ex carapintadas
que robaban armas de los cuarteles y las vendían a bandas de delincuentes.
Las contradicciones de Cañete no mejoran ni empeoran la situación
de los carapintadas en el juicio, pero sí agravan las cosas para
el entonces principal investigador policial del atentado, el comisario
Angel Salguero.
El expediente se inició cuando Salguero en momentos que la
investigación iba en dirección de su amigo el comisario
Juan José Ribelli- le llevó al juez Juan José Galeano
una nueva pista: el grupo de militares que supuestamente vendió
los explosivos a los terroristas. Esa organización, de acuerdo
a un testigo encubierto, operaba en un templo umbanda que regenteaba Mónica
Cañete. Ahora se reveló parte del juego: la madre de Cañete
es Elba Fernández que, según confesó Cañete,
fue amante del comisario Salguero. El alto oficial de la Bonaerense, en
cambio, había dicho en el juicio oral que sólo había
visto una o dos veces a esa mujer en ocasión de detenerla. También
quedó en claro que Fernández o sea la amante de Salguero,
era la testigo encubierta que denunció a la banda de carapintadas
y, según Cañete, ambas recibieron instrucciones del policía
sobre qué debían decir y hacer para involucrar a los carapintadas
en el caso AMIA.
En resumen, Cañete terminó presa por sus contradicciones.
La causa por falso testimonio quedó a cargo del juez Jorge Urso.
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