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Por Mariana Carbajal
 El gobierno porteño
sufrió un nuevo revés en la Justicia en otro caso de anencefalia.
Por quinta vez consecutiva, un juez reiteró a las autoridades de
la Ciudad que es “ilegal” y “arbitrario” pedir una
autorización judicial como condición para interrumpir un
embarazo de un feto sin posibilidades de sobrevida, como hizo en esta
oportunidad el Hospital Pirovano. “Negarle la interrupción
del embarazo resulta claramente violatorio de su derecho a la salud, tal
como ha sido señalado en conocidos precedentes tramitados por ante
este mismo fuero”, señaló el magistrado Hugo Zuleta,
al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por una mujer embarazada
de seis meses. A pesar de la reiteración de los fallos con similares
fundamentos, el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra se resiste a impartir
una directiva a los hospitales para que, ante un diagnóstico de
anencefalia, lleven adelante la inducción del parto sin exigir
una orden judicial. Un proyecto de declaración para pedirle al
Ejecutivo que tome una decisión en ese sentido sería tratado
hoy en la Legislatura.
El proyecto, de la aliancista Gabriela González Gass, tiene despacho
unánime de la Comisión de Salud y está incluido en
el temario de la sesión de hoy. Aunque se trata de un proyecto
de declaración –no tiene más efecto que el de una expresión
de deseos y de apoyo político– su aprobación no será
sencilla. Algunos legisladores de Encuentro por la Ciudad pretenden enturbiar
el debate, interpretando que lo que se busca es la virtual legalización
del aborto, aspecto que no plantea en ningún momento la iniciativa.
Simplemente pide al Ejecutivo que “dé instrucciones precisas
a los hospitales para proceder a la inducción del parto en caso
de presentarse un diagnóstico de anencefalia sin exigir la autorización
judicial”.
Consultado por Página/12, el secretario de Salud, Aldo Neri, informó
que el gobierno porteño no tomará ninguna decisión
al respecto hasta que la Procuración General no se expida sobre
el tema.
–Cinco jueces ya sentenciaron que no es necesaria la orden judicial.
¿Por qué insisten en pedirla? –le preguntó este
diario.
–Hay también jurisprudencia que dice lo contrario. Los médicos
tienen el temor natural a que los acusen de haber realizado un aborto.
El quinto fallo consecutivo que establece que no se debe requerir una
autorización se conoció ayer y lleva la firma del titular
del juzgado Nº 10 en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad.
El juez Zuleta hizo lugar a un amparo presentado por Noemí C. La
mujer se enteró el 31 de julio de que la criatura que espera padece
una malformación grave y morirá al nacer. Noemí,
de 21 años, y condición muy humilde –vive con su marido
y una hija de ambos de 18 meses en un hotel del barrio de Belgrano–,
pidió adelantar el parto, pero en el Pirovano le exigieron una
orden judicial para realizar la inducción.
En los fundamentos de su fallo, el magistrado invalidó los argumentos
del gobierno porteño para exigir la autorización judicial.
“Contrariamente a lo sostenido por la representación de la
Ciudad, no se aprecia en el caso conflicto alguno de derechos, ya que
no se encuentran afectados los derechos del niño/a por nacer, (...)
pues la interrupción del embarazo en el actual estado gestacional
–29 semanas– no será causa de su muerte, ya que no es
el obrar médico lo que la provocará sino la falta de desarrollo
de estructuras orgánicas indispensables para la conservación
de la vida, lo que la ciencia médica no se encuentra en condiciones
de subsanar. Los únicos derechos que se encuentran afectados son
los de la madre y su familia (...). Al no haber “conflictos de derechos
(...), no hay razón para requerir una autorización judicial
como condición para aplicar el tratamiento”, sentenció
el juez.
CONTROLES
A MCDONALD’S EN MAR DEL PLATA Y NEUQUEN
Más inspectores en casa de Ronald
Tras la clausura de los cuatro
locales de McDonald’s en la Capital, el temor por la presencia de
comida contaminada hizo que se tomaran muestras de alimentos en todas
las sucursales de la cadena en las ciudades de Mar del Plata y Neuquén.
En tanto, ayer se realizó en el Instituto Malbrán un estudio
más exhaustivo de la muestra de hamburguesas de pollo que dio positivo
de Escherichia coli, para determinar “si hay una fuente única
de infección común en las muestras tomadas en los cuatro
locales o si se está en presencia de una fuente múltiple”,
explicaron en el Departamento de Epidemiología Alimentaria de la
Ciudad. Mientras, en McDonald’s siguen esperando por la contraprueba
que confirmará efectivamente la presencia o la ausencia de la bacteria.
El gobierno porteño anunció a este diario que esa prueba
se hará hoy o mañana.
En el laboratorio del Malbrán se realizó ayer un sofisticado
examen de epidemiología molecular sobre las ya famosas muestras,
que determinará el genoma de la bacteria: “Se trata de una
fagotipia, que determina si en las cuatro pruebas positivas aparece el
mismo serotipo de Escherichia choli. Si esto es así, se comprueba
una fuente única de contaminación, lo que haría más
fácil la determinación de las causas. En cambio, si la fuente
es múltiple es más complicado encontrar el origen de la
bacteria”, detalló a Página/12 Elena Birman, asesora
en epidemiología alimentaria del gobierno porteño. Los resultados
de ese análisis se esperan para hoy.
Desde McDonald’s, en tanto, se ocuparon de aclarar que “las
muestras testigo sigue en el freezer, a la espera de que nuestros técnicos
las revisen en conjunto junto a los del gobierno”, apuntó
la jefa de Comunicaciones Institucionales, María José Parodi.
Las 215 sucursales que la cadena tiene en el país abrieron ayer
sus puertas sin ofrecer ningún producto realizado con pollo. Además
de recibir clientes, los locales de la ciudad de Mar del Plata y los dos
que existen en la de Neuquén recibieron la visita de los técnicos
de bromatología locales que retiraron, preventivamente, una serie
de muestras de los alimentos que se estaban expendiendo.
En ambas ciudades, las autoridades coincidieron en que las actuaciones
fueron “de oficio, tras tomar conocimiento de lo ocurrido durante
las ultimas horas en Buenos Aires”. De todas maneras, hasta el momento
no se han reportado análisis que hayan arrojado resultados positivos
de alguna bacteria.
RECLAMO
DE LA CIDH AL GOBIERNO
Una defensora con apoyo
La Comisión Interamericana
de Derecos Humanos (CIDH) ordenó al Estado argentino que “adopte
medidas urgentes para proteger la vida y la integridad personal”
de la defensora oficial de San Isidro María Dolores Gómez,
que fue víctima de amenazas, agresiones físicas y en torno
de quien se descubrió un plan diseñado para matarla. Gómez
había denunciado los maltratos y las violaciones en comisarías
y penales de la provincia de Buenos Aires.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por La Justicia
y el Derecho Internacional (Cejil) habían solicitado a la CIDH
la adopción de estas medidas, que se aplican en los casos de peligro
grave e inminente de violación de los derechos humanos. Su argumento
fue que este peligro cesará cuando sean identificados y sancionados
los autores de las intimidaciones.
Las agresiones recibidas por Gómez estarían relacionadas
con investigaciones impulsadas por la abogada en relación a maltratos
y violaciones a los derechos humanos verificados en comisarías
y penitenciarías de la provincia de Buenos Aires.
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