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Por Eduardo Videla
 Para la Policía Bonaerense,
la mejor protección para un chico de la calle o un menor que pide
limosna es ser detenido y alojado en una comisaría. Así
lo dispone una circular del director de Coordinación Operativa
de la fuerza, el comisario mayor Carmelo Impari, que ordena a los jefes
de todas las departamentales de la provincia que “se detenga a niños
y jóvenes desprotegidos”, en operativos que deberán
implementarse “en forma continua” y que concluirán poniendo
al menor “a disposición de la Justicia tantas veces como sea
necesario”. La medida, que ya se estaría implementando en
algunos municipios, causó estupor en los funcionarios de la Dirección
de la Niñez de Avellaneda, quienes hicieron pública la denuncia.
“La medida me sorprendió un poco”, dijo anoche a Página/12
la titular del Consejo Provincial del Menor, Irma Lima, quien aún
no había recibido ninguna explicación de las autoridades
policiales ni políticas de la provincia. En rigor, tampoco la había
pedido. En tanto, la titular del Consejo Nacional de la Niñez,
María Orsenigo, anunció que presentará un recurso
ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, dado que la medida “es
violatoria de la Convención Internacional de los Derechos del Niño”,
garantizada por la Constitución nacional.
La escandalosa circular fue firmada por el comisario Impari el 6 de agosto
último y girada a los jefes de las 18 Departamentales de la Policía
Bonaerense. “Usted deberá disponer la realización de
amplios operativos con el fin de poner a disposición de la Justicia
de Menores a los niños y jóvenes que se encuentren desprotegidos
en la vía pública y/o pidiendo limosna, etc., acción
que ya se ha tornado sistemática y pone en riesgo la integridad
física de los menores de edad”, ordena la nota.
Desconcertado, un jefe policial la acercó el lunes a la directora
de Niñez, Adolescencia, Mujer y Familia de Avellaneda, Mary Martín.
El municipio tomó intervención y notificó la situación
al Consejo Nacional del Menor y a su par provincial. “En Avellaneda,
por el momento, no se han realizado procedimientos, pero sabemos que en
Quilmes sí”, dijo Martín a Página/12. La funcionaria
alertó sobre las graves consecuencias que ocasionaría la
aplicación de la medida: “Estamos trabajando con los chicos
de la calle y hemos logrado reinsertar a muchos en sus familias, con el
criterio de no judicializarlos. Ahora, si los detienen, todo ese trabajo
se pierde”.
La titular del Consejo Provincial del Menor, Irma Lima, dijo anoche a
este diario que se enteró del tema también el lunes, cuando
fue notificada por un delegado del Consejo en el Departamento Judicial
de Quilmes. “Me sorprendió un poco”, dijo la funcionaria,
ex jueza de menores. Argumentó que la medida es “una consecuencia
de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Protección
del Menor, dispuesta por la Suprema Corte, y que deja vigente el decreto
ley 10.067, de la dictadura”. Esa ley, explicó la funcionaria,
dispone que en los casos de chicos en situación de riesgo tiene
que tomar intervención la Justicia”.
Lima advirtió que la detención pone a los chicos de la calle
“en una situación de mayor riesgo: un chico que está
trabajando en la calle está mal, pero si está en una comisaría
está peor”. “Los chicos que limpian autos en la calle
a veces son el único ingreso de su familia. No se soluciona nada
mandándolos a la comisaría”, agregó.
Desde que fue notificada del tema, el lunes, la funcionaria se limitó
a comentar el tema con el subsecretario de Seguridad, Juan García
Blanco, quien no le dio “ninguna explicación”, y citó
para hoy al jefe de la Departamental de Quilmes, según informó
la propia funcionaria.
–¿No podía haber tomado usted una medida más
enérgica?
–Es que la Corte declaró inconstitucional la ley y por lo
tanto yo no puedo actuar. La policía se ampara en el decreto ley
de la dictadura. Nosotros no podemos actuar sin una orden judicial.
–Pero usted es la máxima autoridad provincial en materia de
Minoridad. El gobernador la designó para que proteja a los menores
y a usted ni la consultan para tomar una medida de este tipo. ¿Cómo
lo explica?
–Yo no puedo actuar porque ya tengo una denuncia en la Corte por
desacato, por querer aplicar la ley de Protección Integral del
Menor. No tenemos posibilidad de hacer nada. Y la policía se atiene
al texto del decreto ley. Bajo la figura de la protección de los
menores se cometen las peores aberraciones.
–¿Por qué no pidió explicaciones hasta el momento?
–Le digo que cité al jefe de la Departamental Quilmes.
¿Por qué la policía, que ya no tiene lugar en las
comisarías para alojar imputados mayores ni menores en sus calabozos,
toma una medida de este tipo? Página/12 hizo reiteradas consultas
en la jefatura, pero no obtuvo respuestas. En los últimos meses,
además, este diario denunció en varias oportunidades los
maltratos y vejaciones a los que son sometidos los chicos detenidos en
las comisarías provinciales.
La Dirección de la Niñez de Avellaneda adelantó que
interpondrá “un recurso de amparo preventivo e impulsará
idéntica medida en la red de defensorías de la provincia”.
“Ante la situación que atraviesa nuestra sociedad, con altísimos
índices de marginalidad y pobreza, donde ya tenemos más
de una generación de excluidos, con una infancia totalmente desprotegida,
que la policía –alguna vez definida como ‘maldita’–
pretenda que estos operativos son para proteger la integridad física
de los menores, es por lo menos sospechoso. Esta medida está enmarcada
en una concepción represiva, anticonstitucional y antidemocrática”,
concluye la nota, que firman la directora Martín y el secretario
de Acción Social de Avellaneda, Marcelo Torres.
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“Es la limpieza
social”
“Esto es no sólo una interpretación errónea
del marco jurídico sino un ocultamiento del conflicto social,
la cara más blanda de la limpieza social que se hace con
el gatillo fácil”. Así se lo dijo ayer la directora
de Niñez de Lomas de Zamora, Laura Taffetani, para quien
“el problema es que los chicos de la calle, que cada vez son
más, están molestando muchísimo sobre todo
la dirigencia política” que los ve como la demostración
palpable y cotidiana de la creciente crisis social.
La funcionaria de Lomas de Zamora, quien ayer no había recibido
aún la circular oficial de la Policía Bonaerense,
sostuvo que están siendo “presionados” para que
consigan sacar a los chicos de la calle “sobre todo desde que
los medios de manera amarillista pusieron en el tapete casos particulares
de explotación como el de alguna madre que alquila niños
para pedir limosna”. “Ante el horror que generan se busca
una respuesta represiva que es que saquen los chicos de la calle”,
disparó.
“El problema que tenemos con esta circular es que los jueces
malinterpretaron una decisión de la Corte que fue una votación
dividida y sostienen que no está en vigencia la ley del Menor.
Es por eso que la policía sale a plantear que debe cumplir
la ley vieja”, explica. La vieja ley es la 10067 y plantea
que ante cualquier situación de peligro moral y material
cabe la intervención del Estado. “Pero eso va contra
la Convención Internacional de los Derechos del Niño
en la que queda claro que el chico puede estar en la calle si quiere
y que el desamparo no es el que esté en la vía pública,
sino que el Estado no puede hacer nada por él”, dijo
Taffetani y anunció que en la jurisdicción de Lomas
de Zamora el Ejecutivo local se reunirá con las autoridades
de la Bonaerense para “buscar una solución que no esté
contra los derechos de los chicos”.
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MARIA
ORSENIGO, TITULAR DEL CONSEJO DE NIÑEZ
“Es un hecho absolutamente grave”
Por Carlos Rodríguez
La decisión de levantar
de la calle, con la policía, a los chicos en situación de
mendicidad “no se corresponde en absoluto con el orden jurídico
vigente en el país como política de infancia”, sostuvo
anoche la presidenta del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia, María Orsenigo, en declaraciones a Página/12.
Reconoció que desde el martes está al corriente de la existencia
de la circular y que prepara, con los abogados del organismo, una presentación
que realizará hoy ante la Suprema Corte provincial. “La disposición
no sólo se contrapone con la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño y con la Constitución, sino que podría
incluso contradecir las normas internas de la propia Policía Bonaerense;
esto lo estamos estudiando”, declaró la funcionaria.
Orsenigo puso énfasis en la existencia de “una gruesa contradicción”
entre la orden de “hacer verdaderas razzias” y llevar detenidos
a los chicos de la calle, y la decisión del gobierno bonaerense
de “recortar las becas y los fondos que reciben los organismos no
gubernamentales u oficiales que llevan adelante programas claves de ayuda
a los menores en riesgo”. La funcionaria nacional se preguntó
“¿a dónde van a llevar a esos chicos si cada vez hay
menos lugares aptos para hacerlo”.
La gravedad del interrogante fue abonada con los datos estadísticos
que dicen que, en la provincia de Buenos Aires, hay “400 mil familias
en situación de pobreza. ¿A todos los chicos los van a sacar
de la calle? ¿A dónde irían si el propio gobierno
está cortando las prestaciones?”. Para la funcionaria, la
medida supone “un hecho absolutamente grave, preocupante, que significa
volver a épocas muy remotas”.
Explicó que si el Consejo de la Niñez constatara la presencia
de chicos en la calle, en estado de indefensión, debería
primero “comunicar el caso al juez de menores, solicitar su intervención
y el juez tendría que constatar a su vez que el chico está
en situación de indefensión, si vive con sus padres y recién
entonces disponer su traslado a un instituto. ¿Cómo se puede
aprobar ahora que los menores queden semidetenidos en el circuito policial
y judicial?”
Para Orsenigo “la decisión de la policía es una locura
porque de ninguna manera puede levantar a los chicos de la calle y por
eso vamos a pedir la intervención inmediata de la Suprema Corte”
bonaerense. “Cuando los chicos llegan al Consejo, nunca los trae
la policía, siempre los trae un juzgado. Esto es lo que ocurre
en prácticamente todas las provincias”. Orsenigo estimó
que lo que se alienta son “verdaderas razzias que no tienen ninguna
justificación: ¿Cuál sería el delito o la
contravención que se podría invocar para justificar estas
detenciones?”. La situación ha provocado la misma preocupación
entre los funcionarios de las municipalidades de Lomas de Zamora, Avellaneda,
San Fernando, San Martín y San Isidro.
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