Por Jan Rocha*
Desde Londres

Una modorra tropical pesa sobre Alcántara, un pueblito que se encuentra sólo dos grados al sur de la línea del Ecuador sobre la costa norte del Brasil. Carretas traccionadas por caballos y cargadas de bananas y melones recorren las calles empedradas y un hombre vende pescado fresco. Pero el calor pesa sobre Alcántara en más de un sentido: el pueblito está esperando la llegada de cientistas y técnicos espaciales norteamericanos que quieren expandir masivamente una base espacial brasileña cercana para el lanzamiento de cohetes gigantescos. Va a ser un desastre para siete pueblos cercanos y 500 familias que van a ser desplazadas –y sus casas demolidas– de modo de crear una zona de seguridad “libre de gente” para los norteamericanos. Y la gente del lugar está resistiendo.
Podría ser visto como un conflicto entre lo antiguo y lo moderno: un puñado de campesinos pobres y analfabetos que se resiste al cambio, el progreso y el avance tecnológico. Pero estas familias, la mayoría de ellas afrobrasileñas, descendientes de esclavos que trabajaron en las plantaciones de caña de azúcar del siglo XVIII, han desarrollado un sistema comunal eficiente de pesca y agricultura que los provee de una dieta balanceada y de un ingreso, y que al mismo tiempo protege el medio ambiente. Aunque los asesores del gobierno ven aquí solamente una economía atrasada, el cientista político Wilson Barros de Bello Filho dice que se trata de “una economía campesina bien organizada que ha estado garantizando la supervivencia de los ciudadanos de Alcántara por más de 100 años”.
Todo esto se perderá cuando el gobierno desplace a los campesinos a “agrovillas”, donde cada uno recibirá pequeños lotes de tierra. Los campesinos ya han visto lo que ocurrió cuando 300 familias fueron sacadas de la región en los años ‘80, y encontraron sus vidas drásticamente cambiadas. Obtuvieron compensaciones ridículamente pequeñas a cambio de perder sus casas y sus modos de vida. En los terrenos que les dieron tuvieron que usar fertilizantes para que el suelo sirviera para algo, y además se les ordenó lo que debían plantar. Sin su sistema comunitario, les quedó poco tiempo para otras actividades, como la recolección de nueces y la pesca, que ahora implicaba una larga caminata a la costa. Y si se olvidaban de llevar sus documentos de identidad encima, los pescadores eran hechos regresar. A medida que sus hijos crecen y se casan tienen que dejar la zona, porque las agrovillas no tienen permitido expandirse. Muchos campesinos se han desplazado 25 kilómetros, a las villas miseria de Sao Luis, la ciudad grande más cercana.
Alcántara es atractiva para Estados Unidos por la misma razón que lo fue para el gobierno militar brasileño, que eligió el área para su propia base de lanzamiento de cohetes en 1980. Estar tan cerca de la línea del ecuador significa una trayectoria más corta, de modo que los lanzamientos de cohetes se pueden hacer ahorrando hasta un 30 por ciento de sus costos de combustible. Asimismo, es una zona libre de huracanes.
Hoy el gobierno brasileño ve la base como una forma de hacer dinero. Estados Unidos ha persuadido a Brasil de firmar un polémico tratado sobre “salvaguardias tecnológicas” para evitar cualquier posibilidad de transferencia de tecnología misilística. Pero, según el congresista Waldir Peres, el tratado es “escandalosamente unilateral”. Cuando las compañías norteamericanas usen la base, ésta se convertirá en un virtual enclave norteamericano en suelo brasileño. Estados Unidos podrá subalquilar la base a otros países, pero Brasil sólo podrá alquilarla a países aprobados por Estados Unidos.
Brasil ni siquiera podrá decidir cómo gastar el dinero que EE.UU. le va a pagar para usar la base, ya que EE.UU. ha determinado que nada de ese dinero pueda ir a los programas brasileños de investigación y tecnología espacial. Finalmente, hay una cláusula que dice que, si esto se encuentra en el interés nacional norteamericano, “las leyes y políticas internas de EE.UU. prevalecerán sobre el tratado”.

*De The Guardian de Gran Bre-taña, especial para Página/12.

PARA MONITOREAR LA LUCHA ANTINARCO (Y ANTIGUERRILLA)
Inspectores de Bush en Bogotá

Ayer no fue un día cualquiera para la convulsionada administración de Andrés Pastrana. La delegación de funcionarios norteamericanos encargada de monitorear el funcionamiento del Plan Colombia llegó al país encabezada por el subsecretario para Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Marc Grossman. Los altos enviados de George W. Bush –que preceden la visita del secretario de Estado Colin Powell, prevista para dentro de dos semanas– plantearán sus diferencias sobre el modo en que el gobierno colombiano maneja la relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona desmilitarizada. La necesidad de atender a las visitas pospuso para hoy el reinicio del diálogo con la guerrilla.
Las negociaciones para un posible cese del fuego debían realizarse en una reunión ordinaria de los negociadores prevista para el pasado 16 de agosto, pero el gobierno suspendió la cita poco después de que las FARC se atribuyeran el secuestro de tres alemanes de una agencia de cooperación ocurrido el 18 de julio, que aún siguen capturados. Aún así, hoy se retomará el diálogo de paz en la localidad de Los Pozos al mismo tiempo que, desde las primeras horas de ayer, se intensificó la ofensiva militar de las fuerzas especiales en la zona sur del país. La operación, que despliega un espectacular cerco contra la guerrilla, había sido interrumpida por malas condiciones climáticas el martes pasado.
Entretanto, cuarenta funcionarios de Estados Unidos comenzaron ayer a revisar en Bogotá la cooperación antidrogas con Colombia y permanecerán en el país hasta el viernes, en medio del “malestar” que Washington explicita por los resultados del proceso de paz, ya que consideran que la guerrilla “no ha respondido de manera recíproca a los esfuerzos de paz” de Pastrana. Marc Grossman, líder de la misión, enfatizó que Colombia “es muy importante para EE.UU.” ante los funcionarios vernáculos que participaron del encuentro: el vicepresidente y ministro de Defensa, Gustavo Bell; el ministro de Justicia, Rómulo González; y el comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias. Más tarde, Grossman y su comitiva se entrevistaron con Andrés Pastrana, horas antes de asistir a una cena con los embajadores de los diez países amigos del proceso de paz con las FARC. Hoy, recorrerán las bases antinarcóticos del departamento selvático del Caquetá, que reciben asesoría de EE.UU. y parte de los 1.300 millones de dólares que de financiamiento extramilitar de EE.UU..

No hay terror, sólo una bomba

“En este país no hay terrorismo.” Con estas declaraciones, el secretario del gobierno chileno Claudio Huepe minimizó la explosión de una bomba frente a un hotel de pasajeros utilizado por el ejército. Esto ocurre después de que reaparecieran los espectros del terrorismo, en este caso de Estado: existen fuertes sospechas de que ex integrantes del servicio de inteligencia de la dictadura siguen operando, por lo que el gobierno ya planteó su intención de reformar dichos servicios. Mientras tanto, la abogada querellante en el caso Pinochet, Carmen Hertz, presentó un escrito ante la Justicia para que se le impida votar al ex dictador en los comicios legislativos de diciembre por “demente”, tal como figura en el informe médico que sirve por el momento para que no siga el juicio en su contra.
La explosión en el hotel ubicado en al barrio santiaguino de Providencia no causó ninguna herida entre los 18 hospedados, pero la onda expansiva del artefacto causó daños importantes en ventanales y en el acceso al edificio. Según fuentes de Carabineros, en el lugar se encontraron “frases injuriosas” contra el Ejército, que durante setiembre conmemora varias efemérides y recuerda el golpe de Pinochet. Radios de Santiago informaron que el hotel no es propiedad del Ejército, pero que su administración está a cargo del ex brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, vinculado a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

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