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Por Cristian Alarcón
 La polémica orden de
la Policía Bonaerense que indica “amplios operativos”
para sacar de la calle a los chicos “desprotegidos” o que pidan
limosna cosechó ayer un caudal de repudios y denuncias judiciales
-ante el INADI, ante la Suprema Corte provincial–, tan impresionante
como el del crecimiento de la miseria que parece ya no tener contención
más que en la judicialización de la pobreza. Esa es la opinión
de casi todos los sectores que ayer salieron a cruzarse en la discusión
que no encontró fin hasta última hora de anoche. A pesar
de que el vicegobernador Felipe Solá salió por la tarde
a parar el viento con la mano calificando de “desacertada” la
medida, por la noche el texto policial contra los chicos pobres seguía
en vigencia y el gobernador Carlos Ruckauf la avalaba desde el silencio.
Con las redes de contención social colapsadas, los hogares para
chicos sin subsidios hace tres meses, los comedores sin alimentos, y el
brutal crecimiento de la pobreza, las interpretaciones, hasta de los propios
funcionarios de Ruckauf que hablaron con este diario es que “no queda
otra que tapar la miseria en tiempos de elecciones”.
La circular que este diario publicó ayer es en realidad el texto
de un “radio” que fue transmitido a todos los comisarios de
la provincia desde el ministerio que maneja Ramón Verón.
En él la orden es clara: en su tercer párrafo dice que los
operativos “deberán implementarse en forma continua y en caso
de que menores sean reincidentes deberán ponerse a disposición
de la justicia tantas veces como sea necesario”.
En la mañana Verón salió a defender su idea: “Lo
peor que podemos hacer es ser indiferentes o hipócritas”.
Insistió en que la medida sólo busca “proteger del
riesgo moral y físico a los menores”. A la noche, pese a que
ya se conocía una catarata de condenas y denuncias, Carmelo Impari
–el firmante de la polémica circular– volvió a
argumentar a favor de ella: “Tenemos chicos explotados y con eso
no se ha hecho demasiado. Sacar a los chicos de la calle es lo mejor”,
dijo. Curiosamente, el vicegobernador Felipe Solá había
sostenido horas antes que: “ni el gobernador ni yo estamos de acuerdo
con esa medida”, pero el silencio de Ruckauf no avaló esa
afirmación.
El defensor de Menores de San Isidro, Carlos Bigalli, advirtió
a través de una presentación ante los Tribunales de Menores,
al jefe de la Departamental, que “toda detención fuera de
los supuestos de la ley” es una “privación ilegal de
la libertad agravada”. Bigalli, uno de los defensores que ha denunciado
decenas de casos de torturas en comisarías, le dijo a este diario
que la única reincidencia que se castiga es “la reincidencia
en la pobreza”. La ilegalidad de la circular firmada por el director
general de Coordinación Operativa de Seguridad, Carmelo Impari,
fue planteada ayer por casi todos los organismos estatales y no gubernamentales
que trabajan con niños en el país.
Así es que ayer se acumularon los pedidos de renuncia del ministro
Verón de diputados y senadores bonaerenses, y del director de Juventud
de la Nación, Gustavo Fernández Russo. El senador bonaerense
Diego Rodrigo, de la UCR, presentó una denuncia ante el Instituto
Nacional contra la Discriminación y pidió que el organismo
ordene que quede sin efecto la orden anti mendigos. Las diputadas provinciales
Susana Amaro y Graciela Bazán, junto a Alicia Castro, presentarán
un pedido de hábeas corpus “contra la amenaza de la libertad
ambulatoria de los menores en estado de mencidicidad”. Desde el interior
del gobierno de Ruckauf la titular del Consejo del Menor, Irma Lima, también
anunció a Página/12 que hoy se presentará ante la
justicia con un recurso de amparo “para que se deje sin efecto esta
barbaridad”. Ayer Lima no solo que no fue recibida por Verón,
sino que a la tarde, después de que sus asesores intentaran comunicarla
con Impari sin éxito se lo cruzó al aire en una entrevista
por radio. Impari defendió su cacheteado texto aún ante
la ex jueza, tal como por lanoche lo hizo en la televisión. “El
de los menores es un espectro bastante amplio y no se ha hecho demasiado”,
dijo.
Ese pase de factura más o menos velado de la Bonaerense era interpretado
ayer desde todos los sectores políticos de La Plata con los que
habló este diario. “Los comisarios están preocupados
por el problema que es trasladar a los chicos y porque además de
que tienen los calabozos abarrotados, del poco personal que les queda
tienen que afectar gente para un lugar especial para menores”, le
dijo a Página/12 un vocero en estricto off. Lo cierto es que la
propia Corte provincial denunció casi 800 casos de torturas a niños
desde septiembre del dos mil, y el 30 por ciento de los caídos
en enfrentamientos con la policía durante el primer semestre del
2000 son menores de 18, según el CELS.
Y la “preocupación” no es nueva: además de la
circular ya famosa, existió una anterior en la que se solicitaba
que sean sacados de una “situación de riesgo moral y físico”,
los niños presentes en los piquetes que hace un mes cortaron las
rutas de Ruckauf. Esa orden no se cumplió porque la circular fue
denunciada también ante la Corte por el juez de Quilmes Juan Carlos
Cairo.
Voceros de la Alianza, después de tener contactos reservados con
la cúpula del ministerio de Seguridad, manifestaban ayer: “En
definitiva la divulgación de la circular fue un disparador. La
policía le tiró al poder político de manera brutal
el problema que tienen en la calle todos los días y del que no
quieren hacerse cargo pagando los costos”. La situación es
desesperante para cualquiera que trabaje con menores en situación
de vulnerabilidad. El mensaje de Ruckauf a través de la bonaerense
es: “Nos preocupa el índice de chicos delincuentes en hechos
graves”, tal como ayer dijo Impari. “El Ministerio de Seguridad
trabaja con las quejas de la opinión pública –le dijo
a este diario la defensora de Menores de Quilmes, María Daroqui–.
Con esta caza de niños pobres se pretende mostrar efectividad,
por un lado para el que se queja porque los chicos molestan, por otro
para el que no dice nada pero piensa: ¡qué barbaridad, estos
chicos en la calle!”.
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La ley de la mano
dura
En la provincia de Buenos Aires, los niños están
muy lejos de ser los únicos privilegiados: en los últimos
nueve meses se han registrado cerca de 800 casos de torturas y tratos
degradantes hacia menores en las comisarías y dependencias
penitenciarias bonaerenses, según los datos que surgen del
registro que lleva, sobre este tipo de delitos, el Patronato de
Menores dependiente de la Corte Suprema de Justicia provincial.
En el distrito judicial de San Isidro, las cifras que maneja el
asesor de menores Carlos Bigalli avalan el escalofriante panorama:
en los últimos 3 años, el funcionario ha registrado
576 casos, de los cuales 447 ocurrieron desde enero del 2000 en
adelante, durante la gestión Ruckauf.
Golpes, patadas, quemaduras de cigarrillo, submarino seco. La lista
de atrocidades que lleva Bigalli se extiende con cada nueva denuncia.
“Hay un caso de un chico que lo quemaron con un insecticida
en aerosol: rociaron al aire el contenido, lo prendieron y se lo
tiraron”, recordó el asesor. “Pero eso son sólo
las torturas físicas. Por otro lado, hay todo un repertorio
de torturas psíquicas: insultos, amenaza de ‘armarles’
una causa... la frase ‘acordate de que acá el que manda
soy yo’ es la frase que más escuchan estos chicos cuando
están en la comisaría”, agregó.
Para los adultos detenidos en las comisarías y unidades penitenciarias
de la provincia de Buenos Aires, la situación no es menos
complicada: en los últimos 45 días, 100 nuevos casos
de torturas y tratos degradantes se agregaron a los 602 que hasta
julio de este año figuraban en el registro de la Defensoría
de Casación bonaerense.
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OPINION
Por Horacio Verbitsky
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La solución final
Estaba deambulando por la calle. En un momento decidí pedir
algo para comer en una panadería. Me dieron pan y cuando
salía aparece un móvil policial y me dan la voz de
alto. Me dieron un fuerte golpe en el hombro, aparentemente con
la culata del arma. Me ordenaron que me pusiera contra la pared.
Me quitaron el pan y lo arrojaron al piso mojado por la lluvia.
Me tomaron de los pelos mientras me pegaban rodillazos en la boca
del estómago. En la comisaría aparecieron otros tres
policías y me preguntaron por qué estaba. Cuando les
contesté que sólo había ido a buscar pan a
la panadería me siguieron pegando. Uno me hizo parar contra
la pared y apoyar las manos. Se colocó detrás mío
y simulaba mantener relaciones sexuales conmigo. Otro policía
me llevó al baño de la seccional. Como no quería
ir vinieron otros dos, me pusieron las manos detrás de la
espalda y me llevaron pegándome. Me obligaron a arrodillarme.
Los dos que lo ayudaron a llevarme se fueron y me quedé sólo
con el primero. Se bajó los pantalones y los calzoncillos
y me dijo: ‘Cuento hasta tres y abrí la boca’.
Como yo no quería hacerlo me pegaba.”
El testimonio, tomado de un expediente judicial, describe el trato
que les aguarda en las comisarías bonaerenses a los chicos
de la calle, cuya detención fue ordenada por la cúpula
policial, para “protegerlos”. No se trata de un caso aislado.
Desde la asunción de Carlos Rückauf, las torturas a
chicos en comisarías policiales de Buenos Aires se triplicaron.
La idea de retirar a los hijos de los pobres de las calles no es
nueva ni local. Maduró con la revolución industrial
y su ideólogo, Thomas John Barnardo, la bautizó como
“secuestro filantrópico”. Procuraba arrancar a
estos niños de sus familias “inadecuadas”. Sus
conceptos fueron recogidos aquí en la ley de patronato de
menores o Ley Agote, de 1919, cuya declaración de abandono
por pobreza sigue vigente y subyace a los proyectos de Rückauf.
No obedece a la casualidad que estas directivas salvajes se impartan
al mismo tiempo que crecen las privaciones de esos niños
y de sus familias. Frente a la extensión alarmante de la
pobreza, Rückauf elige perseguir a sus víctimas. Ratifica
de ese modo su desprejuiciado liderazgo sobre un sector de la sociedad
que ante el avance de la crisis se entrega a la tentación
del fascismo.
La medida es del todo coherente con el perfil que ha elegido para
su oferta electoral, desde la campaña de 1999 hasta la fecha,
aunque tal vez las horrorizadas reacciones producidas lo induzcan
a postergarla hasta mejor oportunidad. Ex ministro de Trabajo de
Isabel Perón y ex vicepresidente de Carlos Menem, Rückauf
pretende llegar al poder con fondo de sirenas de patrullero y tableteo
de ametralladora.
Durante su administración, si se permite aplicarle tal vocablo,
también se incrementaron en la provincia las ejecuciones
extrajudiciales de niños y adolescentes, en supuestos enfrentamientos
con la policía. De 1983 a 1999 el promedio fue de 0,42 casos
por mes. En 2000 fue de 1 caso por mes, con un incremento del 140
por ciento respecto de los diecisiete años anteriores. Que
una práctica que por lo general se realiza con sigilo vergonzante
se haya ordenado por escrito a todas las comisarías sugiere
que frente al incremento de la pobreza Rückauf ha puesto en
marcha la solución final.
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�Estamos
escondiéndonos para que no nos agarren�
La noticia de que la Bonaerense
iba a detener a los chicos de la calle corrió rápido en el conurbano.
Ayer muchos buscaron un refugio. Página/12 recorrió la zona y
habló con ellos.
Pablo
dice que estuvo todo el día escondiéndose, porque le dijeron que
la policía los iba a llevar.
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Por
Alejandra Dandan
Pablo apareció
hace un rato en los túneles de la estación. Ahí,
donde un montón de veces la policía lo levanta: “Donde
ven algún pibito tirado en la calle se lo van a llevar”, dice.
Hace unas horas los chicos que juntan monedas en las estaciones de trenes
del conurbano supieron que la Bonaerense tenía orden de buscarlos.
Conocieron la noticia por radio y por los custodios de Metropolitana,
la concesionaria de los ramales suburbanos del ferrocarril. Aunque la
razzia ordenada por la cúpula de la Bonaerense aún no se
hizo fuerte, la noticia bastó para espantar a los pibes. Nadie
necesitó levantarlos. Desaparecieron solos de buena parte de las
estaciones. Página/12 recorrió algunos de los circuitos
habituales de los chicos de la calle. Habló con ellos y se quedó
con Pablo, que tiene ocho años y suele deambular por los túneles
de la estación Lanús, un lugar que descubrió como
escondite.
La estación Avellaneda está casi vacía. No faltan
pasajeros. Esta tarde quienes no están son los más petisos,
los que todos los días dan vueltas en los andenes buscando monedas.
Entre los diarios, está la noticia que disparó la búsqueda
de esos chicos. Pero aun así el diariero no lo sabía. Tampoco
ha visto por aquí ningún operativo extra de la policía
de las comisarías de la zona. Tal vez porque a esta altura le resultan
naturales: “Acá los corren siempre”, dice.
A varios kilómetros de ahí, en Lanús, aparece Pablo,
algo cansado de tanta corrida. Esta vez jugó todo el día
a las escondidas. Ese es su juego preferido, dice, pero esta vez nadie
le preguntó si jugaba. La fuga empezó temprano cuando un
grupo de custodios reunió a algunos chicos para ponerlos rápidamente
en alerta.
–¿Qué les dijeron?
–Ustedes no vengan hoy porque se van a llevar a todos los pibitos
que estaban en la calle. Estaban diciendo los de la boletería para
que no nos agarren a nosotros.
–¿Qué hicieron?
–Nosotros estamos por todas partes, estamos escondiéndonos
para que no nos agarren.
A pesar de todo, Pablo tiene alguna protección cerca. Sus papás
y tres hermanos están ahora enfrente de la estación, en
la plaza, esperando la noche para buscar refugio en una de las Iglesias
del barrio. Así están desde hace un mes y medio, cuando
los dueños del hotel donde paraban decidieron cortarles un crédito
que de pronto supusieron incobrable. En el último tiempo, Pablo
no va al colegio: “Una vez tuve una escuela”, dice, pero ahora
le enseña una maestra que cada tanto aparece por la estación.
Cerca de allí, Marcelo cuenta que fue llevado varias veces.
–Nos dicen: pendejos de mierda, salgan de acá.
–¿Quién les dice?
–La policía.
En el hall también está Adrián que a veces se hace
llamar Andrés. Está frente a las boleterías de la
entrada, a metros de la calle donde, dice, esta mañana quisieron
detenerlo.
–¿Te escapaste?
–Cómo me voy a rajar, me van a pegar un tiro, como en la tele.
–¿Te da miedo?
–Mi abuela dice que yo no tengo miedo.
La estación es escenario donde los pasajeros se mezclan entre la
gente de seguridad, un puñado de chicos y dos policías que
avanzan ahora desde la entrada.
–¿Están levantando a los chicos? –les pregunta
este diario.
–Cuando no queda otra alternativa, si están haciendo lío,
se los lleva. O sea, se va a hacer lo mismo que antes.
–¿Lo mismo?
–Antes no teníamos la orden.
UNA
CONSULTORA DE UNICEF EXPLICA EL CUADRO LEGAL
“El argumento, tutelar al menor”
Por
P. L.
Hay un hombre que
tiene poder absoluto sobre un niño: puede castigarlo a su arbitrio,
puede encerrarlo por el tiempo que desee; el niño no puede defenderse,
no hay nadie a quien pueda recurrir porque ese hombre no está sujeto
a ley ni a juez. El poderoso de esta escena es, en la provincia de Buenos
Aires y en casi toda la Argentina, el juez de menores. Una consultora
de Unicef resumió para este diario el desamparo jurídico
de los chicos argentinos y dejó entrever por qué la ley
que rescataría sus derechos –y limitaría los poderes
de los jueces– está paralizada en la Suprema Corte bonaerense.
La ley provincial de Protección Integral del Niño fue sancionada
por unanimidad, en diciembre pasado, en la Legislatura de la provincia
de Buenos Aires. Sin embargo, la Procuración provincial interpuso
un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense,
que suspendió la aplicación de la norma.
“Esa ley limita la competencia del Poder Judicial en los casos de
chicos cuyos derechos son vulnerados, como los que están en la
calle o son víctimas de delitos, y responsabiliza de ellos a la
comunidad, a través del Estado, de organizaciones no gubernamentales
y las familias: está en línea con la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño”, afirmó Mabel López
Oliva, consultora de Unicef en el área de Reforma Legal.
Suspendida la ley, sigue en vigencia un decreto-ley promulgado por la
dictadura militar que gobernaba en 1967, “que habilita a la Justicia
de Menores para intervenir coactivamente en todos los casos”, observó
la especialista.
La base del problema está en el sistema denominado tutelar: “Con
el argumento de tutelar al menor, de protegerlo, el juez puede colocarlo
en un instituto por haber cometido un delito leve o aunque no lo haya
cometido en absoluto, si a su criterio está en peligro moral o
material. En la práctica, si un chico de clase media comete un
delito es probable que vuelva a su casa durante el proceso; si lo comete
uno de clase baja, es probable que quede en un instituto –precisa
López Oliva–. En general, la regla es la institucionalización:
también para el que ha sido víctima de delito, si el juez
estima que está ‘en abandono’”.
La ley bonaerense paralizada estaba en línea con las que ya funcionan
en las provincias de Mendoza, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego.
La Ciudad de Buenos Aires “también dictó una ley acorde
con la Convención sobre Derechos del Niño, pero –contó
la consultora de Unicef– los jueces de la Justicia de Menores de
la Ciudad, que mantiene la jurisdicción nacional, no le reconocen
validez y continúan aplicando la de 1919”, que garantiza los
poderes “tutelares” de los magistrados.
Constitucionalmente, las provincias tienen a su cargo los procedimientos
y la organización de la Justicia. A la Nación le corresponde
definir las edades de imputabilidad y las penas: en el Congreso Nacional
hay tres proyectos a la espera.
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OTRAS
VOCES
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| Juan Pablo : Cafiero (ministro de Desarrollo Social y Medio
Ambiente): “Poner entre rejas a los chicos de la calle es un
error grave de enfoque, porque los niños están en esta
situación no por su culpa sino como consecuencia de la situación
de pobreza por la que atraviesan sus familias. Lo que hace falta es
una respuesta humana a una crisis no provocada por estos chicos, que
son justamente las víctimas indeseadas”.
Leopoldo Moreau (senador): “La decisión del
Ministerio de Seguridad es una verdadera aberración. Ahora
lo que falta es que después de haber dejado a muchas familias
argentinas sin trabajo, sin educación, sin salud y en muchos
casos sin techo, encima le persigamos sus hijos cuando salen a mendigar”.
Asociación Madres de Plaza de Mayo: “Esta represión
nos da asco y nos recuerda a la dictadura”.
Eduardo Sigal (presidente del Bloque de Senadores del Frepaso):
“Desde el Poder Ejecutivo y la Policía Bonaerense se
ha asumido una concepción meramente represiva del delito
y de la conflictividad social. Resuelve detener a niños,
mientras en la provincia se cierran los comedores”.
Elisa Carrió (diputada): “Estamos repudiando
lo que es un verdadero genocidio en materia de derechos humanos
en la Argentina, que es lo que acaba de hacer el gobernador (Carlos)
Ruckauf. Creo que esta actitud tendría que tener gestos muchos
más concretos de toda la sociedad, porque esto se parece
mucho a 1976. Detener a un chico por ser pobre es la mejor clarificación
de cómo el sistema se derrumba pero al mismo tiempo se hace
genocida”.
Víctor De Gennaro, (titular de la CTA): “Actitudes
como la del gobernador (Carlos) Ruckauf son realmente repudiables,
él ha resuelto dar un nuevo paso hacia la indignidad planteando
que hay que detener a todos los pibes que mendigan por nuestras
calles, en vez de resolver las causas que generan la exclusión
social”.
Diana Conti (subsecretaria de Derechos Humanos): pidió
que se deje sin efecto la circular policial, que “se opone
al orden constitucional, al deber de prevenir violaciones a derechos
humanos y promueve circunstancias que posibilitan la producción
de apremios, malos tratos y abusos físicos a los niños”.
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