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 El juez federal de La Plata
Julio Miralles les pidió a las autoridades de la Universidad Nacional
de esa ciudad que le brinden un informe sobre las causas del paro que
realizan los docentes de esa casa de estudios, en respuesta a un pedido
de un grupo de padres de alumnos del Colegio Nacional Rafael Hernández,
que presentaron un recurso de amparo para que se vuelva a dar clases en
ese establecimiento. “El juez evalúa que hay un conflicto
entre el derecho a huelga y el derecho a recibir educación y nos
pidió un informe para poder definir el tema”, explicó
el secretario general de la UNLP, Guillermo Tamarit. En base a la respuesta
de la Universidad, el magistrado podría excusarse, hacer lugar
al amparo o girar las actuaciones al Ministerio de Trabajo nacional.
La presentación que originó el pedido de Miralles fue hecha
por treinta padres, ante el Tribunal Federal número 4 de La Plata,
al considerar que la huelga docente afecta “el derecho de aprender”
de sus hijos. “Las conductas concretas y omisivas de las autoridades,
de ambas estructuras (del Colegio Nacional y de la UNLP, de quien depende
el primer establecimiento) están afectando severamente el derecho
de aprender de nuestros hijos y no se garantiza el derecho de enseñar
de un conjunto de docentes que estarán dispuestos a hacerlo, en
la medida que ello sea asegurado por dichas autoridades en condiciones
de no discriminación ni represalias”, dicen los padres en
pedido de amparo.
Los profesores de la UNLP llevan un paro activo desde hace 33 días,
en contra del ajuste que lanzó el gobierno nacional, y anunciaron
que seguirán con la medidas al menos hasta este lunes. Además,
como en estos momentos el Poder Ejecutivo se encuentra elaborando el Presupuesto
para el año próximo, que podría contemplar una fuerte
rebaja de las partidas universitarias, los docentes están alertas.
“Los profesores hacen un paro contra el ajuste a nivel nacional,
así que nosotros no tenemos poder para revertir esa situación.
Inclusive nosotros absorbimos el recorte del 13 por ciento, y sólo
les bajamos los sueldos al 4 por ciento de los docentes. Así que
consideramos que el paro es desproporcionado”, afirmó a Página/12
Tamarit, desde Resistencia, en donde acompaña al rector Alberto
Dibbern en la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
(ver aparte).
Sin embargo, las autoridades de la UNLP creen que el lunes se levantará
la medida, y la cuestión que tiene en sus manos Miralles se volverá
“abstracta”. En rigor de verdad, la posibilidad de que se revea
la huelga que realizan los docentes universitarios está cada vez
más presente en todas las casas de estudios. Tal como sucediera
con el paro de docentes primario y secundarios que terminó esta
semana en la provincia de Buenos Aires, los profesores comienzan a evaluar
que no pueden seguir sosteniendo la medida; en el caso de la UBA el recorte
de sueldos no ha sido aplicado, y la nueva rebaja presupuestaria todavía
no se definió.
Por su parte, un directivo gremial de los docentes universitarios bonaerenses
se sinceró; “probablemente este lunes se pueda llegar a levantar
el paro. Hay que pensar otras metodologías de protesta. Tenemos
que ver otros métodos, pero no perder el tema de la situación
universitaria, que es absolutamente crítica”.
Otro problema que se les presenta a los docentes es que no lograron agrupar
a todas las facultades con la protesta. En el caso de la UBA, en Ciencias
Económicas y en Derecho, que son los centros de estudios más
poblados, están con sus actividades casi normales, y el paro prácticamente
ni se siente. En este panorama, Miralles hoy podría cambiar el
rumbo del conflicto universitario, al menos en La Plata, mientras los
profesores planean variantes a su plan de lucha.
Informe: Alejandro Cánepa.
LOS
RECTORES Y EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO
Hay garantías, pero no tanto
Por Javier Lorca
Desde
Resistencia
Frente a los insistentes rumores
de que el próximo presupuesto universitario sufrirá una
profunda poda a cargo de la tijera oficial, el secretario de Educación
Superior, Juan Carlos Gottifredi, repitió ayer –en el plenario
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)– que la cartera educativa
proyectó el mismo presupuesto que este año: 1800 millones
de pesos. Pero, enseguida, matizó. Advirtió que el proyecto
aún no se discutió en el Gobierno. Admitió que “es
posible que se origine un recorte, si es que hay que ajustar seis mil
millones en el Estado”. Y avisó: “No creo que el presupuesto
se envíe al Congreso antes del 15 de setiembre. Creo que estará
para el 15 de octubre”. Las elecciones ya serán cosa del pasado.
Delante de todos los rectores, que ayer eligieron a Héctor Brotto
(UTN) como nuevo titular del CIN, Gottifredi también dijo que un
porcentaje a determinar del presupuesto 2002 deberá ser distribuido
entre las universidades mediante “pautas y criterios objetivos”
(por ejemplo: cantidad de alumnos y docentes, tipo de carreras dictadas,
etc.). Esta vez, después de años de dilaciones, los rectores
tendrán que definir esos criterios para diciembre.
Antes del plenario, los rectores y el funcionario se encerraron en un
aula de la Universidad del Nordeste. Se pronosticaba clima tórrido,
por los salarios de docentes y universitarios sacrificados para honrar
al Déficit Cero. Pero allí dentro se limitaron a debatir
y acordar la creación de una nueva comisión, ahora para
consensuar cómo dar por concluidos los juicios cruzados que mantienen
universidades y Estado. Como ya informó Página/12, “la
idea es terminar con los juicios iniciados por los aportes patronales
y por la subejecución presupuestaria de los últimos años”,
tales las palabras del rector de la UBA, Oscar Shuberoff. De los presupuestos
de 1999 y 2000, el Estado les adeuda 88 millones a las casas de estudios.
Y éstas deben varios años de aportes patronales porque,
mientras reclamaban la misma exención que las universidades privadas,
dejaron de pagarlos. Varias universidades (no todas) se cubrieron depositando
el dinero que debieron aportar. Hoy hay más de 110 millones en
depósitos judiciales que ni el fisco ni el sistema educativo pueden
aprovechar. De esos millones, parte volvería al Estado, parte iría
para cubrir las deudas con las universidades y “el resto se usaría
solidariamente con el sistema”, según confió un funcionario.
Resta acordar la magnitud de esas partes.
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