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Por Felipe Yapur
 Las diputadas Elisa Carrió
(ARI) y Graciela Ocaña (Frepaso) aseguraron a Página/12
que ya está en sus manos la prueba que acredita que el jefe de
Gabinete, Chrystian Colombo, ocultó información al Congreso.
Se trata de una carta que envió el jefe de la Oficina Anticorrupción,
José Massoni, al Banco Nación recordándoles a sus
directivos que Colombo se había comprometido a realizar una denuncia
penal contra el Grupo Yoma, pero no cumplió. Las legisladoras de
la comisión antilavado están convencidas de que el funcionario
hizo todo lo posible para evitar que quedara al descubierto que, cuando
presidía el Nación, otorgó créditos a los
Yoma a pesar de una auditoría interna que recomendaba lo contrario.
Con todos estos datos, la comisión remitió el martes pasado
un extenso cuestionario a Colombo. Ayer, los miembros de la comisión
recibieron solamente de la Jefatura de Gabinete una copia de la auditoría
que ya obra en poder de los diputados. Esperan que la respuesta llegue
hoy.
Para Ocaña, la carta de Massoni es “la prueba del engaño”
de Colombo. En ella, el titular de la OA le pregunta al actual presidente
del Banco Nación, Enrique Olivera, si ya “realizó la
denuncia penal” contra los directivos del Grupo Yoma. Era el 20 de
diciembre de 2000. Le recuerda que la razón de la denuncia se basaba
en que los Yoma habían omitido al Nación información
fundamental para poder acceder a créditos. No era un hecho menor,
ya que ocultaron que los derechos crediticios provenientes de la recuperación
de IVA por exportaciones que cedían a manera de garantía
ya habían sido entregados al Macro Misiones por los períodos
comprendidos entre marzo de 1998 y agosto de 2002.
Massoni le aclaró a Olivera que le preguntaba porque tenía
interés en realizar el seguimiento de las actuaciones judiciales
que en julio de 2000 la asesoría legal del BN le había anticipado
a su oficina que promovería. Olivera reaccionó de inmediato
y ordenó concretar la denuncia ante la Justicia, lo que ocurrió
el 27 de diciembre.
Carrió y Ocaña sostienen que la misiva cierra el circuito
del “engaño”. Este comenzó a descubrirse cuando
la frepasista accedió a las conclusiones de la auditoría
del BN que Colombo “ocultó” al Parlamento y que Página/12
publicó el domingo pasado.
En su oportunidad, los auditores concluyeron que “la atención
crediticia brindada al Grupo Yoma excede con amplitud el riesgo a asumir
con un cliente”. Es decir, dudaban de la capacidad operativa para
generar ingresos que le permitan saldar la deuda. También dijeron
que las garantías “eran insuficiente” porque “sólo
cubrían el 41,8 por ciento de los créditos, donde casi la
mitad de este total corresponde a prendas flotantes sobre cueros, las
que por sus características legales no ofrecen un sólido
respaldo a nuestra acreencia”. Así fue que las avales fueron
considerados “nulos” porque los bienes ofrecidos sólo
eran acciones en otras sociedades.
Pero hay un dato más. Ocaña, bautizada por Carrió
como “la hormiguita” que pelea con “el oso malo”,
como denomina a Colombo, tiene además en su poder un memo interno
de la Asesoría Jurídica del Nación redactado el 11
de julio de 2000. Está remitido a Colombo como presidente de la
entidad donde le detallan paso a paso la asistencia crediticia a Yoma
SA.
En los tres primeros puntos se describen los préstamos otorgados
al grupo que fueron utilizados para absorber el descubierto de la empresa.
Destacan que Yoma SA omitió informar sobre la cesión de
las garantías que habían realizado al Banco Macro Misiones
–institución donde también se desempeñó
el jefe de Gabinete– y le advierten a Colombo que la empresa había
negado la posibilidad de que las garantías las tenga otra entidad.
A renglón seguido, el memorándum advierte que si se hubiera
tenido conocimiento de la existencia de la cesión anterior, “el
Banco podría no haber aceptado la garantía ni acordado las
tres asistencias crediticias” y recomienda formular una denuncia
judicial. Pero en el último apartado, destaca que los abogados
Sergio Rodríguez y Juan Carlos Duré comunicaron que el 10
de julio de 2000 Massoni había decidido radicar la denuncia por
el delito de estafa salvo que la hiciera el Nación.
La asesoría legal del BN agrega un párrafo final que Ocaña
considera otro dato clave en “la maniobra de ocultamiento”:
“En el día de la fecha, conforme a las instrucciones recibidas,
puse en conocimiento de dichos funcionarios (Rodríguez y Duré)
que esta institución (el Banco Nación) promoverá
la pertinente actuación ante la justicia”. Denuncia que se
concretó recién cuando asumió Olivera.
Ayer, los miembros de la comisión antilavado esperaron en vano
la respuesta de Colombo.
SEBASTIANI
FUE A DECLARAR EN UNA CAUSA POR COHECHO
Sobres a cambio de patentes
Por Adriana Meyer
Dos testigos habían declarado
que “se jactaba de haber sido uno de los que repartieron 25 millones
en coimas para sacar una ley de patentes favorable a la industria farmacéutica
argentina”. Pero el diputado menemista Claudio Sebastiani lo negó
ayer cuando fue indagado por el juez Jorge Ballestero, acusado de “cohecho
pasivo”, y calificó la denuncia como un “disparate”.
La comisión parlamentaria que preside la diputada Elisa Carrió
posee documentación referida a cheques que habría cobrado
otro testigo del caso, pero los fiscales Carlos Rívolo y Claudio
Navas Rial aún no recibieron esos papeles.
La investigación por las presuntas coimas cobradas por legisladores
en el trámite de la Ley de Patentes Medicinales estuvo archivada
hasta que el año pasado, en pleno escándalo por el caso
de los sobornos en el Senado, el periodista norteamericano Martín
Andersen ofreció su testimonio a través de las páginas
de este diario. El ex corresponsal de Neewsweek y de The Washington Post
aseguró que la confesión de Sebastiani se produjo en junio
de 1999 en un café de la Recoleta. “Se barajaron cifras, se
llegó a hablar de 70 millones hasta que Sebastiani afirmó
que habían sido 25. Ante la insistencia dijo en un tono jactancioso
‘me van a decir a mí que yo fui uno de los cinco tipos de
hicimos los sobres’”, afirmó el ex concejal demócrata
Roberto Azzareto, otro de los testigos.
Durante su declaración indagatoria, Sebastiani reconoció
que el encuentro existió pero negó que se haya hablado del
tema de las patentes. El diputado calificó a Andersen como un “servicio”
de inteligencia norteamericano que pretendía que él le enviara
un mensaje al entonces presidente Carlos Menem para que tratara de impedir
el acercamiento de los mandatarios de Venezuela, Hugo Chávez, y
de Cuba, Fidel Castro. Según Sebastiani, hablaron de la incidencia
que podía tener la interna del Partido Justicialista en la re-reelección
de Menem, un tema que supuestamente era de interés del periodista
norteamericano.
Por otra parte, Hernán López Bernabó declaró
que no sabía nada. Sin embargo, en el preinforme de Carrió
aparece como presunto beneficiario de una transferencia de 4 millones
de dólares hecha por un importante laboratorio nacional.
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