Por V.G.
Las 1600 caras miraban desde
la bandera colgada sobre la cerca que da al río. A medida que iban
llegando, los asistentes al acto examinaban las fotos, buscaban una imagen
familiar: una hija, un padre, una hermana, un amigo. Ocurrió ayer
al mediodía, en el Día Internacional del DetenidoDesaparecido,
cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y organismos de derechos
humanos inauguraron la Plaza de Acceso al Parque de la Memoria, en la
que se instaló la escultura Victoria, del artista norteamericano
William Tucker.
El Parque de la Memoria es una extensión de 14 hectáreas
en la Costanera Norte, al lado de Ciudad Universitaria. Allí se
levantará un monumento a las víctimas del terrorismo de
Estado, que fue diseñado como una herida abierta en una colina
de césped que contendrá los nombres de todos los desaparecidos
que se puedan reunir. El lugar contará también con una obra
de homenaje a los muertos en el atentado a la AMIA y otra dedicada a los
Justos entre las Naciones. En el parque se emplazarán, además,
17 esculturas conmemorativas seleccionadas entre 665 obras presentadas
en un concurso internacional.
Mabel Gutiérrez, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por
Razones Políticas y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal
Ibarra fueron los oradores del acto. Gutiérrez explicó que
la obra de Tucker fue vertida en un molde excavado en la tierra
y luego desenterrada y colocada verticalmente en lo que su autor define
como entierro de la identidad de las víctimas por parte del
Estado y regreso a la luz de la conciencia pública.
Esta Victoria simboliza en primer lugar la victoria de la memoria
sobre el olvido y el silencio. Esta Victoria que su autor define
como estructura quebrada y ambigua que en su ser incompleto y en
la fuerza y resistencia de su forma sugiere la restitución de la
Justicia es la que debemos alcanzar en nuestra lucha contra
la impunidad instalada mediante las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final y los decretos de indultos afirmó Gutiérrez.
Desde un pequeño palco a metros del río, Ibarra resaltó
que la iniciativa del Parque, aprobada en 1997, fue de todas las
fuerzas políticas y que se miró con la amplitud
que requería. Todos necesitábamos de este ejemplo,
dijo, y propuso seguir caminando junto a ellos, en alusión
a los treinta mil desaparecidos. El jefe de Gobierno narró que
el viernes pasado conmemoró sus 25 años de egresado del
secundario y que, aunque los festejó con alegría, hubo un
momento especial para recordar a sus compañeros del Nacional Buenos
Aires que fueron secuestrados durante la última dictadura militar.
Esta no es cualquier inauguración; cuando ingresé
al lugar, sentí bronca, indignación, y al mismo tiempo emoción,
expresó.
Asistieron al acto legisladores y autoridades del gobierno de la Ciudad,
como la Directora de Derechos Humanos, Gabriela Alegre; el secretario
de Obras Públicas, Abel Fatala; el jefe de Gabinete, Raúl
Fernández, y los diputados Alicia Pierini y Marta Oyanharte, que
forman parte de la Comisión Pro Monumento. También participaron
la subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación, Diana Conti
y el secretario de Política Criminal, Mariano Ciafardini, además
de representantes de los organismos de derechos humanos, como Madres de
Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Servicio
Paz y Justicia (Serpaj), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
Asociación Buena Memoria, Liga Argentina por los Derechos del Hombre
y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
La plaza de acceso al parque que fue inaugurada ayer estará abierta
al público de 10 a 18 y en ella se construirá un puesto
de información que permitirá la consulta de la lista de
los desaparecidos y asesinados y la recepción de nuevos datos.
La directora de Derechos Humanos de la Ciudad estimó que el parque
estará terminado en dos años y aseguró que próximamente
se colocará el Monumento al Escape, de Dennis Oppenheim.
Obscenidad de mercado
El Parque de la Memoria se convertirá poco a poco en una
zona que frecuentarán familiares de las víctimas,
jóvenes en edad escolar y probablemente turistas con cierta
sensibilidad por la historia reciente de Argentina. Las diecisiete
esculturas y las 14 hectáreas de verde mejorarán también
esa zona de la Costanera que se encontraba abandonada. Quizá
previendo esa situación, y teniendo en cuenta que el merchandising
del horror da para todo, el restaurante que se ubica justo en frente
del lugar previsor ya tiene preparados sus folletos.
Un detallado mapa del parque ubica al potencial cliente. La primera
leyenda parece anticipar un fin didáctico del recurso: Hace
25 años que los recordamos. Hoy nuestro recuerdo se construye.
Pero, como el fin está lejos de ser histórico, a renglón
seguido aparece descarnado y naufraga en el horror: Memorice
esto: justo enfrente, carrito 57 Los Platitos, un clásico
de prestigio. Los asistentes al acto, en el que se inauguró
la primera escultura del parque, no salían de su asombro
ante el desparpajo publicitario del restaurante. Por obra del mercado,
el propietario del carrito intenta transformar a los miles de desaparecidos
en un imán para la venta.
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DENUNCIA
CONTRA LOS BANQUEROS POR LAS VICTIMAS SOCIALES
El genocidio socioeconómico
Por Victoria Ginzberg
Esther Lezcano y Celestina Rodríguez
son amas de casa. Facunda Gorosita es jubilada y Juan Carlos García
es un desocupado con problemas motores. Todos viven en Ingeniero Budge,
Lomas de Zamora. Ayer, tres abogados denunciaron el incumplimiento de
los derechos económicos y sociales de estas cuatro personas y acusaron
al ex presidente del Banco Central, Pedro Pou y a los directivos de los
bancos que participaron en la especulación subsiguiente al
megacanje de subversión económica, tratos inhumanos
y degradantes y genocidio.
Todos nuestros representados padecen las crecientes condiciones
de existencia marginal, consistentes según cada caso en graves
situaciones de inseguridad, insalubridad, jubilación de hambre
y grave desatención a la salud; a lo que se suman las enfermedades
subsiguientes a frecuentes inundaciones y las resultantes de polución
ambiental ocasionada por basurales vecinos y desechos industriales vertidos
en el Riachuelo, expresaron en la denuncia los abogados Alberto
Pedroncini, Ernesto Moreau y Beinusz Szmukler, en representación
del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el pastor José
De Luca, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Nora
Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y Arturo
Blatezky. El fundamento teórico del escrito es que las personas
excluidas del sistema productivo y afectados por la reducción
a la pobreza son víctimas de genocidio, ya que sufren condiciones
que ponen en riesgo la existencia de su grupo nacional.
Para ejemplificar los crímenes denunciados se recurrió al
Informe de las Naciones Unidas sobre Desarrollo de 1992, que asegura que
sólo en ese año las medidas adoptadas desde los países
centrales privaron al Sur de 500 mil millones de dólares, comportamiento
que fue calificado como virtualmente criminal. También
se citó a la Organización Mundial de la Salud, que condenó
como genocidio silencioso la muerte de once millones de niños
por año porque los países ricos les niegan centavos
de ayuda. La presentación quedó a cargo del juez Juan
José Galeano y ahora los querellantes a los que podrían
sumarse otras organizaciones de derechos humanos o gremiales esperan
que el magistrado haga lugar a algunas de las medidas que pidieron. Entre
ellas, están la citaciones a una serie de economistas y representantes
de la iglesia y un pedido para que el ministerio de Economía informe
cuál fue la evolución de la deuda pública desde marzo
de 1976 hasta la fecha y de la tasa de desocupación, subocupación,
mortalidad infantil e inversión en salud y educación. También
se reclamó los estatutos del Fondo Monetario Internacional y el
contenido de los convenios de estabilización y ajuste estructural
celebrado con ese organismo en los últimos diez años.
Si bien en principio los imputados son Pedro Pou y los directivos de bancos
y calificadoras de riesgo que se beneficiaron con la especulación
del megacanje, no se descarta que otras personas sean señaladas
como responsables de estos delitos a lo largo de la investigación.
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