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El Parque de la Memoria, un lugar frente al río

En el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, los organismos de derechos humanos y el gobierno porteño inauguraron en la Costanera Norte la plaza en la que se recordará el horror del terrorismo de Estado. Las fotos de 1600 víctimas fueron el telón de fondo del acto.

Por V.G.

Las 1600 caras miraban desde la bandera colgada sobre la cerca que da al río. A medida que iban llegando, los asistentes al acto examinaban las fotos, buscaban una imagen familiar: una hija, un padre, una hermana, un amigo. Ocurrió ayer al mediodía, en el Día Internacional del DetenidoDesaparecido, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y organismos de derechos humanos inauguraron la Plaza de Acceso al Parque de la Memoria, en la que se instaló la escultura Victoria, del artista norteamericano William Tucker.
El Parque de la Memoria es una extensión de 14 hectáreas en la Costanera Norte, al lado de Ciudad Universitaria. Allí se levantará un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, que fue diseñado como una herida abierta en una colina de césped que contendrá los nombres de todos los desaparecidos que se puedan reunir. El lugar contará también con una obra de homenaje a los muertos en el atentado a la AMIA y otra dedicada a los Justos entre las Naciones. En el parque se emplazarán, además, 17 esculturas conmemorativas seleccionadas entre 665 obras presentadas en un concurso internacional.
Mabel Gutiérrez, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra fueron los oradores del acto. Gutiérrez explicó que la obra de Tucker “fue vertida en un molde excavado en la tierra y luego desenterrada y colocada verticalmente en lo que su autor define como ‘entierro de la identidad de las víctimas por parte del Estado’ y ‘regreso a la luz de la conciencia pública’”. “Esta Victoria simboliza en primer lugar la victoria de la memoria sobre el olvido y el silencio. Esta Victoria –que su autor define como “estructura quebrada y ambigua que en su ser incompleto y en la fuerza y resistencia de su forma sugiere la restitución de la Justicia”– es la que debemos alcanzar en nuestra lucha contra la impunidad instalada mediante las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los decretos de indultos” afirmó Gutiérrez.
Desde un pequeño palco a metros del río, Ibarra resaltó que la iniciativa del Parque, aprobada en 1997, “fue de todas las fuerzas políticas” y que “se miró con la amplitud que requería”. “Todos necesitábamos de este ejemplo”, dijo, y propuso “seguir caminando junto a ellos”, en alusión a los treinta mil desaparecidos. El jefe de Gobierno narró que el viernes pasado conmemoró sus 25 años de egresado del secundario y que, aunque los festejó con alegría, hubo un momento especial para recordar a sus compañeros del Nacional Buenos Aires que fueron secuestrados durante la última dictadura militar. “Esta no es cualquier inauguración; cuando ingresé al lugar, sentí bronca, indignación, y al mismo tiempo emoción”, expresó.
Asistieron al acto legisladores y autoridades del gobierno de la Ciudad, como la Directora de Derechos Humanos, Gabriela Alegre; el secretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el jefe de Gabinete, Raúl Fernández, y los diputados Alicia Pierini y Marta Oyanharte, que forman parte de la Comisión Pro Monumento. También participaron la subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación, Diana Conti y el secretario de Política Criminal, Mariano Ciafardini, además de representantes de los organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Buena Memoria, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
La plaza de acceso al parque que fue inaugurada ayer estará abierta al público de 10 a 18 y en ella se construirá un puesto de información que permitirá la consulta de la lista de los desaparecidos y asesinados y la recepción de nuevos datos. La directora de Derechos Humanos de la Ciudad estimó que el parque estará terminado en dos años y aseguró que próximamente se colocará el “Monumento al Escape”, de Dennis Oppenheim.

 

Obscenidad de mercado

El Parque de la Memoria se convertirá poco a poco en una zona que frecuentarán familiares de las víctimas, jóvenes en edad escolar y probablemente turistas con cierta sensibilidad por la historia reciente de Argentina. Las diecisiete esculturas y las 14 hectáreas de verde mejorarán también esa zona de la Costanera que se encontraba abandonada. Quizá previendo esa situación, y teniendo en cuenta que el merchandising del horror da para todo, el restaurante que se ubica justo en frente del lugar –previsor– ya tiene preparados sus folletos. Un detallado mapa del parque ubica al potencial cliente. La primera leyenda parece anticipar un fin didáctico del recurso: “Hace 25 años que los recordamos. Hoy nuestro recuerdo se construye”. Pero, como el fin está lejos de ser histórico, a renglón seguido aparece descarnado y naufraga en el horror: “Memorice esto: justo enfrente, carrito 57 ‘Los Platitos’, un clásico de prestigio”. Los asistentes al acto, en el que se inauguró la primera escultura del parque, no salían de su asombro ante el desparpajo publicitario del restaurante. Por obra del mercado, el propietario del carrito intenta transformar a los miles de desaparecidos en un imán para la venta.

 

DENUNCIA CONTRA LOS BANQUEROS POR LAS VICTIMAS SOCIALES
El genocidio socioeconómico

Por Victoria Ginzberg

Esther Lezcano y Celestina Rodríguez son amas de casa. Facunda Gorosita es jubilada y Juan Carlos García es un desocupado con problemas motores. Todos viven en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Ayer, tres abogados denunciaron el incumplimiento de los derechos económicos y sociales de estas cuatro personas y acusaron al ex presidente del Banco Central, Pedro Pou y a los directivos de los bancos “que participaron en la especulación subsiguiente al megacanje” de subversión económica, tratos inhumanos y degradantes y genocidio.
“Todos nuestros representados padecen las crecientes condiciones de existencia marginal, consistentes según cada caso en graves situaciones de inseguridad, insalubridad, jubilación de hambre y grave desatención a la salud; a lo que se suman las enfermedades subsiguientes a frecuentes inundaciones y las resultantes de polución ambiental ocasionada por basurales vecinos y desechos industriales vertidos en el Riachuelo”, expresaron en la denuncia los abogados Alberto Pedroncini, Ernesto Moreau y Beinusz Szmukler, en representación del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el pastor José De Luca, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y Arturo Blatezky. El fundamento teórico del escrito es que las personas “excluidas del sistema productivo y afectados por la reducción a la pobreza” son víctimas de genocidio, ya que sufren “condiciones que ponen en riesgo la existencia de su grupo nacional”.
Para ejemplificar los crímenes denunciados se recurrió al Informe de las Naciones Unidas sobre Desarrollo de 1992, que asegura que sólo en ese año las medidas adoptadas desde los países centrales privaron al Sur de 500 mil millones de dólares, comportamiento que fue calificado como “virtualmente criminal”. También se citó a la Organización Mundial de la Salud, que condenó como “genocidio silencioso” la muerte de once millones de niños por año “porque los países ricos les niegan centavos de ayuda”. La presentación quedó a cargo del juez Juan José Galeano y ahora los querellantes –a los que podrían sumarse otras organizaciones de derechos humanos o gremiales– esperan que el magistrado haga lugar a algunas de las medidas que pidieron. Entre ellas, están la citaciones a una serie de economistas y representantes de la iglesia y un pedido para que el ministerio de Economía informe cuál fue la evolución de la deuda pública desde marzo de 1976 hasta la fecha y de la tasa de desocupación, subocupación, mortalidad infantil e inversión en salud y educación. También se reclamó los estatutos del Fondo Monetario Internacional y el contenido de los convenios de estabilización y ajuste estructural celebrado con ese organismo en los últimos diez años.
Si bien en principio los imputados son Pedro Pou y los directivos de bancos y calificadoras de riesgo “que se beneficiaron con la especulación del megacanje”, no se descarta que otras personas sean señaladas como responsables de estos delitos a lo largo de la investigación.

 

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