Por Raúl
Dellatorre
El dardo que Domingo Cavallo
les lanzó a los gobiernos provinciales el domingo último,
anunciando que no se iba a respetar el compromiso de distribución
de 1364 millones de pesos mensuales de la recaudación de impuestos,
obligó ayer a sucesivos encuentros entre mandatarios, legisladores
y ministros, en un mar embravecido que amenazaba con hacer naufragar el
endeble acuerdo entre Nación y provincias en torno al Déficit
Cero. No fue un dato poco significativo que ni Cavallo ni ningún
otro miembro de su equipo participara en estos encuentros, pero mucho
más trascendente es que el gobierno nacional descalificó
la postura de su ministro de Economía. Tanto el jefe de Gabinete
en el Senado, como el presidente de la Nación frente a gobernadores
aliancistas, aseguraron que la suma fija de coparticipación federal
acordada en noviembre pasado será respetada.
Los gobernadores justicialistas se reunieron ayer en el Consejo Nacional
del partido para darle forma a un documento con su propuesta económica
(ver aparte) y definir las líneas a seguir en caso de que el gobierno
nacional afectara los fondos de la coparticipación correspondientes
a las provincias. Usar el camino de la Corte Suprema si hace falta,
fue el resumen de la dura postura acordada, que no se quedó sólo
en el enunciado. Algunos miembros del bloque de mandatarios había
tomado contacto, previamente, con dos jueces del máximo tribunal
de Justicia para sondearlos acerca de la viabilidad del planteo: si podían
recurrir directamente a esa instancia ante un conflicto entre el Estado
Nacional y las provincias. La respuesta fue positiva.
El otro punto acordado fue reclamar, por vía del Congreso, que
el impuesto a la transacciones financieras sea coparticipable. Según
señalo en el encuentro uno de los mandatarios, el gobernador radical
de Entre Ríos, Sergio Montiel, había anticipado su acuerdo
con dicho criterio. Inmediatamente, el Consejo Nacional instruyó
al jefe del bloque de senadores justicialistas, José Luis Gioja,
que transformara la propuesta en anteproyecto.
En tanto, los gobernadores aliancistas mantenían una reunión
paralela con el ministro del Interior, Ramón Mestre, y el secretario
general de la Presidencia, Nicolás Gallo. La inquietud y la postura
de los gobernadores oficialistas era en rigor, a esa altura, similar a
la de sus pares justicialistas, salvo en lo referente a recurrir a la
Corte. No hay gobernador que resigne lo que tenemos acordado y ratificado
por Ley nacional, sintetizó la postura el gobernador del
Chaco, Angel Rozas. Muy probablemente, la dureza del planteo apuró
la convocatoria del presidente de la Nación, que obligó
al traslado de los gobernadores a la Casa de Gobierno para informarles
que no tocaría la coparticipación. Casi al mismo tiempo,
el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, asumía igual compromiso
frente a un grupo de senadores en el Congreso.
Con una demora de cuatro días, el gobierno desandó la escalada
de confrontación provocada por las declaraciones de Cavallo y abrió
el camino para una negociación en torno a una nueva ley de Coparticipación
Federal y, probablemente, buscar pautas comunes para intentar alcanzar
el Déficit Cero sin un ajuste salvaje. No fue la única señal
orientada a sacar a Cavallo del campo de juego. Frente a De la Rúa,
el rionegrino Pablo Verani y el sanjuanino Alfredo Avelín reclamaron
participación de las provincias en las negociaciones con los organismos
internacionales en torno a la deuda. Y al tiempo que todos ratificaron
su apoyo al objetivo del Déficit Cero, comprometieron al gobierno
nacional a que no tomará ninguna decisión unilateral que
afecte los fondos de las provincias. En otros términos, lo que
se espera es que no siga desinflándose la recaudación, y
esa es una responsabilidad que, desde la semana próxima cuando
Armando Caro Figueroa asuma en la AFIP, estará totalmente
en manos del cavallismo. Si algo falla, todos saben a quién le
echarán la culpa.
EL
PJ PROPONE QUE RETOMEN LA FACULTAD DE RECAUDAR
Las provincias quieren cobrar
Los gobernadores justicialistas
le propusieron al Consejo Nacional de su partido que les dio el
apoyo un documento que plantea que las provincias retomen la facultad
delegada en la Nación en cuanto a la recaudación de impuestos.
El planteo incluye la descentralización de los impuestos a los
bienes personales, a las ganancias y al valor agregado, sustituyendo el
impuesto a los ingresos brutos por un IVA provincial.
Otras propuestas en materia económica del PJ, que serán
la base común de los candidatos justicialistas en la próxima
campaña legislativa, son las siguientes:
Política Tributaria:
Establece la intención de reducir el impuesto al valor agregado
del 30 por ciento, la eliminación de impuestos distorsivos,
una ampliación de la base y mayor progresividad en Ganancias para
las personas, a partir de mecanismos que eviten la evasión.
Industrialización: Plan
Corrector de Desequilibrios Regionales, basado en disciplina fiscal
y desarrollo regional y la idea de gravar fuertemente la entrada
a la Argentina de productos provenientes de países que no respeten
los requisitos mínimos en materia de Derechos Laborales.
Exportaciones: Unificar la
promoción del comercio, las inversiones, la tecnología y
el turismo en un solo ministerio; apoyo financiero a las exportaciones;
inteligencia comercial; alcanzar un Pacto Fiscal Exportador y mejorar
la capacidad de negociación de la Argentina.
PyMEs: Simplificar los trámites
requeridos para facilitar su creación y profundizar una reforma
en las normas tributarias y previsionales vigentes.
Servicios públicos:
Desindexar la tarifa dolarizada de los servicios públicos,
así como crear una tarifa social para promover
la accesibilidad a todos los servicios públicos de los sectores
más humildes.
Obra pública: Crear
más de 1.500.000 empleos genuinos a través de
la construcción de 10.000 kilómetros de nuevos caminos
pavimentados y de 100 mil viviendas en todo el país.
Deuda Externa: Reprogramar
la deuda en plazos y tasas, con el apoyo de organismos internacionales,
y hacer lo propio con la deuda pública de los estados provinciales.
Política exterior: Fortalecer
y profundizar el Mercosur, concretar nuevas alianzas políticas
y económicas de cara a la constitución del ALCA y
convertir a la Argentina en un país confiable para
Europa y Estados Unidos.
Reforma del Estado: Para el
documento la verdadera reforma no comenzó, y se considera
de una crueldad inaudita el recorte de salarios impulsado
por el gobierno nacional. Por ello, se promoverá capacitar
a los empleados públicos, descentralizar funciones
y modificar el sistema de representación política.
Social: Seguro de Desempleo
Universal; eliminar el Ministerio de Desarrollo Social y reemplazarlo
por el Consejo Federal de Programas Sociales; asignar un seguro de niñez
y un seguro de ancianidad.
UNANIME
REACCION DE LAS PROVINCIAS
Un cuadro insostenible
Ante la intención de
Domingo Cavallo de avanzar sobre los fondos de las provincias, senadores
y gobernadores del justicialismo hacen fila para quejarse. Jorge Yoma
advirtió ayer que sería insostenible que se
reduzcan las transferencias a las provincias. Y el gobernador salteño,
Juan Carlos Romero, dijo que los distritos del interior prepararán
su propio proyecto de coparticipación, para recuperar fondos que
en la actualidad no se distribuyen. En defensa del Gobierno, el gobernador
de San Juan, Alfredo Avelín, aseguró que Fernando de la
Rúa le prometió que no se tocarán los recursos provinciales.
El senador Yoma fue uno de los más enérgicos en cuestionar
un eventual recorte sobre las partidas de coparticipación. Pero
también se quejó porque varios gobernadores apoyaron la
ley de Déficit Cero. Es contradictoria la postura de algunos
gobernadores afirmó, porque respaldaron una ley que
implica baja de salarios, y ahora levantan la bandera de los recursos
provinciales. El senador alertó que la ley de Déficit
Cero en alguna medida está dando pie para que Cavallo trate de
avanzar sobre los fondos de las provincias. Pero dijo que no
se pueden violentar los pactos firmados.
En tanto, Romero sostuvo que es necesario discutir un sistema de coparticipación
más justo, mediante el cual las provincias recuperen
facultades delegadas. Finalmente, Avelin dijo que el
Presidente aseguró que la coparticipación no será
tocada. Igualmente, dijo que en mi provincia no habrá
recortes a los trabajadores ni a jubilados: el ajuste lo deben hacer los
de arriba, los que tienen jubilaciones de privilegio y los grandes evasores,
concluyó.
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