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EL GOBIERNO PROMETIO NO TOCAR LA COPARTICIPACION
Cavallo, con pólvora mojada

De la Rúa y Colombo desautorizaron a Cavallo, que había adelantado que el piso de distribución de impuestos no se iba a respetar. La reacción unánime de los gobernadores forzó una definición.

Interventor Aguad (Corrientes) y gobernadores Montiel (Entre Ríos),
Verani (Río Negro) y Rozas (Chaco).

Por Raúl Dellatorre

El dardo que Domingo Cavallo les lanzó a los gobiernos provinciales el domingo último, anunciando que no se iba a respetar el compromiso de distribución de 1364 millones de pesos mensuales de la recaudación de impuestos, obligó ayer a sucesivos encuentros entre mandatarios, legisladores y ministros, en un mar embravecido que amenazaba con hacer naufragar el endeble acuerdo entre Nación y provincias en torno al Déficit Cero. No fue un dato poco significativo que ni Cavallo ni ningún otro miembro de su equipo participara en estos encuentros, pero mucho más trascendente es que el gobierno nacional descalificó la postura de su ministro de Economía. Tanto el jefe de Gabinete en el Senado, como el presidente de la Nación frente a gobernadores aliancistas, aseguraron que la suma fija de coparticipación federal acordada en noviembre pasado será respetada.
Los gobernadores justicialistas se reunieron ayer en el Consejo Nacional del partido para darle forma a un documento con su propuesta económica (ver aparte) y definir las líneas a seguir en caso de que el gobierno nacional afectara los fondos de la coparticipación correspondientes a las provincias. “Usar el camino de la Corte Suprema si hace falta”, fue el resumen de la dura postura acordada, que no se quedó sólo en el enunciado. Algunos miembros del bloque de mandatarios había tomado contacto, previamente, con dos jueces del máximo tribunal de Justicia para sondearlos acerca de la viabilidad del planteo: si podían recurrir directamente a esa instancia ante un conflicto entre el Estado Nacional y las provincias. La respuesta fue positiva.
El otro punto acordado fue reclamar, por vía del Congreso, que el impuesto a la transacciones financieras sea coparticipable. Según señalo en el encuentro uno de los mandatarios, el gobernador radical de Entre Ríos, Sergio Montiel, había anticipado su acuerdo con dicho criterio. Inmediatamente, el Consejo Nacional “instruyó” al jefe del bloque de senadores justicialistas, José Luis Gioja, que transformara la propuesta en anteproyecto.
En tanto, los gobernadores aliancistas mantenían una reunión paralela con el ministro del Interior, Ramón Mestre, y el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo. La inquietud y la postura de los gobernadores oficialistas era en rigor, a esa altura, similar a la de sus pares justicialistas, salvo en lo referente a recurrir a la Corte. “No hay gobernador que resigne lo que tenemos acordado y ratificado por Ley nacional”, sintetizó la postura el gobernador del Chaco, Angel Rozas. Muy probablemente, la dureza del planteo apuró la convocatoria del presidente de la Nación, que obligó al traslado de los gobernadores a la Casa de Gobierno para informarles que no tocaría la coparticipación. Casi al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, asumía igual compromiso frente a un grupo de senadores en el Congreso.
Con una demora de cuatro días, el gobierno desandó la escalada de confrontación provocada por las declaraciones de Cavallo y abrió el camino para una negociación en torno a una nueva ley de Coparticipación Federal y, probablemente, buscar pautas comunes para intentar alcanzar el Déficit Cero sin un ajuste salvaje. No fue la única señal orientada a sacar a Cavallo del campo de juego. Frente a De la Rúa, el rionegrino Pablo Verani y el sanjuanino Alfredo Avelín reclamaron participación de las provincias en las negociaciones con los organismos internacionales en torno a la deuda. Y al tiempo que todos ratificaron su apoyo al objetivo del Déficit Cero, comprometieron al gobierno nacional a que no tomará ninguna decisión unilateral que afecte los fondos de las provincias. En otros términos, lo que se espera es que no siga desinflándose la recaudación, y esa es una responsabilidad que, desde la semana próxima –cuando Armando Caro Figueroa asuma en la AFIP–, estará totalmente en manos del cavallismo. Si algo falla, todos saben a quién le echarán la culpa.

 


 

EL PJ PROPONE QUE RETOMEN LA FACULTAD DE RECAUDAR
Las provincias quieren cobrar

Los gobernadores justicialistas le propusieron al Consejo Nacional de su partido –que les dio el apoyo– un documento que plantea que las provincias retomen la facultad delegada en la Nación en cuanto a la recaudación de impuestos. El planteo incluye la descentralización de los impuestos a los bienes personales, a las ganancias y al valor agregado, sustituyendo el impuesto a los ingresos brutos por un IVA provincial.
Otras propuestas en materia económica del PJ, que serán la base común de los candidatos justicialistas en la próxima campaña legislativa, son las siguientes:
Política Tributaria: Establece la intención de reducir el impuesto al valor agregado del 30 por ciento, “la eliminación de impuestos distorsivos, una ampliación de la base y mayor progresividad en Ganancias para las personas”, a partir de “mecanismos que eviten la evasión”.
Industrialización: Plan Corrector de Desequilibrios Regionales, basado en “disciplina fiscal y desarrollo regional” y la idea de “gravar fuertemente la entrada a la Argentina de productos provenientes de países que no respeten los requisitos mínimos en materia de Derechos Laborales”.
Exportaciones: Unificar la promoción del comercio, las inversiones, la tecnología y el turismo en un solo ministerio; apoyo financiero a las exportaciones; inteligencia comercial; alcanzar un Pacto Fiscal Exportador y mejorar la capacidad de negociación de la Argentina.
PyMEs: Simplificar los trámites requeridos para facilitar su creación y profundizar una “reforma en las normas tributarias y previsionales vigentes”.
Servicios públicos: “Desindexar la tarifa dolarizada de los servicios públicos”, así como crear una “tarifa social” para “promover la accesibilidad a todos los servicios públicos de los sectores más humildes”.
Obra pública: Crear “más de 1.500.000 empleos genuinos” a través de la “construcción de 10.000 kilómetros de nuevos caminos pavimentados” y de “100 mil viviendas en todo el país”.
Deuda Externa: “Reprogramar la deuda en plazos y tasas, con el apoyo de organismos internacionales”, y hacer lo propio con la deuda pública de los estados provinciales.
Política exterior: “Fortalecer y profundizar el Mercosur”, “concretar nuevas alianzas políticas y económicas” de cara a la constitución del ALCA y convertir a la Argentina “en un país confiable” para Europa y Estados Unidos.
Reforma del Estado: Para el documento “la verdadera reforma no comenzó”, y se considera de “una crueldad inaudita” el recorte de salarios impulsado por el gobierno nacional. Por ello, se promoverá “capacitar” a los empleados públicos, “descentralizar” funciones y modificar “el sistema de representación política”.
Social: Seguro de Desempleo Universal; eliminar el Ministerio de Desarrollo Social y reemplazarlo por el Consejo Federal de Programas Sociales; asignar un seguro de niñez y un seguro de ancianidad.

 


 

UNANIME REACCION DE LAS PROVINCIAS
Un cuadro “insostenible”

Ante la intención de Domingo Cavallo de avanzar sobre los fondos de las provincias, senadores y gobernadores del justicialismo hacen fila para quejarse. Jorge Yoma advirtió ayer que “sería insostenible” que se reduzcan las transferencias a las provincias. Y el gobernador salteño, Juan Carlos Romero, dijo que los distritos del interior prepararán su propio proyecto de coparticipación, para recuperar fondos que en la actualidad no se distribuyen. En defensa del Gobierno, el gobernador de San Juan, Alfredo Avelín, aseguró que Fernando de la Rúa le prometió que no se tocarán los recursos provinciales.
El senador Yoma fue uno de los más enérgicos en cuestionar un eventual recorte sobre las partidas de coparticipación. Pero también se quejó porque varios gobernadores apoyaron la ley de Déficit Cero. “Es contradictoria la postura de algunos gobernadores –afirmó–, porque respaldaron una ley que implica baja de salarios, y ahora levantan la bandera de los recursos provinciales”. El senador alertó que “la ley de Déficit Cero en alguna medida está dando pie para que Cavallo trate de avanzar sobre los fondos de las provincias”. Pero dijo que “no se pueden violentar los pactos firmados”.
En tanto, Romero sostuvo que es necesario discutir un sistema de coparticipación “más justo”, mediante el cual las provincias recuperen “facultades delegadas”. Finalmente, Avelin dijo que “el Presidente aseguró que la coparticipación no será tocada”. Igualmente, dijo que “en mi provincia no habrá recortes a los trabajadores ni a jubilados: el ajuste lo deben hacer los de arriba, los que tienen jubilaciones de privilegio y los grandes evasores”, concluyó.

 

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